Diario de Noticias de Gipuzkoa

Una casa de nadieen medio de la nada

"E L viernes 3 de noviembre el edificio deberá estar desalojado, ya que el sábado día 4 de noviembre se procederá a su derribo. Disculpen las molestias". El cartel resulta explícito y se colocó hace pocos días en la casa Pagua-Berri, situada en el barrio de Ergobia, en Astigarraga. El edificio será derruido la próxima semana para ejecutar una rotonda que canalizará el denso tráfico existente en esa zona y que concluirá su profunda reurbanización.

Pero en la vivienda todavía habitan dos personas en régimen de alquiler, Lucinda Da Conceiçao Pinto, de 62 años, y José María Monroy, de 52, quienes se enfrentan a un enrevesado contencioso con el Ayuntamiento de la localidad desde 2002.

Ese año, el Consistorio les expuso que la casa se derribaría para llevar adelante los planes urbanísticos suscritos con los promotores de la obra, quienes adquirieron el edificio a los propietarios. El Ayuntamiento se comprometió en la sesión plenaria de junio de hace cuatro años a adjudicar a los inquilinos, "bien en régimen de propiedad o en alquiler, dos viviendas en la primera promoción de VPO que se realice dentro del municipio", como "propietarios de derechos", ya que ambos residen en Pagua-Berri desde hace décadas, donde abonan unas rentas antiguas (14 euros la mujer y 10 Monroy).

ingresos

Arrendamiento

En cumplimiento del compromiso plenario, el Ayuntamiento reservó dos viviendas de VPO en construcción para trasladar a ambos. Y aquí comienzan los problemas. En la promoción de esos pisos no había ofertas de alquiler, por lo que Da Conceiçao y Monroy estaban obligados a la compra de los apartamentos. Pero sus ingresos no llegaban a los mínimos exigidos por el Gobierno Vasco (alrededor de 9.000 euros) para costear la adquisición, ya que la mujer cobra un subsidio y Monroy trabaja a media jornada como chapista.

¿La solución? El Consistorio compraba las dos viviendas y luego se las arrendaba.

"El asunto quedó en el aire. El Ayuntamiento no contestó a los afectados y, sin siquiera comunicarlo a los mismos, deshizo la reserva de las dos viviendas en febrero de 2005, sacando todos los pisos de esa primera promoción de VPO a sorteo, y sin articular alternativa alguna de realojo para los inquilinos", sostiene María Teresa Ezkurra, abogada de la mujer afectada.

El tiempo pasa y los dos arrendados continúan a la espera de que se abran nuevos caminos. En mayo de este año, el Consistorio ofrece dos pisos de VPO a ambos, con un precio de alquiler marcado por el Gobierno Vasco, en una nueva promoción que estará lista a finales de 2008. Hasta ese momento, el Consistorio les pagará el alquiler de dos pisos "en buen estado de habitabilidad", si bien ambos "deberán de renunciar" a la indemnización compensatoria por la extinción de los arrendatarios, consistente en 26.127 euros para Da Conceiçao y 34.790 para Monroy.

En el supuesto de que la indemnización establecida exceda del precio del alquiler abonado durante el plazo de ejecución de las VPO, el Ayuntamiento les devolvería la diferencia.

Pero este arreglo no convence a los inquilinos porque entienden que la compensación por el fin del arrendamiento no debe servir para pagar los alquileres transitorios.

"Pretenden que sean ellos los que sufraguen los gastos de realojo provisional que sólo la propia incompetencia de los responsables municipales ha hecho necesario, ya que todo esto se habría evitado si hubiesen cumplido con los compromisos que el Ayuntamiento adquirió hace más de cuatro años", opina Ezkurra.

El concejal de Urbanismo astigartarra, Juan Joxe Uranga, refleja, sin embargo, que ambos vecinos "no querían dar su indemnización" y, además, "pedían que les respetaran el precio del alquiler en las nuevas viviendas. "A eso decimos que no. Tendrán la renta que marque el Gobierno Vasco. Hemos hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo y hasta aquí hemos llegado. Los vecinos están poniendo el grito en el cielo porque no se hace la rotonda", puntualiza Uranga.

angustia

Ratas

Ezkurra apostilla que no han llegado a "profundizar" en el importe de los alquileres, aunque considera que "no sería un punto de divergencia", ya que se ajustarían a lo establecido por el Gobierno Vasco.

Todos estos dimes y diretes han llevado a inquilinos y Ayuntamiento al juzgado, que decidirá cómo encauzar la situación.

Mientras tanto, Da Conceiçao y Monroy viven con el corazón en un puño su cercano desalojo, autorizado por los tribunales, independientemente del contencioso judicial que mantienen con el Consistorio.

"Mi madre está de los nervios. Está con un amago de infarto y una depresión de caballo. Se ha tenido que ir a pasar unos días con un hijo porque no aguanta más. Es una angustia vivir en estas condiciones", explica Rosa Mesquita, hija de Da Conceiçao.

Ésta afirma que no han "tenido ayuda de nadie" y recuerda que en el momento en que comenzaron las obras de urbanización del entorno se introdujeron en la casa "cientos de ratas".

Monroy asevera que para seguir adelante les "ha tenido que ayudar" la familia. "Queremos un techo y saber qué casa es y cuanto vamos a pagar. Eso nunca nos lo han dicho. Quiero conocer cuánto voy a abonar de alquiler para saber si puedo o no puedo hacer frente", se lamenta el inquilino damnificado.

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