
Donostia. EB/ Aralar centró su mensaje en el penúltimo día de campaña electoral en un asunto tan controvertido como el de la fiscalidad y criticó la reforma del IRPF, recién aprobada por la Diputación, y la frustrada reforma del Impuesto de Sociedades por ser "totalmente antisociales e injustas" y beneficiar "únicamente a las rentas más altas".
El cabeza de lista de la coalición en las Juntas Generales, Mikel Izagirre, apostó por "cambiar el actual modelo de fiscalidad e implantar una fiscalidad progresiva y progresista, justa y solidaria, en la que pague más él que más tiene y menos él que menos". Este sistema, aseguró, debe redundar en "más dinero para política social, transporte público, equipamientos sociales y culturales o guarderías".
En este punto, Izagirre aludió al caso de la Hacienda de Irun y afirmó que la coalición EB/Aralar "es la alternativa que reforzará la lucha contra el fraude fiscal para que el dinero de los contribuyentes no termine en bolsillos ajenos".
Asimismo, exigió "que se depuren todo tipo de responsabilidades" en este fraude y advirtió de que su grupo estará "vigilante para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos". "Más auditorias, más inspectores y más medios para ellos son algunas de las medidas que adoptará EB/Aralar con ese objetivo", afirmó.
En cuanto a la reforma del Impuesto de Sociedades, se comprometió a impedirla porque "si la aprueban, supondrá que las arcas forales dejarán de recaudar 80 millones de euros, que sumados a los 80 millones de euros que deja de recibir tras la reforma del IRPF, suponen 160 millones de euros menos para la Hacienda, que equivale al presupuesto del departamento de Política social".
servicios Por su parte, la candidata de EB/Aralar a la alcaldía de Donostia, Duñike Agirrezabalaga, y la segunda en la lista, Ainhoa Beola, criticaron al privatización de servicios públicos que ha llevado a cabo el Ayuntamiento donostiarra en los últimos años.
Ambas protagonizaron un acto electoral en el polideportivo de Zuhaizti, que describieron como "uno de los numerosos ejemplos de privatización de servicios públicos que ha venido haciendo el Ayuntamiento y otras instituciones". A su juicio, "estas privatizaciones son apoyadas por todos los partidos a excepción de EB y Aralar.
Según indicaron, la privatización de servicios "favorece el deterioro de las condiciones laborales, no garantiza la prestación de un mejor servicio, sino a menudo lo contrario, y no supone un ahorro en el gasto municipal.
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