
Joan Mesquida Ferrando.
MADRID. El primer expediente gubernativo a uno de los veinte guardias civiles separados temporalmente del servicio por haberse manifestado de uniforme propone, a su conclusión, que el agente sea sancionado con suspensión de empleo y sueldo durante un año, como culpable de una falta muy grave. El instructor dice en el expediente que la presencia de agentes de uniforme en la concentración convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) creó "alarma social".
El instructor, un capitán del Cuerpo Jurídico Militar, considera probado que el guardia civil Joaquín Cánovas, secretario general de AUGC en Madrid, participó "activamente" en la convocatoria del acto, al actuar como "punto de contacto" entre la dirección de la Asociación y sus miembros y por hacer declaraciones a los medios antes y después de la convocatoria. Además, ocupó un lugar "preeminente" en la tarima que presidió el acto y vistió con su uniforme reglamentario, "al parecer sin arma y sin sombrero".
La propuesta de sanción responde a una conducta gravemente contraria a la disciplina no constitutiva de delito. Según el instructor militar, un año de empleo y sueldo es una sanción media dentro de las previstas para las faltas muy graves, al haberse tenido en cuenta sus calificaciones anuales, hoja de servicios y la opinión de sus superiores que, "sin considerarle un guardia ejemplar, no consideran que tenga un mal comportamiento". Además el instructor dice que el guardia expedientado es "muy activista en su actividad, pero no es bajista y no crea problemas, ni discute las órdenes de mando", lo que los superiores lo tienen por "trabajador dentro de la media". Cualquier sanción superior a seis meses de suspensión implica además la pérdida de destino, con lo que los agentes y sus familias podrán ser enviados a otros lugares de España a prestar servicio una vez cumplida la sanción. Las faltas muy graves pueden ser sancionadas también con la expulsión del Cuerpo, posibilidad abierta para otros miembros de AUGC con mayor grado de responsabilidad en la Asociación.
Cánovas es uno de los 20 responsables de la AUGC a los que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil abrió expediente por falta muy grave como consecuencia de la concentración celebrada el 20 de enero en Madrid y a la que acudieron 3.000 agentes de uniforme.
Los generales en activo del Instituto Armado emitirán un informe no vinculante, sobre el que deberá pronunciarse finalmente el director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida. >e.p.
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