
Vista general de la fachada principal del estadio de Anoeta.Foto: ainara garcía
Donostia. El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó el pasado martes derogar una cláusula por la que el aplazamiento de la deuda contraída por la Real Sociedad con el ente foral quedaba suspendida tras el descenso del equipo txuri-urdin a Segunda División. Así, haber bajado a la categoría de plata no supondrá para la entidad blanquiazul tener que hacer frente a todos los pagos pendientes con la máxima institución del territorio, algo que habría supuesto un golpe importante para las maltrechas arcas de la entidad.
La deuda con la Hacienda foral cuando el Consejo de Astiazaran abandonó el club estaba entre siete y ocho millones de euros, una cantidad que podría haberse aumentada durante los mandatos de Fuentes y De la Peña en concepto del IVA de facturas de la entidad y del IRPF de los sueldos de los trabajadores (sobre todo, jugadores) del club. Poco antes de que la citada directiva abandonara el club el 30 de junio de 2005, los responsables económicos de la misma comenzaron a negociar con el ente foral el aplazamiento de la deuda en cuestión, algo que el Athletic de Bilbao ya había logrado en su territorio. La entidad rojiblanca consiguió que la Diputación vizcaína estableciera un periodo de pagos de 20 años de duración, por lo que la Real demandó a la guipuzcoana que le concediera un aplazamiento de idéntica duración.
Cuando Denon Erreala accedió al poder, las negociaciones entre Diputación y Real Sociedad aún no habían llegado a buen puerto, algo que terminó ocurriendo el 20 de diciembre de 2005 (acuerdo del Consejo de Diputados publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 14 de febrero de 2006). Los plazos establecidos para la satisfacción de la deuda fueron de 17 años, por lo que el compromiso con el ente foral concluirá en diciembre de 2022.
derogación El acuerdo en cuestión, aún vigente, incluía una cláusula que comprometía seriamente el futuro económico del club en caso de descenso. Ésta suspendía el aplazamiento de pagos si la Real perdía la categoría, un hecho que se consumó el pasado domingo en Mestalla. Sin embargo, el club txuri-urdin se ha apresurado a mover ficha. Pese a que el asunto no figuraba en el orden del día del Consejo de Diputados celebrado el pasado martes, el gerente txuri-urdin, Iñaki Otegi, planteó el mismo martes por la mañana al ente foral la derogación de la mencionada cláusula. La petición fue aceptada, y el Consejo de Diputados aprobó mantener los plazos de los pagos establecidos con el club en Primera División. En la rueda de prensa posterior a la sesión, el portavoz del ente foral, Koldo Azkoitia, no comunicó el acuerdo alcanzado, no siendo incluida la mencionada derogación en el habitual dossier informativo.
De este modo, la Real no se verá obligada a afrontar a corto plazo la deuda aún pendiente, un hecho que habría comprometido seriamente la estabilidad de sus ya maltrechas arcas. Tal y como publicó este periódico el pasado martes, el descenso implicará para la entidad txuri-urdin dejar de ingresar cerca de 16 millones de euros, un dato que se habría visto agravado en el caso de que la deuda con la Diputación no hubiera mantenido los plazos de los pagos previstos y de que los como mínimo siete millones de euros que se le adeudan al ente foral hubieran tenido que ser abonados de forma automática.
Apenas unas horas antes de que el Consejo de Diputados tomara una decisión tan relevante para la Real Sociedad, María de la Peña tampoco dijo nada al respecto en su comparecencia del lunes pasado.
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