Diario de Noticias de Gipuzkoa

Jueves, 24 de mayo de 2007

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Editorial

¿Quién vigila al vigilante?

suele ocurrir con frecuencia que cuando instituciones internacionales o no dependientes de gobiernos concretos elaboran informes sobre asignaturas pendientes relativas al respeto a los derechos humanos, las autoridades aludidas nieguen veracidad a esos informes, o los califiquen de sesgados, o directamente los rechacen. Amnistía Internacional (AI) lleva décadas denunciando agresiones a los derechos humanos en el Estado español, entre ellas la existencia de malos tratos o torturas en instalaciones policiales. Lo habitual en estos casos es negar los hechos delictivos, o reducirlos al nivel de consigna que cumplen quienes los denuncian, e incluso insinuar parcialidad o ignorancia a la propia AI. En su informe relativo a 2006, vuelve a insistir en que se practican "torturas y malos tratos" a los detenidos por parte de funcionarios policiales y reclaman la constitución de una Agencia Independiente de Investigación sobre esos hechos. Argumenta AI que las denuncias sobre malos tratos son investigadas por miembros pertenecientes a esas mismas fuerzas y cuerpos policiales, por lo que no pueden considerarse propensas a efectuar "investigaciones sistemáticas e independientes". El que el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán
, sitúe como ejemplo de investigación indebida y parcial la del caso Roquetas , llevada a cabo en el mismo cuartel y al mismo teniente implicado en la muerte del agricultor Martínez Galdeano en julio de 2005, aleja la argumentación de cualquier suspicacia vinculación con supuestos condicionantes terroristas y deja claro que el actual procedimiento para esclarecer esos hechos es deficiente, fomenta la impunidad y que quien debe vigilar al vigilante está aún por determinar. Esa Agencia Independiente reclamada por AI podría cumplir perfectamente esa función. Mientras tanto, merece una reflexión la persistencia con la que este país viene siendo citado para mal en los informes de AI. Denuncia que en el denominado "proceso de paz" volvieron a olvidarse los derechos humanos, reprocha el régimen de incomunicación a los detenidos y llama la atención sobre las órdenes de expulsión a inmigrantes indocumentados y la desmesurada proliferación de hechos de violencia de género. Un año más.