El Gobierno Vasco asegura que la causa penal contra Ibarretxe "no será gratuita"
Acusa al tsjpv de actuar bajo influencia política y de generar un "grave"conflicto
Anuncia, en un acto solemne, que empleará todas las herramientas a su alcance, aunque no concreta ninguna
Zenarruzabeitia, flanqueada por los consejeros Azkarraga y Madrazo, presenta la declaración institucional aprobada ayer por el tripartito.Foto: efe
vitoria. Un día después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, puntualizara que el papel de la Justicia no es "obstaculizar procesos políticos", el Gobierno Vasco aprobó ayer una declaración institucional que, entre otras cosas, denuncia todo lo contrario.
El texto al que dio lectura la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, recoge el parecer del Consejo de Gobierno sobre la causa penal iniciada contra Juan José Ibarretxe por la reunión que mantuvo con dirigentes de Batasuna, una decisión que, según matizó la número dos del Ejecutivo, encierra una "enorme gravedad" que "no va a resultar gratuita".
Aunque ésta no es la primera vez que miembros del Gobierno Vasco critican la actitud adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante la querella de Foro Ermua, el Ejecutivo quiso dotar de una inusual solemnidad su respuesta oficial.
Para empezar, en lugar de la sala de prensa habitual en la que la portavoz da cuenta semanalmente de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, la aparición ante los medios de tres representantes del tripartito se produjo en otro espacio de Lehendakaritza de mayores dimensiones. Allí, los consejeros Joseba Azkarraga (EA) y Javier Madrazo (EB) secundaron con su silencio las palabras de la vicelehendakari, demostrando la unidad del tripartito en defensa del jefe de Gobierno.
Primero en euskera y luego en castellano, Zenarruzabeitia repasó la declaración pactada minutos antes sin alejarse de un tono severo que combinó con limitadas pausas previas a las denuncias más contundentes del Ejecutivo.
La "gravedad" detectada por el tripartito en la decisión de los jueces marcó el hilo conductor de una denuncia en la que el Gobierno Vasco achaca al tribunal haber actuado más próximo a la política que a sus parámetros judiciales. Por ello, Zenarruzabeitia destacó -sin concretar- que entre las alternativas que baraja el Ejecutivo, "para el restablecimiento de los derechos fundamentales del lehendakari, existe la posibilidad de ejercer tanto iniciativas jurídico-procesales como políticas".
La vicelehendakari estimó que el tribunal ha generado un "conflicto" que tendrá su "consecuencias negativas en las relaciones institucionales y en la necesidad de diálogo entre representantes políticos".
Preguntada por si la respuesta judicial impedirá que Ibarretxe vuelva a reunirse con dirigentes de la izquierda abertzale, la vicelehendakari recordó que el Gobierno Vasco mantendrá su "responsabilidad" en los actos y decisiones encaminados para conseguir la paz, una apreciación que defiende la continuidad de la estrategia mantenida por el lehendakari desde que ETA decretó el alto el fuego.
alternativas La intención del Gobierno Vasco es emplear tanto las herramientas jurídicas como políticas que tenga a su alcance, lo que, previsiblemente, supondrá trasladar las acusaciones que pesan sobre el líder nacionalista a los diferentes escenarios institucionales.
De forma paralela, fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que la presentación de recursos podría demorarse hasta que el juez instructor de la causa determine si archiva la misma -algo que parece poco probable- o inicia la vista oral. Las citadas fuentes añaden que los letrados gubernamentales recurrirán las imputaciones cuando se materialice este segundo supuesto y arranque el juicio contra Ibarretxe y los tres dirigentes de Batasuna que se reunieron en abril.
Por otro lado, el secretario general del PP del País Vasco, Carmelo Barrio, calificó la declaración del Consejo de Gobierno de "patética y lamentable" y acusó al tripartito de "amenazar al Estado de Derecho".
El dirigente popular aseguró que lo "verdaderamente grave" es que el Ejecutivo autónomo, en lugar de "arreglar los problemas de los vascos", se dedique a "criticar a los tribunales, simplemente porque los tribunales analicen la actitud del Gobierno Vasco y del lehendakari Ibarretxe".
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