Diario de Noticias de Gipuzkoa

teresa rosique, portavoz del psoe en la asamblea de la comunidad de murcia

"Es muy grave que Kutxa diga que la decisión de paralizar Lo Poyo es un movimiento táctico"

Teresa Rosique es la portavoz del PSOE en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta mujer, natural de Cartagena y experta en temas de corrupción urbanística, está decidida a evitar que lo que queda de la costa murciana se impregne de cemento y de hormigón

MURCIA. Teresa Rosique quiere emplear toda su energía para impedir que su región se convierta en un paraíso de especuladores. Ha denunciado, entre otras, ante los tribunales y la Fiscalía tres promociones urbanísticas en las que tiene intereses Kutxa: Lo Poyo, Novo Carthago y La Zerrichera.

Dice el presidente de Kutxa, Carlos Etxepare, que los promotores inmobiliarios están siendo víctimas de una campaña preelectoral…
El PSOE lleva mucho tiempo denunciando las prácticas inaceptables que el gobierno regional del PP está desarrollando en materia urbanística. Este partido elaboró una ley, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional, que es un traje a la medida para el urbanismo salvaje. Una ley que ha desprotegido 15.000 hectáreas de litoral y espacios naturales preservados. Nuestro trabajo no es puntual o coyuntural. Forma parte de nuestro modelo de desarrollo sostenible, alternativo y diferenciado del PP. Y seguiremos por la vía de denunciar judicialmente y paralizar macrourbanizaciones. Si ganamos las elecciones, ni Lo Poyo y ni la Zerrichera e incluso Novo Carthago se harán. El despropósito de levantar 10.000 viviendas en el Mar Menor no se puede realizar.

Entonces, ¿cómo interpreta que Etxepare justificara los proyectos de la entidad de ahorro investigados judicialmente en Murcia?
Hemos interpretado, porque Etxepare lo decía claramente, que el freno a determinados proyectos urbanísticos en los que está implicada Kutxa es coyuntural. Es muy grave y asombroso que el presidente de Kutxa diga que las decisiones adoptadas por el presidente de esta comunidad, Ramón Valcárcel, entre ellas la de frenar la urbanización de Lo Poyo, es un movimiento táctico. Viene a insinuar que si vuelve a ganar las elecciones el PP se dará vía libre a los proyectos urbanísticos paralizadas por el propio PP. Se olvida que en Lo Poyo y en La Zerrichera, donde compraron terrenos, están siendo investigados judicialmente y hay varias denuncias penales y recursos contencioso-administrativos.

Quizá se refería a la voluntad política...
Desde el PSOE hemos comentado que Lo Poyo y la Zerrichera formarán parte del programa oculto del PP y que, por los fuertes intereses que hay en juego, si ganan los comicios volverá a retomarlos. Lo que ha hecho Etxepare es confirmar ese dato: que existe una programa electoral vedado a la opinión pública por parte del PP. En la actualidad, las actuaciones de Lo Poyo y La Zerrichera, en la que está Kutxa, restan imagen al presidente de la Comunidad de Murcia y le perjudican electoralmente, y por tanto, se ha opuesto a la realización de ellos. Ya veremos, si tras los comicios, mantienen la orden o no de frenar las citadas urbanizaciones. Se olvida Etxepare de que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto diligencias sobre el proceso de compra venta y recalificación de los terrenos de Lo Poyo, de la presencia de Juan Antonio Roca y la trama marbellí en ese proyecto, y de las demandas judiciales abiertas en el tema de La Zerrichera.

¿Ustedes han apostado por la vía judicial?
Insisto en que hay procesos judiciales en marcha, cuyas decisiones dependen de los jueces y decidirán sobre esos planes urbanísticos. Las determinaciones políticas ya están al margen. Hay que dejar trabajar a los jueces y fiscales y aquí en el Mar Menor y la región de Murcia tienen mucho camino que andar. Y por ello se ha nombrado recientemente un fiscal anticorrupción solo para la Comunidad de Murcia.

¿Se está asistiendo a una pugna política en Murcia ante la cercanía de las elecciones?
En el fondo de su comentario, el presidente de Kutxa, está calificando duramente al Ayuntamiento de Cartagena, del PP, por el tema de Lo Poyo. El Consistorio, desde que ha intervenido el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia va de contradicción en contradicción. Primero mantuvo que todo el expediente de recalificación de Lo Poyo, donde Kutxa posee buena parte de los terrenos, era perfecto e impecable. Cuando la Fiscalía interviene da marcha atrás y ratifica el diagnostico del presidente Valcárcel que ha tildado de inmoral e ilegal el proyecto patrocinado por los constructores guipuzcoanos amigos de Roca. Kutxa, a la vista de sus amistades peligrosas, ha segregado sus terrenos para evitar problemas.

