
Colaboración
ESTOS días estamos conociendo el caso de varias familias vascas y catalanas en proceso de adopción en la República del Congo y los problemas que están padeciendo para llevar a buen puerto su tan anhelado proyecto vital. Y es que no hay que olvidar la enorme carga emocional que encierra un proceso de adopción, lo que supone en términos de sentimientos, de reflexión en las familias, de alegrías y de incertidumbres compartidas por una red social en torno a este hecho. Y sobre todo y ante todo, no hay que olvidar a las niñas y los niños adoptados, verdaderos protagonistas de esta aventura de amor y quienes son titulares del derecho a ser adoptados por unos padres y madres que les den cariño, afecto, educación, cuidado, … amor en una palabra.
Desgraciadamente, las administraciones públicas, frías y asépticas, hacen oídos sordos a todo este entramado de emociones que implica el proceso de adopción internacional y ciegas como la dura ley (dura lex sed lex ), entorpecen en vez de facilitar el camino para la adopción.
No voy a discutir que se necesitan garantías para que las adopciones se hagan conforme a lo establecido en el Convenio de La Haya, ni que la paternidad/maternidad no es un asunto baladí como para que no se extremen los mecanismos de modo que las familias adoptantes puedan ofrecer un cuidado y un entorno adecuado a las niñas y niños adoptados. (Algo que, por otra parte, no se garantiza en absoluto con la paternidad/maternidad biológica).
Sin embargo, parece increíble que en la Europa del siglo XXI los procesos administrativos y judiciales referidos a la adopción internacional sean tan lentos, prolijos, complicados y, finalmente, una rémora para un proceso que debiera ser mucho más ágil y dinámico. Y sorprende, además, comparativamente, cuando en muchos de los llamados países del Tercer Mundo, donde se efectúan estas adopciones, los trámites y los procesos son rápidos y, a la vez, no lo olvidemos, con garantías jurídicas y administrativas.
Que los padres adoptantes en Congo lleven varias semanas con su sentencia judicial debajo del brazo, la que otorga legalmente la paternidad/maternidad, con todas las garantías exigidas por el país y por los convenios internacionales. Que, en consecuencia, los padres adoptantes lo sean a todos los efectos y cumplan todos los requisitos que ya se les han exigido para obtener el certificado de idoneidad emitido en España por la autoridad competente, las comunidades autónomas o las diputaciones forales en el caso de Euskadi. Que se den todos estos requisitos y que la embajada o consulado español de turno ponga reparos a conceder el visado para que los niños y las niñas puedan venir a España con sus padres, roza lo delictivo.
Sobre todo cuando muchos de estos niños y niñas están en situación de salud precaria, necesitan cuanto antes de cuidados médicos apropiados y, para colmo, en sus países la situación política y social es tan inestable y conflictiva que ni siquiera está garantizada su seguridad y la de sus padres adoptivos, como ocurre en el caso que nos ocupa.
Porque luego no se acaba toda la burocracia con la llegada a España. Después comienza el largo peregrinar por los registros civiles, ayuntamientos, y otras instancias judiciales y administrativas para inscribir debidamente a las niñas y niños adoptados, lo cual se prolonga a veces meses y meses con el consiguiente perjuicio que ello conlleva.
Pero esto es peccata minuta , toda vez que la salud y el cuidado de los niños y niñas está garantizado. Y es que las autoridades no deberían olvidar esto: el interés de los niños y niñas adoptados está por encima de cualquier otra consideración; por encima, por supuesto, de los celos y rigideces administrativas o de las comodidades del personal de las embajadas y consulados, instancias que deberían estar al servicio de estos niños y niñas y de sus familias y no constituir otro obstáculo más en el largo proceso de adopción internacional. Si las cosas se pueden torcer por innumerables circunstancias y situaciones, que una no sea por las trabas burocráticas y el desconocimiento y descoordinación de las administraciones.
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