Diario de Noticias de Gipuzkoa

Las malversaciones se realizaron con impresos que Hacienda había retirado

la sucursal cobraba en metálico pese a que esta práctica desapareció con el euro

Contribuyentes deudores recibían un certificado que decía que habían pagado aunque luego eran declarados insolventes

Donostia. Las presuntas malversaciones detectadas en la oficina recaudatoria de Irun durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 se llevaron a cabo utilizando un tipo de impreso que la Hacienda guipuzcoana había retirado porque se refería al cobro en metálico y este tipo de operación dejó de realizarse con la entrada en circulación del euro, pasándose a hecerse por cuentas corrientes, según ha podido conocer este periódico.

Dicho de otra manera, la o las personas que en esa oficina recibieron dinero de contribuyentes que luego no fue ingresado en las arcas forales, siguieron usando un impreso oficial que el erario del territorio había suprimido, el denominado Justificante de embargo de metálico .

En ese papel, que fue entregado por el o los responsables de los hechos a contribuyentes que adeudaban a la Hacienda guipuzcoana, se hacía constar que el pago había sido realizado por el deudor y que la cantidad correspondiente sería "ingresada en la Tesorería Foral", lo que finalmente no se realizaba.

En el impreso -que no debería haber sido utilizado porque los pagos en metálico ya habían sido suprimidos- figuraba que el justificante se expedía por duplicado y que se hacía entrega de un ejemplar al deudor. El procedimiento utilizado por el o los infractores se basaba en usar ese impreso retirado para hacer creer a los deudores que su deuda estaba saldada, cuando en los archivos de Hacienda eran finalmente declarados insolventes o su deuda era cancelada por prescripción (cuando el erario no reclama de forma definitiva una deuda pasados cuatro años).

tres vías Cuando un contribuyente mantiene una deuda con Hacienda, el departamento de recaudación tiene tres vías para liquidarla. Por una parte, que se produzca el ingreso de las cantidades adeudadas. Por otra, que se le declare insolvente porque no demuestra que no dispone de bienes para afrontar la deuda. Por último, que prescriba la deuda tras cuatro años sin que haya sido reclamada. Los contribuyentes que abonaron las deudas se marchaban con el impreso que justificaba el pago pero en los registros de Hacienda no constaba el ingreso.

El impreso utilizado estaba firmado por el miembro de la oficina de Irun que se había encargado del cobro, de modo que si alguno de los deudores conserva el escrito, la Fiscalía podría tener constancia del supuesto culpable de la malversación, durante las diligencias previas que está practicando en la actualidad y que se encuentran bajo secreto de sumario.

Según informó el martes ante las Juntas Generales de Gipuzkoa el diputado foral para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, la Hacienda foral ha remitido al fiscal 228 expedientes, de los que el 10% corresponderían a hechos ilícitos. Mujika también anunció que las cantidades malversadas ascienden al menos a un millón de euros.

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