Diario de Noticias de Gipuzkoa

Jueves, 12 de julio de 2007

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Editorial

Primera tarea para la nueva legislatura

la gravedad de los delitos imputados a José María Bravo en el caso de las irregularidades de la delegación de Hacienda de Irun llevó ayer a la jueza Almudena Ovejero a solicitar de nuevo el ingreso en prisión del que fuera director de aquella oficina tributaria. Bravo ingresó nuevamente en la cárcel de Martutene y con ello se abre un nuevo capítulo de este caso que ha tenido un gran eco en la opinión pública y que ha terminado siendo uno de los factores que ha condicionado sustancialmente la reciente campaña electoral y el resultado de las urnas. De hecho, el nuevo equipo de la Diputación que tomará posesión esta misma mañana tiene ante sí el reto de coadyuvar en la buena marcha de la investigación, vigilar que hechos así no vuelvan a producirse y recuperar la pérdida de confianza que ha podido generar en la ciudadanía guipuzcoana un hecho tan grave. Esta tarea va a ser desempeñada a partir de ahora, y por primera vez desde hace cuatro legislaturas, por un diputado de Eusko Alkartasuna, Pello González, aunque el reto lo va a tener que asumir la Diputación al completo (la "tolerancia cero" que ha enarbolado el nuevo diputado general, Markel Olano) y las instituciones forales en su conjunto potenciando sus mecanismos de control. Así, las nuevas Juntas Generales retoman el trabajo de la anterior legislatura en el mismo punto en el que quedó, con el compromiso de poner en marcha una comisión de investigación por el que este medio de comunicación ya abogó cuando empezó a conocerse el alcance de este caso. Esta comisión deberá llegar al fondo de los mecanismos que han existido dentro de la propia Diputación para no haber evitado que las irregularidades se extendieran a lo largo de nueve años causando un agujero que por ahora se estima que puede rondar los 5 millones de euros. Deberá también descubrir por qué una investigación interna dio carpetazo a este asunto y por qué no se tomaron medidas drásticas para erradicar el fraude. Una persona con voluntad de robar, o dos y hasta tres, en una tarea como la de gestionar los impuestos de los contribuyentes no debería empañar la labor que realizan cientos de profesionales en estas mismas funciones pero es misión de los responsables políticos controlar para que nadie más juegue con lo que es de todos.