
vitoria. Un tenso debate, dos recesos y pactos de última hora sobre su contenido precedieron ayer a la aprobación del Plan Director de Vivienda 2006-2009 en el Parlamento Vasco, al que los grupos de la oposición lograron introducir varias modificaciones. Entre ellas, todos los partidos, salvo el PP y el PNV, acordaron instar al Gobierno Vasco y a las diputaciones forales a impulsar medidas para la movilización de las viviendas vacías, en concreto, estableciendo un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de estos pisos. El contenido del plan, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en octubre y no tenía por qué ser sometido a la aprobación de la Cámara, fue puesto a debate por el consejero vasco de Vivienda, Javier Madrazo, a petición de todos los grupos.
Con él se da luz verde a la creación de 27.000 nuevas viviendas protegidas en cuatro años. El nuevo proyecto incorpora 24 propuestas de resolución aprobadas ayer. El contenido recibió críticas de PP y Ezker Abertzalea, que pidieron "la devolución del plan para su reelaboración". Aunque para el PSE-EE la insuficiencia del proyecto justificaba la petición de su devolución, su grupo decidió no solicitar su retirada "por responsabilidad con los ciudadanos". Los socialistas vascos, que tuvieron la llave de la aprobación, condicionaron su apoyo al impulso de un pacto por la vivienda, "a iniciar en septiembre de 2007, con los nuevos ayuntamientos, utilizando para su preparación el Foro de Suelo y Vivienda". Finalmente, fue aprobado, con los votos del tripartito. Otra de las modificaciones sustanciales al plan también vino de la mano del PSE-EE, que, con el apoyo del PNV, EA y Aralar, instó a Lakua a "destinar al alquiler un mínimo del 50% de las viviendas protegidas que se inicien durante la vigencia del plan".
De ellas, acordaron que al menos un tercio serán inmuebles sociales y alojamientos rotacionales. Por otro lado, se acordó, a petición de los socialistas, instar a Lakua a pactar con las cajas de ahorro vascas la promoción de pisos en alquiler. La renta fue uno de los puntos más debatidos en la Cámara y una de las apuestas del PP. La portavoz popular Arantza Quiroga abogó por que el porcentaje de viviendas protegidas en alquiler ascendiese al 60% e instó al ejecutivo vasco a "articular una opción de compra para al menos un 50% de las viviendas protegidas en renta". Quiroga insistió en la necesidad de incrementar los pisos protegidos proyectados en el plan, ampliando el objetivo hasta la promoción de 50.000 inmuebles durante el periodo de vigencia del plan.
El nuevo proyecto refuerza también la apuesta por el programa de movilización de vivienda vacía Bizigune, "adaptándolo a las necesidades de los usuarios del mismo, procurando su progresiva sustitución por nuevas viviendas en alquiler y firmando convenios con los ayuntamientos para su desarrollo". Con el fin de intensificar el control de este tipo de pisos, los partidos instan a potenciar y habilitar los recursos necesarios de inspección, de manera que se llegue a revisar todo el parque de vivienda protegida. Además, se deberá garantizar la función social del parque de vivienda. Asimismo se aprobó una rebaja de la fiscalidad de las viviendas de protección y la transición progresiva de gasto fiscal a gasto directo. > MARÍA BAIGORRI
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