Diario de Noticias de Gipuzkoa

Vivienda tiene abiertas 1.972 diligencias a dueños de VPO por sospechas de fraude

vitoria. El Departamento de Vivienda mantiene abiertas un total de 1.972 diligencias contra personas que ocupan pisos de VPO y que están incurriendo en algún tipo de fraude o irregularidad. En estos cerca de dos mil casos se está estudiando cómo poder imponer una sanción a través de consultas al registro de VPO, al catastro, así como con solicitudes de información sobre sus consumos de agua, luz o teléfono.

Las campañas de inspección llevadas a cabo han revisado hasta ahora más de 17.000 pisos, aunque el objetivo final es revisar los 50.000 que componen el parque de viviendas protegidas existente en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Los inspectores de Ikertalde han constatado irregularidades y sospechas de fraude en aproximadamente nueve de cada cien visitas. "Estamos hablando de indicios. Algunos no llegan a una irregularidad real y, en otros casos, aunque hay indicios, no se pueden demostrar. Además, hay que ir a un procedimiento sancionador que requiere pruebas... Es un procedimiento largo y garantista que provoca, por ejemplo, que ninguna de las sanciones impuestas haya sido recurrida y ganada", matiza Javier Burón, director de Planificación del Departamento vasco de Vivienda.

Las irregularidades sancionadas más frecuentes consisten en la no ocupación de la vivienda. "Eso es más frecuente en las pequeñas poblaciones, donde se ha producido un pequeño repunte de este tipo de fraudes porque, en ocasiones, son utilizadas como segunda vivienda", explica Vicente Cortés, jefe del servicio de inspección.

También explica que se detectan alquileres no autorizados y lo que se denomina cesiones en precario: "En definitiva, alquileres encubiertos, que se dan cuando, por ejemplo, se alquila a un familiar la VPO pero se argumenta que se la está dejando gratis, aunque generalmente está recibiendo un alquiler a un precio módico". Aparecen, asimismo, herencias que, a veces, no son sancionables. Y, por último, otro de los caballos de batalla del Departamento es la compraventa irregular.

Mención especial merecen los arrendamientos que deben estar autorizados por el delegado territorial. De hecho, los alquileres sólo se autorizan por motivos laborales, de salud o familiares, o de seguridad, y siempre tienen carácter transitorio.

multas Aunque los montantes económicos de la sanción pueden llegar a alcanzar los 6.000 euros, la pena media es de 3.000, con el agravante de que es reiterable ya que, además, cuando se reincide, cuantía aumenta. Además de la sanción en dinero, la multa implica siempre lo que técnicamente se llama una "obligación de hacer". Es decir, si existe un alquiler irregular hay que volver atrás; si se mantiene un piso vacío, se debe ocupar, o si se ha realizado una venta ilegal, hay que deshacerla.

"Se puede dar el caso de una vivienda vacía por la que se impone una sanción de 4.000 euros. Si a los 30 días sigue sin ocupar, se sanciona con otros 4.000 euros y, a ese ritmo, no tardamos en embargar la vivienda. Así que alguien que sabe que al final le vamos a quitar la vivienda, nos la ofrece", explica gráficamente Burón.

"Hay mucha gente de la que estamos sancionando que nos ofrece la vivienda porque sabe que no puede responder. Incluso hay quienes, cuando se inspecciona su barrio, si saben que no puede ocupar su vivienda la ponen a nuestra disposición antes incluso de la primera sanción", precisa el director de Planificación.

"En temas muy graves y absolutamente patológicos, además de sancionar se está expropiando", añade. Como consecuencia de estas investigaciones, se han expropiado dos viviendas, se han recuperado 45 y se han impuesto 138 sanciones.

inspección Para llevar a cabo una labor más pormenorizada en todo el parque de VPO, el Departamento de Vivienda creará en breve un servicio público de inspección: "Ahora estamos ultimando el proceso de explicación y de negociación, pero el servicio va a estar listo antes de marcharnos de vacaciones".

Los inspectores consideran que el trabajo de campo, aun siendo muy importante, no es la clave. "Lo fundamental es la interconexión con el registro y la consulta de fuentes secundarias, como los consumos de agua, luz, teléfono, el empadronamiento o el domicilio que ha dado a efectos fiscales", aclara Burón.

El responsable de Vivienda desmiente una leyenda urbana: "Son las personas que viven en VPO las que la pagan, porque los 110.000 euros que pagan son los que cuesta construirla. Hay un pequeño beneficio para el promotor en las de régimen general. En cualquier caso, los contribuyentes habremos pagado un 7% u 8%, por la maquinaria administrativa que regula todo el proceso. Pero la vivienda la paga el usuario".

Burón aclara que tampoco es posible atender las demandas que recientemente realizó el Ararteko o el Consejo Vasco de la Juventud y hacer que todo el parque público de VPO sea de alquiler, ya que para levantar las 30.000 viviendas protegidas de los últimos años en régimen de alquiler sería necesario el presupuesto de Sanidad o Educación: con un alquiler de 280 euros harían falta 45 años para financiar su coste de construcción.

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