Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 21 de octubre de 2006

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Editorial

El protagonismo togado

el Juzgado Central de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han vuelto a poner las actuaciones togadas en el epicentro de una agenda política vasca ya de por sí frágil ante la delicadas condiciones en las que intenta abrirse paso el incipiente proceso de paz. El juez Garzón rebajó ayer de 650.000 euros a 50.000 la fianza que pesaba sobre Otegi en el sumario por la suspensión de actividades de Batasuna -enmendando así la desproporción del anterior instructor-, pero al mismo tiempo, el magistrado decidió dar otra de arena en su papel de azote de herejes y extender las numerosas imputaciones que acumula esta formación a tres mahaikides -cargándoles nada menos que un delito de colaboración con banda armada- por las manifestaciones que la izquierda abertzale celebró el 30 de septiembre en todas las capitales vascas. A su vez, prohibió un acto de apoyo a los presos que estaba previsto celebrarse ayer en la localidad vizcaína de Algorta. Estas actuaciones se acumulan a la instrucción penal que, haciendo suyo el esperpéntico planteamiento de una querella del Foro de Ermua, acaba de abrir el Tribunal Superior vasco contra el lehendakari Ibarretxe por la reunión que mantuvo con dirigentes de Batasuna el pasado 19 de abril. El Gobierno Vasco prefirió escenificar primero una respuesta política severa, al afirmar que esta causa "no será gratuita" y denunciando el impulso político que la inspira, antes de poner en marcha la defensa jurídica por medio de un recurso de amparo ante el Constitucional. Si imputar colaboración con banda armada por la convocatoria de manifestaciones es, jurídicamente, más que dudoso, criminalizar a un jefe de gobierno por reunirse con miembros de Batasuna es ya elevar la secuencia a la categoría del absurdo. Más allá de malabarismos jurídicos, se pone en juego el crédito de la Justicia y lo que queda en evidencia es el protagonismo de una judicatura que sigue la inercia del impulso político de tiempos pasados y, en el caso del Consejo del Poder Judicial o del TSJPV, la ascendencia de los sectores más conservadores de la magistratura. Se reabren las contradicciones del caso Atutxa, pero ahora nada menos que en la figura del propio lehendakari.