Diario de Noticias de Gipuzkoa

Un espejismo de 439 días

No por esperada, la noticia del final del alto el fuego y la apertura de "todos los frentes" por parte de ETA ha dejado de helar los ánimos de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Un temor difuso, quién sabe si inminente, ha devuelto la desesperanza a una sociedad que casi se había acostumbrado a vivir como si ETA no existiera. En la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra, en el conjunto del Estado y en el ámbito internacional que ha seguido interesado la posibilidad de solución del último conflicto armado que persiste en Europa, se ha recibido el comunicado de ETA como una sensación colectiva de fracaso. No obstante, haciendo un recorrido por los acontecimientos que tuvieron lugar antes y durante esos 439 días se llega a la conclusión de que eso que se dio en llamar "el proceso" ha estado salpicado de tantas dificultades que lo hacían inviable. Y muy pronto pudo constatarse.

la trastienda

Preparando el terreno

El 14 de noviembre de 2004, abarrotado el velódromo de Anoeta, el portavoz Arnaldo Otegi hacía pública una propuesta si no novedosa, sí lo suficientemente sensata y oportuna como para ser tenida en consideración. Planteaba Otegi, en nombre de Batasuna y se supone que de toda la izquierda abertzale, una metodología a seguir para la resolución del conflicto. El planteamiento, que ya había sido ensayado sin éxito nada menos que en tiempos de Carlos Garaikoetxea, no era una improvisación sino que tenía un recorrido previo desde que el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero había autorizado conversaciones discretas, tomas de temperatura, entre dirigentes del PSE y de Batasuna. Esta decisión fue tomada por ZP después de haber recibido un mensaje de ETA en el que le emplazaba a abrir un proceso para la solución del conflicto.

En los meses de abril y mayo de 2005 esos contactos se producen con mayor fluidez y ambas partes se intercambian intenciones de futuro asumiendo el papel de binomio necesario para la gestión del proceso. Quizá el desconocimiento mutuo, o la interpretación de aquellas conversaciones, llevaría más adelante a los mutuos reproches sobre el incumplimiento de supuestos compromisos que, en realidad, ninguno de los dos interlocutores (PSE y Batasuna) podían asumir. ETA, por su parte, varía su estrategia armada perpetrando atentados con explosivos, en algún caso de fuerte repercusión mediática pero sin víctimas mortales.

No obstante, se había logrado un clima de confianza y complicidad como para seguir adelante. El Gobierno español, evitando riesgos de ocasiones anteriores en las que la indiscreción dio al traste con los intentos, y para no verse comprometido en el futuro, procuró buscarse intermediarios internacionales que evitasen el contacto directo en la preparación del proceso. De ellos, quizá por haberse publicado ya su intervención, el más conocido fue el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant en cuya sede de Ginebra pudieron haberse celebrado algunos encuentros. Hubo otros intermediarios y otros lugares, pero sería una imprudencia desvelarlos.

En estos encuentros previos se acuerda aceptar la metodología propuesta en Anoeta, las dos mesas de negociación. ETA se comprometía a una interrupción total de sus acciones armadas para que los trabajos en ambos escenarios pudieran discurrir sin alteraciones. A partir de ese punto, quedaba en manos de ETA decidir cuándo y en qué términos iba a anunciar su decisión. Por su parte, el Gobierno iría dando las instrucciones precisas para facilitar en la medida de lo posible ese punto de partida.

22 de marzo

Declaración de alto el fuego

No parece que fueran fáciles las decisiones logísticas, o quizá de debate interno, porque ETA aplazó el anuncio hasta el 22 de marzo de 2006, cuando a primeros de año ya se suponía que estaba todo atado. Durante esas semanas, el nerviosismo y la ansiedad se palpaba en el Gobierno y, sobre todo, en el PSE, porque no se esperaba tanta demora y pudiera haber sobrevenido alguna eventualidad negativa dentro de la misma organización armada.

Por fin se confirmó la noticia, acogida con entusiasmo por la mayoría de la población en todo el ámbito del Estado. La excepción fue el PP, que ante la posibilidad de que el Gobierno socialista resolviese el endémico conflicto vasco puso en marcha su estrategia demoledora para impedirlo.

