Diario de Noticias de Gipuzkoa

Jueves, 12 de julio de 2007

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Tribuna Abierta

Un ministro para la Justicia

por ENDIKA ZAPIRAIN

desde el primer gobierno de la democracia formal en España, los ministros de Justicia no se han distinguido, precisamente, por su empeño en la Justicia. Es decir, defender firmemente el imperio de los derechos humanos y no, simplemente, el imperio de la ley, se ajuste esta o no a derecho, cuando no a la manipulación directa y descarada de la ley para ajustarla a las conveniencias políticas de cada momento. A veces las expectativas que se intuían en torno a una persona por su trayectoria se han desvanecido.

Un caso llamativo fue aquel juez que asumió nada menos que los ministerios de Justicia e Interior, a la vez, en una contradicción sin precedentes. ¿Cómo es posible que una misma persona asuma reprimir, castigar, prohibir, encarcelar, perseguir… -Interior- y velar para que se cumplan y se respeten estrictamente los derechos -Justicia-?

Por otra parte, la experiencia demuestra que un juez o fiscal metido a político no resulta positivo. Y tiene su lógica porque existe la "deformación profesional". El juez/fiscal tiende a cumplir la ley estrictamente sin reparar en si es justa y acorde con los derechos humanos y valores democráticos. Lo dicen en cuanto tienen ocasión: "Nosotros estamos obligados a cumplir la ley; son los políticos los que tienen que cambiar las leyes". En 1981 el ministro de Justicia denunció públicamente las torturas infringidas a detenidos, revelándose enérgicamente contra estas prácticas. -J. I. Arregui Izaguirre, presunto etarra, después de permanecer nueve días en dependencias de la Dirección General de Seguridad en Madrid fue trasladado a la prisión-hospital de Carabanchel. "Arregui llegó a Carabanchel destrozado", declaró un alto cargo del Ministerio de Justicia. Finalmente murió.

Desgraciadamente otros ministros no siguieron esta pauta ni tomaron medidas para evitar malos tratos y torturas en dependencias policiales que se mantienen todavía, según testimonios creíbles y organizaciones solventes.

El actual ministro de Justicia creó algunas expectativas positivas por las declaraciones que hizo al principio de su mandato en el Congreso. Pero nuevamente las tímidas esperanzas comenzaron a desvanecerse en el tratamiento de las listas electorales promovidas por ANV y la presentación de un nuevo partido político impulsado por personas afectas a Batasuna. Y para rematar el despropósito, el ministro "va a seguir muy de cerca, con gran atención y vigilante"… para captar cualquier "desviación" que se pueda producir en la actividad de ANV e iniciar su ilegalización. Nadie debe tener, a priori, una vigilancia especial porque se produciría una discriminación intolerable y se correspondería más con un sistema policial que de libertades.

El ministro de Justicia debería dedicarse, prioritariamente, a garantizar que las instituciones del Estado funcionen acorde con los derechos humanos en todas las áreas. Esta tarea se antoja inmensa, particularmente en España después de tres años de guerra, 40 de dictadura con miles de muertos, torturados, encarcelados y exiliados. Con una ciudadanía carente de derechos básicos y falta de ejercicio y práctica democrática durante demasiado tiempo. Por eso, el ministro de Justicia debería ser para la Justicia. Esto es, en lugar de impulsar el cumplimiento de la ley, aunque sea injusta, promover e impulsar leyes y normativas justas, ajustadas a derechos humanos y valores democráticos. El ministro para la Justicia tiene, desde esta orientación de su función, una tarea enorme:

a) Revisar aquellas leyes que están condicionando la convivencia y concurrencia política para modificarlas o derogarlas. (Por ejemplo, la Ley de Partidos).

b) Normativas sobre cárceles y encarcelados. Condiciones de los presos. Habitabilidad. Dependencia…

c) Establecer los procedimientos para erradicar los malos tratos y torturas a los detenidos.

d) Plantearse seriamente los derechos de los pueblos. Por ejemplo, el pueblo vasco.

e) La violencia de respuesta y la violencia común. Plantearse seriamente y en profundidad las causas para discernir la naturaleza de cada una de ellas e impulsar su superación/atenuación.

f) Jueces y fiscales. Debería cuidarse de forma exquisita la normativa que regula sus actuaciones. No puede admitirse que un juez o tribunal actúe según sus preferencias políticas, identitarias u otras. No debe ser posible que una sola persona pueda anular un derecho básico: el cierre de un periódico, la ilegalizar de un acto público, manifestación, conferencia, reunión, etc. Encarcelar a personas por motivos políticos... Muchas irregularidades que deben corregirse evitando males que después son insupe-rables, aunque existan recursos a otras instancias.

g) Inmigración, pobreza, marginación…

En definitiva, el ministro de Justicia debería ser el notario para dar fe que se están cumpliendo todo el tiempo los derechos civiles, sociales y políticos. Dedicarse prioritariamente a ajustar las leyes y norma-tivas a derechos humanos y valores democráticos en un proceso que debe impulsar el desarrollo democrático de la sociedad, pero que debe comenzar, necesariamente, por las instituciones del Estado.