¿En la paralización de Lo Poyo ha influido la presencia en el proyecto de la trama de corrupción marbellí, encabezada por Roca, la promotora Aifos, y sus amigos Javier Arteche y Luis Maya Galarraga?
El detonante fue que se hiciera público que Roca y su amigo Javier Arteche habían intervenido en la compraventa de los terrenos. Luego llega Kutxa vía Inverlur, sociedad que han colaborado en promociones con la presunta trama vasca de la Operación Malaya. Estoy convencida de que la alcaldesa del PP de Cartagena sabía que Juan Antonio Roca estaba de alguna manera en el proyecto. El concejal de Urbanismo ha reconocido que se entrevistó con Roca en 2004. Señaló que estuvo con él para pararle los pies, pero en 2005 se aprueba la recalificación urbanística de Lo Poyo. En el sumario de la trama marbellí Roca declara que recibió unas cantidades millonarias de Arteche por Lo Poyo. El propio Valcárcel ha confirmado este extremo y además ha señalado que no se fiaba de los que estaban en Lo Poyo. El PP ha frenado el macroproyecto cuando ha intervenido la Fiscalía y se ha destapado que empresas relacionadas con Roca promovían la construcción de miles de viviendas en el Mar Menor.

También se ha realizado un registro policial del Ayuntamiento de Cartagena..
Esas investigaciones, por lo que se ha filtrado, no tienen que ver con el expediente de Lo Poyo. Insisto en que cuando se descubren las derivaciones de la trama marbellí en Murcia y en concreto en la compra de los terrenos de Lo Poyo al PP regional y al ejecutivo autonómico el tema les quema las manos. Hay que añadir más elementos como la visa oro de Kutxa utilizada por la testaferro Monserrat Corulla, las informaciones que vinculaban a la promotora Aifos, cuyos directivos están imputados por el juez de Marbella en formar parte de la red de corrupción tejida por Juan Antonio Roca, en el proyecto de Lo Poyo. Y por último, el papel fundamental de los amigos de Roca, los guipuzcoanos Javier Arteche, Luis Maya y Agustin Aguirre, en la compra y promoción de los terrenos. Estos datos y otros han llevado al fiscal a abrir diligencias e indagar el proceso de recalificación, la compra y la venta de la finca.

Además del expediente administrativo, ¿qué datos fundamentales se deben investigar en el asunto de Lo Poyo?
Lo que no se puede ocultar es que había voluntad de recalificar y construir miles de viviendas en ese terreno. Queda por saber quién garantizó la conversión de suelo rústico en urbano. Por qué los Arteche, Maya y Aguirre, y luego Kutxa, compran suelo rústico, que a día de hoy todavía lo es, por más de 40.000 millones de las antiguas pesetas. La inversión prevista era de 140.000 millones de las antiguas pesetas. Estos son datos contrastados en el Registro de la Propiedad. En este tema creemos que intervendrá además del fiscal del Tribunal Superior de la Comunidad de Murcia, el fiscal anticorrupción y el juez encargado de la Operación Malaya.

¿Es el ejemplo claro del pelotazo?
Nadie arriesga tanto dinero si no le han garantizado que se va a convertir un terreno rústico en urbano. Y eso lo recalifica quien tiene capacidad de decidir o quien tiene muchas influencias sobre quien decide reconvertir suelos rústicos y espacios protegidos en zonas urbanizables. Es lo que pedimos al fiscal que investigue y llegar al fondo de la cuestión.

¿Existe alguna relación de altos cargos del PP de Murcia con los antiguos propietarios de los terrenos?
Andrés Ayala, diputado en el Congreso por el PP, fue abogado de la familia Armengol, la dueña de la finca de Lo Poyo, y secretario general de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Murcia cuando se recalifican los terrenos. Pero esos trámites iniciados en 1996 quedaron anulados por una sentencia reciente del Tribunal Supremo que frenó el proyecto. Pese al recurso, en 2005 se resucita el proyecto, justo cuando compran los terrenos Arteche e Inverlur, y se inicia un nuevo proceso de recalificación.

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