
Varios soldados portan los féretros de sus compañeros muertos, antes del inicio del funeral celebrado en el cuartel de Paracuellos del Jarama.Fotos: EFE
madrid. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó ayer abrir de oficio una investigación sobre el atentado con coche bomba que el pasado domingo causó la muerte a seis miembros del contingente español de la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL), en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano.
Para ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, de guardia esta semana, ha prohibido la incineración de los cadáveres de los seis militares, incluidos los tres de nacionalidad colombiana, por si fuera necesario practicarles en el futuro una segunda autopsia para esclarecer algún aspecto de la investigación. La decisión del magistrado permite que los cuerpos de los soldados colombianos sean repatriados, como estaba previsto, aunque tampoco podrán ser incinerados.
La apertura de esta investigación se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala que la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como terrorismo.
precedente en irak La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) solicitará personarse como acusación popular en el proceso abierto por Grande-Marlaska. Ésta es la segunda ocasión en que la Audiencia Nacional investiga un atentado contra españoles en el extranjero. En diciembre de 2003, el juez Fernando Andreu solicitó las autopsias realizadas a los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asesinados el 29 de noviembre de ese año en la localidad iraquí de Latifiya.
El magistrado decretó en febrero de 2004 el archivo provisional de las diligencias porque la muerte de los agentes se produjo "como consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas, cuya identidad por el momento se desconoce, y que está siendo investigado por las autoridades de las fuerzas de la coalición desplegadas en la zona".
Por otra parte, el Ministerio de Defensa justificó ayer la ausencia de sistemas inhibidores en los vehículos blindados del contingente español en Líbano, al mismo tiempo que recalcó que la orden de instalación de estos equipos en los BMR data de una semana después del inicio de la misión española y que el Ejército terminará de recibirlos "esta misma semana" y serán instalados "de manera inmediata".
El eepartamento que dirige José Antonio Alonso afirmó en un comunicado que tanto los servicios de inteligencia militar españoles como los de Naciones Unidas determinaron que el riesgo de un atentado perpetrado con un artefacto explosivo improvisado "no era significativo" y que en caso de darse estaría basado en "ataques suicidas más que en activación a distancia". El Ministerio refuerza su justificación subrayando que "ninguno de los contingentes de la FINUL (Francia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portugal y Bélgica, Ghana, India, Indonesia y Nepal) ha dotado de inhibidores a sus fuerzas".
activación a distancia Defensa argumenta que la instalación de inhibidores "con prioridad" para Afganistán "viene dada por el riesgo sobre el contingente allí desplegado" y recordó que el pasado año los artefactos activados a distancia suponen el 60% de los 700 que explotaron y, además, se desactivaron "otros 300 preparados para explosionar". "En Líbano, por el contrario, no se había empleado nunca este tipo de artefactos contra la FINUL ni contra el Ejército de Israel durante el conflicto del pasado verano", subrayó.
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