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El juzgado ratifica la multa impuesta a La Bretxa por habilitar un piso en el edificio

la sanción municipal asciende a más de 31.700 euros

La concesionaria del complejo comercial aduce que las obras las ejecutó el arrendatario de un local

carolina alonso enviar a un amigo imprima este texto texto normal texto medio texto grande

Donostia. El juzgado contencioso administrativo número 2 de Donostia ha rechazado las pretensiones de la empresa Bretxa 2000, que recurrió contra la multa impuesta por el Ayuntamiento de Donostia por la creación de una vivienda en uno de los locales comerciales del complejo.

En enero de 2005, el Consistorio multó con 31.758 euros (más de 5 millones de pesetas) a la empresa concesionaria de La Bretxa tras conocer que en uno de los bajos comerciales situados en el último piso, bajo la cubierta, se había habilitado una vivienda.

Los agentes de la Unidad de Control de Ordenanzas Municipales de la policía local (UCOM) aportaron, incluso, fotografías en las que se mostraba una cama con sábanas. En otras se apreciaba una distribución en forma de estudio, además de una zona preparada para cocina-office. Ello, según señala el tribunal, "permite concluir que lo que efectivamente se estaba realizando era el acondicionamiento de un 'bajo cubierta' para vivienda".

Por este motivo, el Consistorio decidió multar a la empresa concesionaria del complejo comercial con arreglo a la ley. Por ello, le sancionó con el 7,5% del valor de la vivienda, de 88 metros cuadrados, que se calculó en 423.444 euros (unos 70 millones de pesetas).

El tribunal recuerda que las obras fueron realizadas sin licencia municipal y que no pueden ser legalizadas como piso ya que el local afectado forma parte de un complejo exclusivamente comercial.

La empresa Bretxa 2000 recurrió contra la multa municipal porque, según sus alegaciones, quien ejecutó materialmente las obras de conversión en vivienda fue el arrendatario del local y no la sociedad como tal. Asimismo, la sociedad adujo que no se había probado que las obras supusieran la habilitación de una vivienda.

Sin embargo, estos argumentos no han sido admitidos por el tribunal, aunque la empresa podrá presentar un recurso. Según el juzgado contencioso administrativo número 2, la responsabilidad de los trabajos ejecutados corresponde al concesionario, por lo que la multa debe recaer sobre Bretxa 2000. Asimismo, considera que ha quedado probado que su finalidad era crear una vivienda, aunque no se pidiera licencia ya que es ilegalizable.

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El Ayuntamiento valoró la vivienda ilegal, de 88 metros cuadrados, en 423.444 euros
La Guardia Municipal presentó como pruebas fotografías de una cama son sábanas y de una cocina
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