Editorial
El debate de la castración
¿habría que cortar la mano al que roba? ¿Se debería castrar al pederasta, o al implicado en un caso de violencia machista? La iniciativa anunciada por Sarkozy de aplicar la castración química a aquellos delincuentes implicados en un caso de pederastia ha abierto la espita del debate. En Francia han sido numerosas las voces que han criticado la iniciativa, acusando a Sarkozy de actuar movido más por el populismo demagógico que por los principios democráticos de un Estado de Derecho. Pero, a su vez, no han sido pocos los colectivos implicados en la defensa de los menores y los que luchan contra la violencia de género los que han visto la propuesta con cierta legitimidad. En el Estado español, esa medida es inconstitucional y, por tanto, no aplicable. También quienes conocen el tema han expresado abiertamente sus dudas sobre la utilización de este método terapéutico: médicos y psicólogos cuestionan su eficacia para contener al agresor y evitar nuevos crímenes. Sin embargo, algunos colectivos, caracterizados por una intachable y perseverante defensa de la aplicación de la Justicia en casos de violencia contra las mujeres y los menores, defienden que la aplicación de los preceptos con los que ya cuenta el Código Penal, en concreto el artículo 79, sería suficiente para reprimir las ansias de causar daño de este tipo de delincuentes. En muchas ocasiones, sobre los acusados por este tipo de delitos, además de la pena por abusar de un menor, recaen otras accesorias cuyo cumplimiento alargaría su tiempo de internamiento. Igualmente, se demanda la aplicación de otro tipo de medidas encaminadas a mantener controlados a esta clase de individuos, propensos a la reincidencia delictiva. De hecho, uno de cada cinco violadores reincide cuando abandona la prisión. Así, estas medidas contemplarían un mayor control por parte de los jueces, con la obligación periódica de presentarse en un juzgado, o la colocación de pulseras electrónicas para controlar sus movimientos. Pero si no se dota a las medidas de un presupuesto que las desarrolle de forma efectiva, no se consigue nada, como en el triste fracaso de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces en casos de violencia de género. El equilibrio entre la integridad y los derechos del delincuente y la protección eficaz de menores y mujeres no debe ser imposible y de nuestros gobernantes depende que la aplicación de la ley sea capaz de aislar a las víctimas de sus acosadores.
