La Diputación dice que seguirá colaborando con la jueza en el caso de la Hacienda de Irun
asegura que continúa con su análisis de expedientes en busca de irregularidades
La magistrada no ha solicitado, de momento, información complementaria a los servicios de la institución foral
Sede de la Hacienda Foral en Donostia.Foto: ainara garcía
Donostia. La Diputación de Gipuzkoa aseguró ayer que su colaboración con la magistrada instructora del caso de las presuntas malversaciones en la oficina de la Hacienda Foral en Irun es "perenne" y reiteró que la disposición del erario público "es permanente a lo que la jueza estime oportuno solicitarle".
En el encuentro semanal con los medios para informar sobre los acuerdos del Consejo de Diputados, el portavoz foral, Koldo Azkoitia, señaló que en la investigación del caso "no existen nuevos hechos noticiables" ya que la jueza, Almudena Ovejero, no ha solicitado ninguna información complementaria a la Hacienda Foral.
De todos modos, el portavoz del Ejecutivo de la Diputación confirmó que los trabajos de investigación "no se detienen y, por tanto, se siguen analizando expedientes y en la medida en que la vista judicial siga su curso, se irán incorporando las novedades que pudieran detectarse".
Respecto a la salida este pasado martes de la cárcel del principal imputado en el caso, el ex responsable de la oficina irundarra, José María Bravo, tras abonar una fianza de 400.000 euros, Azkoitia no quiso aportar opinión alguna, a pesar de que la Diputación guipuzcoana se ha presentado como acusación particular en el procedimiento.
"Es un proceso en el que la jueza fijó la cantidad estipulada y si esta persona la ha pagado y ha salido bajo fianza, simplemente es un hecho más del proceso", aseguró Azkoitia, quien hizo hincapié en que el ente foral "lo único que va a hacer es colaborar con la jueza en todo aquello que estime oportuno a lo largo del proceso".
investigación Desde que el pasado mes de septiembre la Diputación decidiera poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos en la oficina tributaria de Irun, técnicos de la Hacienda Foral han estado trabajando junto al fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Jaime Goyena, en la investigación de expedientes anómalos con indicios de delitos.
Concretamente, estos expedientes se refieren a bajas de deudas de contribuyentes datadas como insolvencias o prescritas, cuando en realidad no lo eran. Según la acusación del Ministerio Público, Bravo canceló esas deudas cobrando el dinero personalmente, ya en metálico, ya a través de cheques o ingresos en cuentas bancarias, y manipuló los servicios informáticos de Hacienda para que las obligaciones fueran canceladas, de modo que los euros -más de un millón- no terminaron en las arcas forales.
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