Diario de Noticias de Gipuzkoa

La Diputación pide ayuda a alcaldes y concejales para encontrar pisos de acogida a menores inmigrantes

en tres ocasiones se ha frustrado la firma de un contrato por recelos de propietarios

Ingresan en un reformatorio a un menor del centro de acogida de urgencia de Urnieta que acumulaba 51 denuncias

Donostia. La atención a menores tendrá "prioridad absoluta" en el presupuesto previsto por la Diputación de Gipuzkoa para el próximo año. La encrucijada que se viene planteando en el territorio en los últimos meses en torno a la atención a menores extranjeros no acompañados ha obligado al Ejecutivo foral a doblegar esfuerzos, de ahí el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Diputados en esta materia.

Así lo confirmó ayer Mari Carmen Marín, titular del departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en una comparecencia celebrada en Juntas Generales de Gipuzkoa, a petición del grupo Aralar.

Buena muestra de la difícil situación que vive Gipuzkoa fueron las palabras utilizadas por la diputada, incluso el tono empleado al término de su intervención, implorando ayuda para encontrar una solución entre todas las fuerzas. "Ustedes, concejales y alcaldes presentes, ayúdennos porque no encontramos pisos para acoger a estas personas", reconoció Marín.

De hecho, hasta en tres ocasiones el Departamento ha visto frustradas sus pretensiones de dar alojamiento a estos menores en otros tantos intentos en los que se ha ido al traste la firma del contrato previsto cuando los propietarios de los inmuebles conocían que sus moradores iban a ser inmigrantes.

conflictividad A día de ayer había en Gipuzkoa un total de 96 menores extranjeros no acompañados, 21 de los cuales residen en acogimiento de urgencia -en Tolosa y Urnieta- y el resto (75) en acogimiento residencial.

La portavoz del PP en Juntas Generales, Maria Asunción Guerra, mostró su "preocupación" por la situación de conflictividad que vive Urnieta, localidad de la que es concejala donde, según dijo, "la población vive asustada".

Detalló que desde el mes de enero, "los robos, episodios de malos tratos y agresiones a los propios cuidadores del centro han sido constantes", por lo que pidió a la Diputación un plan de actuación y prevención para reconducir el futuro de estos chavales.

Marín reconoció que actualmente sólo están ocupadas ocho de las diez plazas de las que dispone el centro, porque la constante conflictividad de uno de estos menores, que arrastraba a un segundo, ha obligado a buscarles otro destino.

La directora del departamento para los Derechos Humanos reconoció que este joven acumulaba hasta 51 denuncias, motivo por el cual han contactado constantemente con la Fiscalía para que interviniera, si bien la Ley del Menor le ha amparado hasta ahora al tratarse de pequeños delitos. "Finalmente", según explicó, "se ha decidido que pase a un centro de reforma", por lo que el problema ha quedado zanjado.

Tras exponer este caso, Marín se apresuró a matizar las palabras de la portavoz del PP. "No se puede hablar de población asustada. Hablar de un menor de 20 años no puede tildarse de problemático". De hecho, en muchas localidades, suele ser frecuente toparse con delitos cometidos por nativos, cuando inicialmente todas las miradas se dirigían a menores extranjeros, según explicó. El resto de grupos políticos compartió esta opinión. El portavoz de EB, Jon Lasa, señaló que la denuncia del PP "alimenta los instintos más bajos de la ciudadanía".

reuniones discretas El motivo de la comparencia era responder a las preguntas que planteó Rebeka Ubera, portavoz del Grupo Aralar, sobre los medios con los que cuenta el Departamento para responder a este reto. Ubera criticó la falta de planificación de la Diputación en esta materia, "lo que ha obligado a ensayar la fórmula de las pensiones".

Marín dijo no entender por qué se dirigen exclusivamente las miradas a su departamento, cuando sólo le compete la acogida de urgencia, es decir, "un período muy concreto de dos o tres meses", a partir del cual la responsabilidad de los menores pasa a Política Social. Marín apeló a la necesidad de mantener "reuniones discretas", y adelantó que "próximamente" se celebrará un nuevo encuentro con los grupos junteros.

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