ETA anunció un "alto el fuego permanente para impulsar un proceso que culmine con la superación del conflicto", lo que supuso una reactivación por parte de todos los agentes participantes en ese proceso de forma que el gesto de ETA fuera definitivo. El presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, blindó su parte pidiendo, y obteniendo, el apoyo de la mayoría de los partidos representados en el Congreso. El PSE y Batasuna intensifican sus contactos y se abre la vía de las dos mesas de negociación.

La intensidad y ferocidad de los ataques por parte del PP al presidente del Gobierno español por haber iniciado lo que la derecha calificaba de "proceso de rendición" obligó a Zapatero a hacer reiteradas declaraciones sobre la verificación del alto el fuego. El Gobierno insistía en la certeza de la decisión de ETA, a pesar de esporádicos episodios de kaleborroka y supuestas remesas de cartas solicitando el impuesto revolucionario denunciadas desde sectores empresariales próximos a la derecha Navarra. Circunstancias ambas que fueron aprovechadas al máximo por el PP para desgastar al Gobierno de Zapatero y volver en su contra a la opinión pública española. Nunca, en la historia reciente de este país, se había visto tal actitud de deslealtad por parte de la oposición, que dejó patente su radical oposición a un final dialogado de la violencia. Al menos mientas fuera el PSOE quien lo gestionase.

No obstante, pudo comprobarse que desde multitud de organismos e instituciones, especialmente en el País Vasco, llegaban adhesiones al proceso y propuestas de colaboración para sacar adelante la iniciativa.

Las dos mesas

El Estado contra el Gobierno

De acuerdo a la metodología adoptada, representantes del Gobierno español se reunían con ETA para trazar las líneas de actuación en relación a las medidas penitenciarias, a la desmilitarización del conflicto y a la atención a las víctimas. A ETA no pareció interesarle demasiado una intervención inmediata en relación a los presos, para evitar que esas medidas fueran interpretadas como punto final, cuando lo importante era el avance en los acuerdos políticos a adoptar en la otra mesa.

En referencia a la otra mesa, después de casi un año de reuniones bilaterales PSE-Batasuna, se quiebra la confianza entre los interlocutores y se reclama la intervención del PNV para amortiguar las distancias.

Lo que en realidad estaba sucediendo era que por más que el Gobierno español a iniciativa de su presidente procurara avanzar, otras instituciones del Estado parecían impedírselo. Fueron semanas de insistentes actuaciones judiciales contra la normal actividad política de la izquierda abertzale, que estaba pasando de reclamar el derecho de autodeterminación al simple derecho de manifestación. Prohibiciones, multas, detenciones, procesamientos, extrema dureza judicial, fue la tónica de los meses posteriores al alto el fuego. Parecía como que el Estado se plantara contra el Gobierno, el Poder Judicial contra el Ejecutivo.

Era lógico que la izquierda abertzale manifestase su indignación por esta desmesura, casi siempre basada en la Ley de Partidos. Una Ley a la que el partido del Gobierno no tuvo el coraje de enfrentarse, si no para abolirla, sí al menos para modificarla en sus apartados más contrarios a los derechos democráticos. El Gobierno de Zapatero no se atrevió a dar ese paso, tanto por su propia debilidad de Gobierno en minoría real como por el temor a enfrentarse con un acoso mediático como nunca se había conocido.

Es en este momento, 21 junio de 2006, cuando ETA hace público un comunicado en el que advierte del mal rumbo que estaban tomando los acontecimientos, y deja caer que no está dispuesta a consentir tanto obstáculo. Al mismo tiempo, aplaza la reunión prevista con el Gobierno para agosto y exige que avance la mesa política antes de que se celebre ese encuentro. Casualmente, el 6 de julio puede celebrarse la reunión pública entre PSE y Batasuna con gran escándalo del PP y sus medios afines.

