Diario de Noticias de Gipuzkoa

El borrador de la ley amplía las prestaciones a las víctimas como "sujeto de derechos"

las asociaciones ven positivo el texto pero instan a solventar "la territorialidad"

El documento prevé medidas como la investigación de casos no esclarecidos o la reserva de plazas en las ofertas de empleo

vitoria. Con moderada satisfacción han recibido las organizaciones de víctimas el borrador del anteproyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, que ayer les fue presentado en un hotel de Vitoria. El texto, la primera norma de este tipo en Euskadi, detalla medidas de reconocimiento y asistencia a este colectivo, definido como "sujeto de derechos". Algunas ya en están en marcha -como el acompañamiento personal a juicios- y otras son novedosas, como la posibilidad de que la Administración reserve plazas en las ofertas públicas de empleo a afectados por el terrorismo o la investigación de "violaciones de derechos humanos no esclarecidas", incluso habilitando comisiones parlamentarias.

Los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, dirigida por Maixabel Lasa, mantuvieron ayer una jornada de trabajo con representantes de todas las asociaciones de víctimas del Estado salvo la AVT, que declinó la invitación. El borrador -al que podrán hacer aportaciones durante el próximo mes y que aún debe pasar los filtros del Consejo de Gobierno y el Parlamento- tiene una doble dimensión: la estrictamente material o asistencial y la de reparación moral a las víctimas, fundamentalmente de ETA, pero también de los GAL y grupos de extrema derecha.

A lo largo de 25 artículos, la norma prevé, por ejemplo, el impulso de medidas para la investigación de "violaciones de derechos humanos no esclarecidas" o la promoción de la identificación de víctimas cuya identidad o paradero no sea conocido. En el apartado de las ayudas materiales y asistenciales, el texto detalla subvenciones para la reparación de daños en vivienda, vehículo, establecimientos e implantación de sistemas de seguridad.

También establece medidas para la asistencia sanitaria y psicológica, así como ayudas para el ámbito de la enseñanza, la vivienda y el empleo. Así, articula la introducción en el sistema de vivienda protegida "de mecanismos que reflejen condiciones de prioridad o exención de requisitos previstos de carácter general" o la reserva de plazas en ofertas públicas de empleo.

positivo La mayoría de portavoces de las asociaciones de víctimas consideraron positiva -para algunos aún demasiado tímida- la iniciativa. Covite declinó pronunciarse. Una de las principales preocupaciones que trasladaron al equipo de Lasa fue la del ámbito de aplicación de la ley, circunscrito a Euskadi. Por ejemplo, Roberto Manrique, de la asociación catalana ACVOT, explicó que plantearán al Ejecutivo que habilite mecanismos para evitar que "una víctima de ETA tenga un derecho o no" dependiendo de donde viva.

Las vías para extender los supuestos previstos en este borrador a otras comunidades serían los acuerdos con otros gobiernos autonómicos o la modificación de la Ley estatal de Solidaridad, como también exigió el presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de España y representante de la asociación andaluza, Joaquín Vidal.

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