Diario de Noticias de Gipuzkoa

Bravo se niega a declarar y vuelve a prisión "por la gravedad de los delitos imputados"

la magistrada considera que los actuales indicios de delito son "más contundentes"

La defensa del ex jefe de la oficina de Irun argumentó que no había tenido tiempo para analizar los nuevos expedientes

Donostia. El ex responsable de la oficina tributaria de Irun ingresó ayer de nuevo en la cárcel de Martutene después de haberse negado a declarar ante la jueza, que posteriormente dictó orden de prisión provisional incondicional a petición de la Fiscalía al entender que la gravedad de los delitos imputados así lo requería. De hecho, la magistrada titular del juzgado de instrucción número dos de Irun, Almudena Ovejero, consideró en el auto de prisión dictado ayer que los indicios de delito son ahora más graves que cuando decretó el encarcelamiento de Bravo bajo fianza de 400.000 euros el pasado 18 de mayo.

La magistrada recordó ayer que los últimos expedientes investigados y añadidos a las diligencias previas señalan que el principal imputado en el caso de las presuntas malversaciones en la sucursal de la Hacienda Foral en la ciudad fronteriza se habría apropiado de otros 700.000 euros que se sumarían al millón de euros de los expedientes anteriores. "Los indicios actuales son incluso más graves y contundentes que los que se valoraron en el auto anterior y con ello se agrava notablemente la importancia del delito", justificó Ovejero en su escrito en el que ordenaba el reingreso de Bravo en prisión.

La magistrada atendió así a la petición del fiscal Javier Larraya quien, después de que Bravo se acogiera a su derecho a no testificar, reclamó su ingreso en prisión provisional sin fianza por el "evidente" riesgo de fuga existente, por la "alarma social" que ha generado las supuestas apropiaciones cometidas por un funcionario de Hacienda, por la probabilidad de que el acusado trate de ocultar o hacer desaparecer pruebas, y por el citado agravamiento de los indicios en su contra.

Ovejero rechazó la argumentación de la defensa de Bravo, que se mostró en contra de la orden de prisión porque, recordó, "la prisión preventiva no puede suponer un cumplimiento anticipado de la hipotética pena", que el imputado no ha mostrado en ningún momento intención de fugarse y que el argumento de la "alarma social" ha sido rechazado repetidas veces por el Tribunal Constitucional. En definitiva, el letrado de Bravo afirmó que "no existen motivos legales ni constitucionales que justifiquen la privación de libertad sin juicio".

paso firme José María Bravo llegó pasadas las 10.30 horas al Palacio de Justicia de Irun, acompañado de su abogado, Jesús Urraza. Vestido de sport, con una camisa de rayas verticales y una cazadora color crema, el ex responsable de la oficina irundarra no hizo ninguna declaración a los numerosos medios de comunicación congregados. Con paso firme entró en los juzgados, con un móvil en la mano, sin saber que tres horas después tendría que desprenderse del teléfono a la hora de entrar en la prisión de Martutene.

Poco después comenzó la comparecencia del principal imputado en las dependencias del juzgado de instrucción número dos de Irun. En ella estuvieron presentes Almudena Ovejero, Bravo y su abogado, el fiscal Larraya, los letrados de los otros tres imputados -la esposa de Bravo, Rosa Cobos; el socio del primero, Pedro María Atristain; y la funcionaria Pilar Gracenea- y las representaciones legales de las acusaciones que ejercen la Diputación Foral de Gipuzkoa, las Juntas Generales del territorio y el sindicato LAB.

Aunque alguna de las partes personadas mantenía la esperanza de que Bravo asumiera y centrara en su persona ciertas imputaciones, el ex responsable de la oficina de Hacienda de Irun prefirió no declarar porque, según su letrado, no había tenido "tiempo material" para estudiar las actuaciones, ya que recibió las diligencias de investigación correspondientes a los últimos diez expedientes hace pocos días.

esposa y dos hijos Durante su comparecencia, Bravo sí que habló para alegar que tiene una esposa, dos hijos en edad escolar y un trabajo al que acude de forma regular desde que se inició el procedimiento y que es "la base para el bienestar económico y afectivo" de su familia que, "sin duda, tiene más valor y me produce más arraigo que cualquier posibilidad de desaparecer". De esta manera negó su intención de fugarse, un argumento que fue finalmente desoído por la jueza.

En su auto de prisión, la magistrada hizo especial hincapié en los últimos expedientes aportados a la causa por la Ertzaintza a instancias de la Fiscalía, entre los que destacó el caso de un contribuyente que en mayo de 2004 -cuando Bravo ya no trabajaba en la oficina de Irun- pagó supuestamente unos 220.000 euros al imputado en el despacho de Urdanibia, su asesoría. De hecho, el auto judicial aclara que Bravo le hizo entrega a C.O. de "un justificante de pago" con "el encabezamiento y el logotipo de esta asesoría".

Tras dictar la jueza el auto, hacia las 13.30 horas Bravo ingresó en la prisión de Martutene, donde ya estuvo 26 días entre los pasados 18 de mayo y 12 de junio. Dos patrullas de la Ertzaintza lo condujeron a las dependencias penitenciarias después de abandonar el Palacio de Justicia de Irun por la puerta trasera para evitar a los cerca de treinta periodistas presentes.

Ninguno de los abogados que representan a las partes personadas quiso hacer declaraciones a los medios, que previamente habían sido desalojados del interior del Palacio de Justicia por una orden de la jueza que en ningún momento fue mostrada a los periodistas.

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