
Donostia. La junta de portavoces del Ayuntamiento de Donostia confirmará hoy si colaborará en el estudio de profundización sobre el emplazamiento de la incineradora en los Altos de Zubieta, a propuesta de las mancomunidades y de la Diputación de Gipuzkoa. Una respuesta que el diputado para el Desarrollo Sostenible, Jose María Oyarbide, confía en que "será favorable", según señaló ayer ante las Juntas Generales.
El pasado día 2 el ente foral se reunió con las mancomunidades para dar a conocer el informe preliminar que descartaba el emplazamiento de Landarbaso por razones medioambientales y destacaba la viabilidad del entorno de Zubieta para acoger la planta. Del encuentro salió una propuesta de colaboración para realizar un informe de profundización conjunto con el Ayuntamiento de Donostia. El alcalde Odón Elorza fijó para hoy una junta de portavoces extraordinaria donde se daría a conocer la respuesta, tras estudiar detenidamente la propuesta.
Sin embargo, ya el pasado 5 de octubre, tres días después de la reunión, aparecía publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la convocatoria del concurso para la elaboración del estudio, con un presupuesto de 120.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, como criticó ayer el juntero de Ezker Batua, Patxi Coira.
Mientras, en respuesta a una pregunta de la juntera de Aralar, Rebeka Ubera, el diputado afirmó que ni ha pactado ni ha mantenido reunión alguna con el grupo juntero del PSE-EE sobre la incineradora. Oyarbide justificó su actuación como una forma de "ganar tiempo" y adelantó que, si la junta rechaza la realización del estudio, éste no se llevará a cabo.
Precisamente, la dilatación temporal de los acuerdos sobre la ubicación de la incineradora mereció la autocrítica de los grupos junteros.
acatará la sentencia Por otro lado, Oyarbide explicó que el consejo de diputados de Gipuzkoa justificó la aprobación del expediente de contratación y su adjudicación en un mismo acto del estudio de impacto de la calidad de aire de la incineradora en Aritzeta, Donostia, sin publicidad ni concurrencia, porque sólo existía una entidad en el ámbito estatal que dispusiera de la tecnología puntera para elaborarlo: la Universidad Politécnica de Madrid.
A petición de Rebeka Ubera (Aralar), explicó que, no obstante, "acatará" la sentencia que estima en parte el recurso presentado por Donostia Bizirik en lo que se refiere a la aprobación del expediente y la forma de adjudicación, que ya fue objeto de opinión desfavorable por parte del servicio de Intervención y Auditoría de la Diputación, con fecha del 15 de septiembre de 2004.
Oyarbide recordó que los servicios jurídicos forales dieron el visto bueno a la adjudicación sin publicación previa y valoró de forma satisfactoria que la sentencia sólo estime en parte el recurso, sin invalidar el contenido del estudio.
Aralar, que valoró la forma de proceder del consejo de diputados como "inaceptable", expresó sus "dudas" sobre la forma de adjudicación el resto de tramitaciones.
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