Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sólo 1.200 de 10.000 discapacitados han pedido el amparo de la Ley de Dependencia

la diputación admite que acometer este proceso está costando "más de lo previsto"

El Gobierno Vasco asegura disponer del doble de plazas residenciales respecto a las que obliga la nueva normativa

Donostia. La Diputación Foral de Gipuzkoa acumula un total de 1.201 expedientes de personas discapacitadas que ya han solicitado una valoración de su minusvalía con arreglo a la Ley de Dependencia, un volumen de peticiones que no parece excesivo teniendo en cuenta que ha transcurrido el 40% del plazo previsto (un mes y 20 días de los cuatro hábiles) y que en el territorio se computan unas 10.000 personas discapacitadas atendidas "en recurso".

El director del Departamento para la Política Social foral, José Luis Madrazo, reconoce que acometer este proceso "está costando más de lo previsto" porque el instrumento de valoración empleado "no era conocido", y por ello asegura que el cuerpo de la ley y sus beneficios siguen siendo "desconocidos" por los ciudadanos, que continúan "desconcertados" ante la paulatina implantación normativa, prevista para el lejano 2015.

A pesar de este comienzo renqueante, la horquilla de valoraciones se ha ido estabilizando desde que la Ley de Dependencia entró en vigor a finales de abril, ya que si las primeras semanas el servicio foral recibió en torno a 15 peticiones semanales, actualmente el volumen de solicitudes se sitúa entre las 250 y 300.

un instrumento 'complejo' Los técnicos reconocen que poner en marcha el propio instrumento de valoración, diferente al que venían aplicando hasta ahora los servicios forales, ha costado un esfuerzo extra. Buena muestra de que se ha perdido un tiempo de oro fue el planteamiento inicial sobre el uso de esta herramienta de baremación, que se barajó aplicarla exclusivamente a las personas dependientes con algún problema de movilidad, si bien finalmente la apuesta fue ampliar la cobertura al conjunto de la discapacidad.

"Es un instrumento de valoración que tiene complejidades. Es cierto que hemos empezado a ritmo lento, pero en breve estaremos resolviendo en un mes las solicitudes desde que nos piden la valoración hasta que llega la resolución", adelanta Madrazo, quien agrega que ya están realizando también el baremo de las personas ingresadas en centros residenciales. El Departamento prevé que para septiembre esté en funcionamiento el cuerpo de la ley.

Los servicios forales disponen de cuatro meses como máximo para realizar el examen y establecer la puntuación de los afectados, pero nadie puede, por el momento, indicarles aún qué ayudas económicas o servicios recibirán, ni cómo pagarán una parte de esos servicios. "Es cierto, aspectos como el copago han sido pospuestos, de momento", admite Madrazo.

En cualquier caso, esas prestaciones sólo beneficiarán este año a los grandes dependientes, un colectivo formado por algo más de 10.000 personas en Euskadi.

el doble de plazas El Gobierno Vasco, por su parte, asegura que en la Comunidad Autónoma existen prácticamente el doble de plazas residenciales para grandes dependientes que las personas que prevé atender la Ley de Dependencia promovida por el Ejecutivo central. Según datos de 2006, en la CAV existían 19.700 plazas residenciales para personas mayores, el 80% de los grandes dependientes, y otras 2.151 para discapacitados, con lo que el número total "duplica" lo que prevé la ley.

Así lo expresaron ayer los viceconsejeros de Sanidad y Asuntos Sociales, Rafael Cerdán y Fernando Consuegra, respectivamente, quienes comparecieron en el Parlamento Vasco para informar sobre el proceso de homogeneización de la valoración de la dependencia y de la asistencia a los beneficiarios.

Ambos coincidieron en señalar que el sistema único establecido para el conjunto de la Comunidad Autónoma desde el año pasado, pese a que cada diputación tiene competencias en la materia, es mejor que el previsto en la ley estatal y que, por el momento, "conviven" ambos sistemas de baremación, ante la negativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a aceptar el autonómico.

Consuegra recordó que la Ley de Dependencia "obliga" en estos momentos a las administraciones a atender a los grandes dependientes e insistió en que "tenemos instrumentos y recursos suficientes" para atender a todas las personas que estén en situación de dependencia.

El viceconsejero de Asuntos Sociales reconoció que las perspectivas de regulación de estas ayudas y de cobertura de los servicios de dependencia han hecho que se produjera una "saturación" en determinados servicios para que se realice la correspondiente baremación, un proceso que culminará en el año 2015.

cohesión y equidad social Cerdán defendió el trabajo realizado en esta materia por los consejos vascos de Atención Socio-Sanitaria y de Bienestar Social para conseguir que finalmente todas las personas dependientes reciban una valoración de su situación y una posterior asistencia, con independencia del territorio en el que residan.

Cerdán sostuvo que el consenso logrado para que en los tres territorios haya un único sistema de valoración de la dependencia es un "importante elemento para la cohesión y la equidad social".

El viceconsejero de Sanidad recordó que este acuerdo fue anterior a la aprobación en las Cortes de la Ley de Dependencia que, a su juicio, supone un "obstáculo para el desarrollo" del modelo de valoración en el País Vasco que es, según aseveró, "más avanzado para lograr la equidad" que el planteado por el Estado.

Cerdán reconoció que existen "dificultades" serias para que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales "acepte el sistema de valoración" de la dependencia acordado para el conjunto de la Comunidad Autónoma.

En lo que respecta a la atención sanitaria, el viceconsejero de Sanidad recordó que existen unidades específicas de atención temporal, entre las que destacó la guipuzcoana, con 80 camas, que ha resultado positiva y que se va a ampliar este año a Bizkaia.

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