Editorial
Del 'boom' al 'crack' inmobiliario
el relator especial de la ONU para la Vivienda, el indio
Miloon Kothari,
ha alzado la voz sobre las consecuencias de la grave crisis inmobiliaria que se prevé en el Estado español. Tras analizar los casos de nueve ciudades, entre ellas, dos vascas -Donostia y Bilbao- sus conclusiones tienen mucho que ver con lo que se observa si se analiza con cierto sentido crítico la realidad que nos rodea: el acceso a una vivienda representa, más que un derecho, un enorme esfuerzo económico que hipoteca el 40% de un salario medio, lo que condiciona sustancialmente las posibilidades de disfrute de otra serie de derechos básicos como los de la educación o la alimentación. Kothari pone así negro sobre blanco, una advertencia que representa una vivencia cotidiana para miles de familias que ven condicionado su proyecto de vida en función de este factor. El informe plantea incluso otras variables que pocas veces suscita debate público, como el hecho de que aún está por ver el crecimiento que van a experimentar los impagos de las hipotecas ante la imparable subida de los créditos; o la relación directa de este tema con el del maltrato, ya que, la dificultad de acceder a una vivienda propia imposibilita a las mujeres maltratadas salir de su entorno habitual. En las conclusiones del informe se apuesta decididamente por la intervención pública para no dejar en manos del mercado la salida a este problema cuya complejidad requiere de soluciones diversas y complementarias. Algunas de ellas, incluso, suponen un respaldo a los planteamientos que está defendiendo el Departamento de
Javier Madrazo (ocupación de viviendas) y a las recomendaciones del Ararteko (impulso del alquiler) a pesar de que entre ambas instituciones surgieran fricciones recientemente.Y ya que no hay dos sin tres, en torno a los desfases que está generando el mercado inmobiliario, Greenpeace advirtió ayer de la sobresaturación que está experimentando la costa vasca y la existencia de 17 puntos negros en el litoral donde según los datos de la ONG, se plantea construir 171.900 nuevas viviendas. El contrastado movimiento poblacional del interior del territorio guipuzcoano a la costa presenta así uno de sus aspectos más peligrosos, cuyos efectos habrá que controlar para que no se generen desequilibrios medioambientales ni poblacionales.