Diario de Noticias de Gipuzkoa

El traslado del gasomotor sigue pese a la petición del ararteko

El Defensor del Pueblo solicitó la suspensión de las obras de desmontaje

donostia. El Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno Vasco no atenderán la petición del Ararteko de paralizar las obras de desmontaje y traslado del edificio protegido de la fábrica de gas, situado en el barrio de Morlans. Ambas instituciones se han reunido con el Defensor del Pueblo y están elaborando actualmente sendos informes que justifican que las obras que se están desarrollando en esta parcela se ajustan a derecho, según informó ayer el concejal de Urbanismo, Jorge Letamendía.

El edil explicó que el Ararteko, Iñigo Larmarca, ha reclamado la paralización de las obras de derribo y traslado del edificio protegido de la antigua fábrica de gas tras estimar una queja de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP). El escrito, remitido por el Ararteko a las administraciones autonómica y local a finales de diciembre, considera que el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco no ha garantizado el cumplimiento del régimen de protección establecido para el gasomotor y el edificio que lo contiene. Por ello, solicita que se suspendan cautelarmente las obras de desmontaje y traslado, hasta analizar si esta actuación excede las limitaciones del régimen de protección de este inmueble de la antigua fábrica de gas.

El edil donostiarra recordó que el Ararteko "se ha limitado a dar una recomendación pero no es un tribunal", por lo que el proceso para la construcción de un colegio y 584 VPO en Morlans seguirá adelante "sin demoras". Indicó que el Gobierno Vasco tenía previsto sacar a licitación los trabajos para construir el colegio en enero y que el Ayuntamiento pretende también adjudicar la concesión de las obras de urbanización y de edificación de Morlans este mismo mes.

El concejal de Urbanismo aclaró que, desde que se recibió el citado escrito, el equipo de gobierno (PSE-EB) ha mantenido diversas reuniones con los grupos municipales, el Departamento Cultura y Lamarca. Tras dichos encuentros, el Ejecutivo y el Ayuntamiento acordaron presentar informes que acreditan su actuación y se mostró convencido de que el Defensor del Pueblo cambiará su criterio. >a.p.

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