Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 30 de diciembre de 2006

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Tribuna Abierta

Proceso de paz y conciencia ética

por FRANCISCO JAVIER MEABE

El proceso de pacificación del País Vasco, iniciado a partir de la declaración hecha por ETA, se halla en un momento difícil. Parece como si se hubiera perdido el recto camino a seguir. En esta situación, es necesario recordar algunos principios éticos que puedan ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva peculiar pero no inútil, cual es la perspectiva ética. Principios que son expresión de la justicia, sin la cual es imposible construir la paz.

1. El rechazo de cualquier "precio político".

La doble dimensión del proceso (paz y normalización) plantea la cuestión de la legitimidad política, pero también ética, del precio político a pagar a ETA por la paz. La mayoría de la opinión pública parece sostener que no se puede, ni políticamente ni éticamente, pagar un precio político a cambio del cese de la violencia de ETA. Sin embargo, todo el mundo, a excepción del PP, reconoce que el llamado "problema vasco" tiene una dimensión política.

Por ello, se diferencia la "Mesa de paz", para la negociación entre el Gobierno español y ETA, de la "Mesa de los partidos políticos", para la normalización que no puede menos de ser política. La existencia de esta segunda mesa tiene una dimensión política que es necesario reconocer, se le llame o no "precio". Es una exigencia política fundamental, impuesta para que el proceso de paz exista.

2. El problema de los presos "políticos".

La negociación entre el Gobierno y ETA, de la Mesa de la paz, ha de incluir el acuerdo sobre las condiciones y el modo en que se ha de realizar, de parte de ETA, la entrega de las armas o su inutilización. Pero es también normal que incluya, simultáneamente, el tratamiento que ha de darse a los agentes y responsables de la violencia de ETA, supuesta la "verdadera" renuncia a ella. Además de esta renuncia, suele hablarse también del "arrepentimiento" de la violencia pasada y de la petición de "perdón" a las víctimas.

Pero estas palabras no han de tener necesariamente en el ámbito "político-social" el mismo contenido que en la vida "personal" religioso-moral interna de cada uno. Lo que ese "arrepentimiento y perdón" político-social ha de exigir es el compromiso real de la renuncia definitiva para el futuro, del uso de la violencia. Y no más.

Ello supuesto, la adopción de medidas de favor para el cumplimiento de las penas y, en general, la adopción de una nueva política penitenciaria es éticamente aceptable. Además, en cuanto que tales medidas puedan ser adoptadas por el Gobierno, podrán ser tomadas también por él, como contrapartida a un acuerdo de paz negociado, a pesar de su carácter "político". Tanto más, si se tiene en cuenta que en la política penitenciaría que actualmente se sigue con los presos, en cuanto a la dispersión de los encarcelados y a la aplicación de las penas se refiere, se dan graves violaciones de Justicia.

3. Presión de ETA sobre la Mesa Política para la Normalización.

No es éticamente aceptable la instrumentalización de la presión de ETA, actual o potencialmente existente, para el logro de sus objetivos políticos de libre autodeterminación y de organización territorial de Euskadi. Ello va directamente en contra de la razón de ser de las dos Mesas, definidas por funciones distintas e independientes. Va también en contra del principio de que los problemas políticos se han de resolver por vías políticas.

Un principio que carece, en absoluto, de sentido si ETA se reserva el derecho a intervenir cuando cree que sus objetivos políticos no pueden resolverse por vías políticas. Un planteamiento de esta naturaleza "falsificaría" de raíz el mismo proceso global del alto el fuego y de la negociación. El proceso no ha de tener como finalidad la de obedecer a ETA, sino la de poner en marcha un proceso de negociación política, con todas sus posibilidades pero también con todas sus limitaciones.

4. Desmarque de Batasuna ante una eventual presión de ETA..

Por las mismas razones éticas, Batasuna ha de desmarcarse de las pretensiones que pueda tener ETA, de imponer mediante el uso de la violencia, su voluntad de lograr lo que dice ser "las claves" para que la negociación tenga éxito. Así lo exige la verdad y la lealtad a la Declaración de Anoeta de recurrir única y exclusivamente a las vías "políticas" para resolver los problemas políticos. Ese desmarque le exige contar exclusivamente con su propia fuerza política y su capacidad de convicción.

5. Flexibilidad y fe en la fuerza del proceso negociado r.

La voluntad de resolver por la vía del diálogo político un conflicto de raíces políticas ha de exigir la flexibilidad ética necesaria para revisar las propias posiciones en orden a alcanzar el pretendido acuerdo. El mantenimiento de posiciones que, desde el principio se consideran incompatibles y, a la vez, inmodificables, priva de su misma razón de ser a la proyectada negociación.

La dialéctica de la búsqueda del acuerdo sería fácilmente sustituida por la dialéctica del enfrentamiento de poderes en la que, al final, habría de imponerse la voluntad del más poderoso, sin que ello garantizara que fuera la Justicia la que se impusiera.

Quizás sea ésta la razón de ser fundamental de la crisis por la que, en estos momentos, parece pasar el proceso negociador. Es necesario recuperar, también por exigencias éticas, la fe en la fuerza de dicho proceso. Sin ella, todo podría ir al desastre.

El problema de la legalización de Batasuna tiene también mucho que ver con la situación en que vivimos y, con ello, con el pulso entre la derogación de la Ley de Partidos y el cumplimiento de esa misma ley. La confianza puesta en la eficacia del proceso de pacificación debe resolver cuanto antes este problema.

6. Actuaciones directamente contrarias a la dinámica de la pacificación.

Hay finalmente algo que no podemos olvidar, independientemente de las interpretaciones que a ello puedan darse. Se trata de los hechos que son directamente contrarios a una verdadera voluntad negociadora. En efecto, se achaca al Estado el mantenimiento de una rígida política de "represión" contra todo lo que puede parecer que favorece a ETA, a su reorganización, y consolidación y, en especial, a su rearme. El mismo carácter represivo tendría el mantenimiento de la política penitenciaria a la que antes me he referido.

Por su parte, el Estado replica que no puede menos de reaccionar desde la firmeza de la legalidad para defender la seguridad de los ciudadanos frente a los abusos de la kale borroka , las coacciones amenazadoras y las extorsiones y, sobre todo, para evitar que la tregua sea utilizada al servicio del fortalecimiento de la misma organización.

Sea cual fuere la auténtica motivación que esté en la raíz de estos hechos, he de decir que la injusticia que ellos contienen es éticamente reprobable en sí misma. A esa injusticia se ha de añadir el grave perjuicio ético-moral que supone poner en peligro la existencia del mismo proceso y, como consecuencia de ello, el retorno a la situación de falta de paz que es, en sí misma, contraria a la más elemental exigencia de la justicia.

La voluntad de hacer la paz es una exigencia ética radical para la sociedad vasca. Una exigencia que nos juzga a todos, más allá de la rentabilidad o eficacia políticas que cada uno pueda tener en su mente. Nuestro pueblo está cansado de sufrir. Por eso no basta decir que estamos en un momento "histórico". Es necesario actuar en consecuencia, con las exigencias que ese mismo momento comporta.

* Director del Secretariado Social Diocesano-Justizia eta bakea