Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 29 de julio de 2006

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Editorial

Memoria, equilibrio y moral

L equilibrio que recomiendan las cuestiones de Estado obliga a los responsables políticos a caminar de puntillas y a menudo haciendo equilibrios por temas peliagudos como el franquismo. La Transición española es un ejemplo de reconciliación a través del olvido y no de la reivindicación de la memoria. Hubo renuncias dolorosas, aspiraciones políticas legítimas que se sacrificaron por el bien común de la convivencia pacífica y un conflicto con ramificaciones larvadas durante más de medio siglo se giró hacia un carril único con el precio del olvido. Tras más de 30 años de aquello, el Gobierno Zapatero
aprobó ayer un anteproyecto de la Ley de Memoria Histórica que no cayó en gracia para la mayoría de los afectados. Se trata, reza el texto, de impulsar "el reconocimiento y la reparación moral" de las víctimas tanto de la Guerra Civil como de la posterior dictadura franquista. Las medidas circulan por dos vertientes bien definidas. Una, de carácter simbólico, para hacer constar públicamente que su destinatario sufrió la sinrazón de la opresión, y la otra gira en torno a la reparación económica e incluye a trabajadores de batallones disciplinarios, presos, heridos y familiares de fallecidos por el yugo del régimen de Franco y a personas que puedan acreditar que fueron perseguidas por sus ideas políticas o sindicales. También contempla el resarcimiento para las víctimas del convulso final de la dictadura y abre una puerta al cobro de indemnizaciones por parte de los familiares y heridos durante hechos trágicos como los del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Una buena noticia, aunque los afectados por aquellos actos y otros semejantes reivindican no sólo una compensación económica, sino el esclarecimiento de los hechos. Y es que el anteproyecto nace herido porque falla lo fudamental, a juicio de algunos de aquellos a los que quiere amparar: la dignificación de las personas que tuvieron que convivir con la injusticia aunque eso signifique reescribir la historia. Pero lo más dramático es que el Gobierno central ha tenido que rebajar paulatinamente el contenido de la ley -ha anulado la condena a los juicios sumarísimos y tampoco ha reconocido la recuperación de documentos históricos como los de Salamanca- no se sabe si para aplacar a un PP que le acusa de dividir a los españoles, pero que jamás ha reconocido la culpa de la derecha en este conflicto.