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Sábado, 31 de marzo de 2007

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El 'decretazo', la reforma laboral del PP de 2002, declarado inconstitucional

EL TRIBUNAL DICE QUE NO ESTÁ JUSTIFICADA LA URGENCIA QUE ALEGÓ EL gOBIERNO DE AZNAR PARA APROBAR LA NORMA

Manifestación celebrada en Madrid durante la jornada de huelga general contra el 'decretazo'.Foto: efe

madrid. El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, más conocido como el decretazo , por no estimar justificada la urgencia que alegó el Gobierno para aprobar esta norma rechazada por los sindicatos y que dio lugar a una huelga general.

El Tribunal estima así los recursos contra este decreto -aprobado durante el Gobierno del PP y con Juan Carlos Aparicio como ministro de Trabajo- que presentaron entonces la Junta de Andalucía y diputados de los grupos del PSOE, IU y Mixto en el Congreso. Es la primera vez que este tribunal anula un decreto ley por no estimar justificada la urgencia y extraordinaria necesidad de legislar en esta materia alegadas por un Gobierno.

El Gobierno de José María Aznar aprobó el decreto el 24 de mayo, justo un día después de que los sindicatos anunciaran la convocatoria de una huelga general para el 20 de junio ante el estancamiento de las negociaciones. Justificó su iniciativa por la "cambiante situación de la economía internacional" o "nuevas oportunidades más variadas que en épocas anteriores", motivos que cita el Tribunal en su sentencia, al señalar que ni en el preámbulo de la norma ni en el debate parlamentario posterior hubo "pistas" de que estas razones se produjesen. Además, considera que ninguna de los motivos aducidos, que califica como "marcadamente teóricos y abstractos" sean propios de una "situación de extraordinaria y urgente necesidad".

El Constitucional entiende que el mercado laboral exige una acción de "permanente adaptación", aunque aclara que esta necesidad "no es coyuntural, sino estructural", por lo que recuerda los "estrictos límites" que la Constitución marca al Gobierno en su ejercicio del poder legislativo. "Lo contrario", añade la sentencia, supondría "excluir prácticamente en bloque del procedimiento legislativo parlamentario el conjunto de la legislación laboral y de Seguridad Social, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo constitucional de distribución de poderes".

Además, el Tribunal recuerda el "valor trascendente del diálogo social en nuestro Estado social y democrático de Derecho", aunque considera que "no puede aceptarse" que la "necesaria participación" de los agentes sociales en una negociación como ésta pueda sustituir al proceso legislativo en sí.

El que fuera ministro de Trabajo cuando se aprobó el decretazo , Juan Carlos Aparicio, no se considera responsable de la forma legal que se escogió para llevar a cabo dicha reforma. Aparicio, actualmente alcalde de Burgos por el PP, dijo ayer que quería hacer la reforma laboral pero fueron los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo los que decidieron la forma legal de promulgarla.

CCOO y UGT mostraron su satisfacción porque los jueces les dan la razón y lo interpretaron como un aviso para los que no crean en la concertación. Además, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, adelantó que estudian reclamar ante el Estado algunos de los derechos laborales que "se redujeron" durante el tiempo que estuvo en vigor el decretazo: de mayo a diciembre de 2002. IU emplazó al Gobierno, a los agentes sociales y a los partidos a reunirse para "eliminar lo que queda vivo" del decretazo.>agencias

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reacciones: Gobierno. La vicepresidenta Fernández de la Vega destacó que el decreto ley, aprobado por el Gobierno del PP, era "extraordinariamente lesivo" para los derechos de los trabajadores. "Lo dijimos entonces y lo decimos ahora", añadió.
Partido Popular. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró que el 'decretazo' fue "el único desencuentro" de los gobiernos de Aznar con los agentes sociales en los ocho años de mandato.

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