
Una reunión del Ejecutivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.Foto: iker azurmendi
Donostia. El diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, anunció ayer al consejo de diputados la destitución del miembro de su gabinete Rufino Eizaguirre Olcoz, socio del ex director de la oficina de Hacienda de Irun, José María Bravo, que aparece como propietario de las sociedades Rozas Cabera y Ekialde (y administrador en esta última), dos empresas supuestamente empleadas para blanquear el dinero sustraído en la sucursal irundarra.
En la reunión de ayer del consejo de diputados se encontraba el asunto de Eizaguirre incluido en el orden del día, si bien este organismo no tiene competencia para decidir el cese del jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales del diputado general, cargo de libre asignación que ostentaba el destituido. De esta manera, el equipo de Gobierno foral trató el tema sólo de manera informativa y en el encuentro de ayer Txabarri anunció a los diputados forales su decisión de destituir a Eizaguirre, que fue elegido en esas funciones el 11 de noviembre de 2004.
Eizagirre mantendrá su plaza de funcionario pero no seguirá desempeñando el cargo de jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales del diputado general. Entre las funciones de este puesto se encuentra la "dirección, impulso y supervisión relativos al estudio, elaboración y seguimiento de las disposiciones normativas competencia del área del diputado general".
También se encarga, entre otras competencias, de la "gestión, tramitación y control contable de la actividad económica del área del diputado general" y de la "elaboración del anteproyecto del presupuesto del área de diputado general", labor que ejerce en coordinación con los "diversos servicios y direcciones" del ente foral.
El jefe de la oficina técnica se responsabiliza asimismo de la elaboración de "disposiciones generales y de convenios y protocolos de coordinación con otras administraciones públicas o instituciones públicas o privadas" en asuntos de competencia del gabinete del diputado general, así como "el asesoramiento jurídico al jefe de gabinete y a los restantes órganos del área del diputado general".
investigación La semana pasada, la Diputación anunció que inspeccionará el patrimonio de todas las personas que figuran como "partícipes" de las propiedades y empresas que José María Bravo -que permanece en la prisión de Martutene desde el pasado viernes- utilizó presuntamente para blanquear los más de 1,5 millones de euros que sustrajo de la Hacienda Foral.
Entre estas personas se encuentran, además de Eizaguirre, el ex senador del PNV y ex director de la Hacienda foral cuando sucedieron los hechos, Víctor Bravo, hermano del principal imputado; y su esposa, María Aranzazu Arbelaiz, quien es directora de Servicios Generales del departamento de Industria del Gobierno Vasco.
Eizaguirre es la segunda persona obligada a asumir responsabilidades políticas por el caso del presunto fraude en la Hacienda de Irun, después de que el pasado día 14 Víctor Bravo renunciara a su escaño en el Senado.
El ex parlamentario señaló hace diez días que una de las razones que provocaron su decisión era "poder defender con mayor libertad mi honorabilidad a lo largo de mi trayectoria política como representante del PNV en las instituciones políticas". Víctor Bravo dijo asumir "la responsabilidad política que se corresponde" por su actuación al frente de la Hacienda de Gipuzkoa entre 1991 y 2003, período en el que se produjeron gran parte de las irregularidades descubiertas en la oficina de Irun. Antes de su decisión, Bravo se había reunido con el EBB del PNV, que le solicitó que hiciera efectivo su compromiso previo de asumir la responsabilidad política del casocon el fin de facilitar la investigación
"inaudito" Por otro lado, la candidata a diputada general de Gipuzkoa por el PP, Regina Otaola, se preguntó ayer "en qué quedan las palabras de Txabarri, después de un año diciéndonos que su Ejecutivo no tiene ninguna implicación en este caso", tras conocer la presunta implicación en el mismo de su jefe de gabinete.
La representante popular volvió a calificar de "inaudito" el hecho de que "durante nueve años se montara semejante operación con trece empresas implicadas en el blanqueo de dinero y que nadie, ningún superior de estos presuntos sinvergüenzas, hubiera tenido la más mínima sospecha".
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