Incorporado ya el PNV, la mesa tripartita avanza para lograr un acuerdo previo a la definitiva mesa de partidos. A estas alturas, verano de 2006, la kaleborroka está ya prácticamente activada y tanto sus efectos devastadores como las actuaciones judiciales dificultan los avances políticos en medio de mutuas descalificaciones entre la izquierda abertzale y el Gobierno español. No obstante, las posturas se aproximan en la mesa tripartita y causa extrañeza el comunicado de ETA de 17 de agosto en el que habla de "bloqueo y crisis". Mensaje, por cierto, que es insistentemente repetido por la izquierda abertzale.

La mesa tripartita intensifica sus trabajos en septiembre de 2006, y mientras Batasuna exige que se llegue al acuerdo para final de octubre se produce el alarde de metralletas en Aritxulegi, una serie de filtraciones a medios de comunicación, el robo de armas en Francia, la primera huelga de hambre de Iñaki de Juana, se prodigan las querellas judiciales, la moción aprobada por los pelos en el Parlamento Europeo y un recrudecimiento de la kaleborroka . Los tres partidos logran, por fin, un consenso el 31 de octubre que queda únicamente para ser chequeado por las bases respectivas.

Cuando todo estaba listo para la firma del documento consensuado, se produce el 8 de noviembre una nueva reunión en la que la representación de Batasuna eleva el listón de sus exigencias de forma absolutamente imprevista incluso para quienes las presentaron. No es cuestión aquí de detallar lo consensuado, ni tampoco la nueva e inesperada exigencia. Baste con decir que los dos interlocutores que la recibieron la consideraron inasumible tanto por lo improvisado de su presentación como por la total falta de realismo político de su contenido.

Considerada esa intempestiva exigencia añadida como "imposición", la mesa de contenido político quedó bloqueada a pesar de los insistentes tanteos de Batasuna por recuperar el diálogo incluso retocando su inoportuna propuesta.

Ante la imposibilidad de retomar en breve plazo esa mesa de acuerdos, los mensajes por parte de la izquierda abertzale se van endureciendo, como advirtiendo de la gravedad de la situación.

El proceso

Dinamitado y finiquitado

Bloqueada la mesa política, ETA hace en diciembre de 2006 una exposición de agravios al Gobierno y, a pesar de que se coincide en mantener abierto el canal de diálogo incluso con alguna iniciativa en materia penitenciaria, ETA lleva a cabo el atentado de la T-4 con el resultado de dos inmigrantes ecuatorianos muertos.

El Gobierno español, ante semejante barbaridad, anuncia públicamente el final del proceso de diálogo. Todos los partidos acusan a ETA de haberlo dinamitado, mientras la izquierda abertzale entra en un espacio de profunda dificultad para hacer creíbles sus permanentes llamadas al diálogo con el aval de ETA que mantenía su alto el fuego.

Era imposible mantener ese proceso con dos muertos, y aunque el Gobierno toma todas las precauciones necesarias para no romper definitivamente el hilo de contactos con ETA, la mesa de partidos queda absolutamente paralizada.

De ahí en adelante, y sin que se conozca si hubo o no contactos, compromisos, facilidades o dificultades, se ha producido un proceso electoral con los condicionamientos ya conocidos para que la izquierda abertzale estuviera o no representada y en qué medida. Se resolvió, mal o bien, el segundo y comprometido caso De Juana . Arnaldo Otegi se libró de ser encarcelado. La izquierda abertzale, de manera parcial, hay que reconocerlo, pudo estar presente bajo las siglas de ANV. Sobre el Gobierno de Zapatero han seguido cayendo todas las iras de la derecha extrema hasta que, por fin, y como era de esperar, ETA anunciaba ayer la vuelta a su actividad terrorista. Todos los frentes quedan abiertos y sólo hay que esperar cuándo, cómo y sobre quién va a caer el peso de la violencia.

Una vez más, ha quedado frustrada la esperanza. Nadie podrá negar que el Gobierno español, un Gobierno frágil y acosado desde muchos frentes, ha puesto de su parte lo que ha podido, y lo ha hecho gracias al empeño de su presidente Rodríguez Zapatero. Por su parte, la izquierda abertzale civil ha procurado introducir un esfuerzo de cintura pero no ha podido sustraerse a la autoridad competente, ETA, que una vez más ha pretendido imponer una solución a su medida y, al no lograrlo, vuelve a amenazar a todos.

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