Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 11 de agosto de 2007

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Colaboración

por César Pérez Toledo

N los últimos tiempos, el binomio causa más efecto parece tener cierto éxito en los países del Sur de Europa. Y es que, por fin, aunque a cuentagotas, las políticas que promueven la inmediatez de la sanción, más propias del Norte, también están llegando a las sociedades que, alegando la defensa de la garantía de los derechos y libertades ciudadanas, no consiguen más que el efecto contrario.

Me explico. La demora de la sanción, cuando alguien incumple una norma penal, favorece, al menos, que durante cierto tiempo el transgresor se vea impune y, a la vez, la víctima lo perciba. Frecuentemente, cuando se celebra el juicio correspondiente, a la víctima ya no le interesa que se celebre, porque lo tiene olvidado y no quiere revivir el asunto o porque ya le da igual todo. De la misma manera, cuando incumple una norma administrativa, se le da tiempo a que en el transcurso del procedimiento, conozca a alguien que pueda meter la mano y, por arte de magia, desaparezca la sanción. El enjuiciamiento rápido y la inmediatez y efectividad en el cobro de sanciones de tráfico en los países anglosajones tiene tanto arraigo e historia, que estoy convencido de que ha conseguido modificar, incluso, la actitud y el carácter de sus habitantes, cuando del respeto a la norma y a quien la vigila se refiere. Así las cosas, cuando nosotros propugnamos prevalencia y prioridad para la educación en el respeto y blindaje de la garantía de los derechos del transgresor, estamos siendo poco valientes a la hora de establecer políticas eficaces, seguramente por rédito político electoralista. No digo que no haya que garantizar derechos ni educar en el respeto, al contrario, lo que sí quiero afirmar es que estas dos razones no deben ser pivotes principales en el sistema que ponga orden en problemáticas tan importantes como la seguridad ciudadana y la seguridad vial.

Respecto a la seguridad ciudadana, poco se comenta sobre ello, los profesionales que trabajamos en intentar que la haya, estamos percibiendo la eficacia del sistema de los llamados juicios rápidos Ley 38/2002, que está consiguiendo evitar dilaciones innecesarias en las sustanciación de los procesos penales, aprovechadas, en ocasiones, por los malhechores, para sustraerse a la acción de la Justicia y generando entre la ciudadanía, una preocupante sensación de impunidad e indefensión. También en los propios agentes policiales, pues ven cómo el que la hace la paga y no dentro de un año sino mañana.

Así también, con referencia a la seguridad vial, por una parte, la implantación del denominado carné por puntos Ley 17/2005, está generando reflexiones autocríticas entre los usuarios de la vía y eso es positivo porque pueden influir en el comienzo de cambios de actitudes al volante, aunque hay que darle un poco más de tiempo para pulirla y, sobre todo, simplificar el procedimiento para que sea más ágil e inmediato, lo que conlleva efectos. Por otra parte, nos acompañan también los radares de control de velocidad, cada vez más numerosos, ya que gracias a las nuevas tecnologías digitales facilitan su progresiva implantación y procesamiento y transmisión de datos e imágenes.

Francia, por ejemplo, ha reducido de manera muy significativa la siniestralidad vial por medio del control y vigilancia de sus carreteras, con radares a tutiplén y con un procedimiento sancionador ágil. Es un nuevo enfoque social el que recibe la seguridad vial en Francia. Hace ya tres años que la lucha contra la mortalidad en carretera fue elevada a la categoría de compromiso presidencial y que comparte la atención de otros dramas como el cáncer o la discapacidad.

Ahora, Portugal ha elegido la alternativa del aumento de las cuantías de las sanciones y el cobro inmediato de las multas de tráfico, Pago Automático de Sanciones o Telecolecta , por medio de herramientas digitales, para lo que ha modificado la ley de tal manera que, en caso de impago, los agentes encargados de la vigilancia del tráfico puedan retirar in situ el permiso de conducir al infractor. Este país vecino está trabajando en esta problemática con tolerancia cero , consiguiendo rebajar la siniestralidad de una forma espectacular en los últimos años, aunque también hay que tener en cuenta que tenía un gran margen.

Por todo ello, soy optimista respecto a la disminución del impacto que tiene en nuestras vidas la inseguridad en general, esto es, no sólo la ciudadana o la vial, sino también la medioambiental, la sanitaria y cualquier otra, si la educación cívica (tan criticada por la Iglesia como necesaria) la compaginamos con el control, la vigilancia y la sanción inmediata, eso sí, respetando y garantizando los derechos de toda la ciudadanía, no sólo los del infractor.

* Presidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi