Diario de Noticias de Gipuzkoa

Bravo fue interrogado en 2006 por Mujika y dijo que "cualquiera pudo efectuar el robo"

el ex director de la oficina tributaria negó las irregularidades ante el diputado foral

José María Bravo aseguró haber actuado "de buena fe, confiando en las personas" que trabajaban con él

Donostia. El ex director de la oficina tributaria de Irun, José María Bravo, fue requerido en septiembre de 2006 por el diputado foral para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, para que diera cuenta de las irregularidades detectadas en varios expedientes tramitados en las dependencias irundarras. En dos reuniones mantenidas el 1 y el 4 de septiembre del pasado año, Bravo fue cuestionado por los supuestos robos producidos en la oficina, hechos de los que negó rotundamente ser responsable.

Según el acta del encuentro mantenido el 4 de septiembre en la sala de reuniones de la cuarta planta del edificio de Errotaburu, sede del departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, José María Bravo afirmó en esa reunión que "cualquiera pudo efectuar el robo dado que el número de la caja fuerte era el 619316, cifra que coincidía en su tiempo con el teléfono de la oficina" de Irun.

Bravo fue interrogado durante dos horas y media el primer día y cerca de dos horas el segundo, por el diputado foral y por el director general de Finanzas, Iñaki Rica, a raíz de la detección en 2005 por parte del Servicio de Intervención y Auditoría de la Hacienda de expedientes datados en 2003 en los que se habían observado "anomalías graves" en la tramitación de la baja por insolvencia y algunos en los que, además, no aparecía la documentación del expediente.

Esa auditoría es parte del comienzo del caso de la oficina de Irun, que está siendo investigado en estos momentos en los juzgados de instrucción de la ciudad fronteriza y que ha conllevado la imputación de Bravo. En su denuncia, la Fiscalía considera probado que el antiguo responsable de la sucursal tributaria se apropió de más de un millón de euros entregados por contribuyentes deudores, extendiendo a éstos documentos falsos en los que se certificaba el pago, aunque luego declaraba a esas personas insolventes o la deuda prescrita.

En el interrogatorio en Errotaburu, el ex director de la sucursal irundarra (fue su responsable hasta abril de 2004) justificó la desaparición de los expedientes aduciendo que "los que estaban finalizados se enviaban a la oficina de Donostia; si desaparecieron allí, eso supondría un indicio de la participación de más de una sola persona". Bravo terminaba afirmando que no tenía ninguna responsabilidad penal en los hechos, si bien entendía que "podría tener una responsabilidad administrativa por negligencia derivada del hecho de haber actuado de buena fe, confiando en las personas que trabajaban con él".

"alguna explicación" En la primera reunión celebrada el 1 de septiembre de 2006, el diputado foral para la Fiscalidad requirió a Bravo "alguna explicación" que aclarara lo ocurrido en la oficina de Irun. Su ex director reconoció que se firmaban documentos de embargo en metálico por parte de contribuyentes deudores y que las cantidades percibidas se ingresaban en la caja fuerte de la sucursal y ese día o al siguiente se ingresaban en la cuenta restringida de ingresos de recaudación en Kutxa.

Por ello, Bravo dijo no extrañarle que pudieran presentarse justificantes de pago en forma de documentos de embargo en metálico firmados por él u, ocasionalmente, por Pilar Gracenea (también imputada en el caso). De todos modos, el antiguo responsable de la oficina afirmaba desconocer cómo había podido desaparecer el dinero o determinados expedientes.

Bravo era consciente en esa primera reunión de que en la oficina de Irun se había cometido una malversación de fondos públicos y que los indicios apuntaban a él o a G.M, que era el funcionario encargado de la contabilidad y de llevar el dinero en metálico ingresado en Kutxa.

Mujika pidió entonces la presencia de G.M., quien afirmó que no había sustraído ninguna cantidad y que era inocente desde el punto de vista penal.

Justo después de estos interrogatorios, la Hacienda Foral decidió presentar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial la información referente a los expedientes irregulares en Irun, lo que puso en marcha el procedimiento judicial.

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