Diario de Noticias de Gipuzkoa

EA, PP y PSE pactan con Gelma el convenio urbanístico que negociaba el alcalde

la empresa accede a pagar los 979.000 euros que llevaron a la ruptura de la negociación

La concejal del PNV que destapó el caso da el visto bueno y se retracta de sus acusaciones al promotor de la operación

arrasate. Intercambio de papeles en la operación Gelma. Sólo un día después de que el alcalde de Arrasate (PNV) anunciara que no concedería más licencias para continuar con la construcción de las 419 viviendas al no llegar a un acuerdo con los responsables de esta empresa, EA (su socio de gobierno), PSE-EE, PP y la edil jeltzale que pasó al Grupo Mixto, Inés Aldai, forzaron ayer un nuevo acuerdo para continuar con la operación urbanística denunciada ante los tribunales por EB.

Las nuevas garantías conseguidas, según explicaron, son las mismas que las que estaba negociando estos días el propio alcalde, Ignacio Lakunza, y en la que reclamaba 979.000 euros más de los que la empresa estaba dispuesta a pagar.

Ines Aldai (Grupo Mixto), Luis Etxebarriarteun (EA), Paco García (PSE-EE) e Iciar Lamarain (PP) comparecieron ante los medios de comunicación en la misma sede de Obenerreka (la promotora de las viviendas) para "dar carpetazo al controvertido tema".

Aldai señaló que se ha alcanzado un "acuerdo definitivo" con los responsables de Gelma-Obenerreka, por el cual el Ayuntamiento percibiría "importes finales idénticos a los demandados oficialmente" en las negociaciones lideradas por el alcalde, Ignacio Lakunza. Esto es, los 979.000 euros de la discordia.

"Hemos conseguido que la promotora acepte lo que pedía el alcalde, ni más, ni menos", explicó Aldai tras dar cuenta del "buen talante" negociador mostrado por el responsable de estas empresas, Javier Guibert, frente a la "falta de voluntad para llegar a un acuerdo" de Lakunza.

12,7 millones Según los cálculos manejados por Aldai, el Consistorio pasará a percibir alrededor de 12,7 millones de euros por esta operación inmobiliaria puesta en tela de juicio por la propia edil jeltzale por posibilitar unos beneficios para la empresa de 60,4 millones de euros.

El acuerdo incluye igualmente la creación, a cargo de Gelma, de un fondo de 4,5 millones -tal y como pedía el alcalde-, con el cual se garantizaría la permanencia de esta empresa en Arrasate hasta julio de 2020. De lo contrario, la suma se distribuirá, a modo de indemnización, entre sus 200 trabajadores.

Para Aldai, estos términos suponen que "el alcalde ya no puede poner ninguna pega a la aprobación del convenio". En términos similares se expresó García (PSE-EE) al considerar que Lakunza "ya no tiene excusa para bloquear este tema".

EB, que no fue invitada a negociar, se desvinculó del acuerdo y lo calificó de "vergonzoso", tanto por el "insuficiente" pago al Ayuntamiento como por la "pobre garantía para mantener la empresa en Arrasate".

Los cuatro artífices del convenio, sin embargo, aprovecharon su comparecencia para defender la actuación del empresario Javier Guibert "cuya honradez ha sido puesta injustamente en tela de juicio con calificativos e imputaciones inaceptables" y manifestar que el tan discutido primer convenio era "totalmente legal".

CONTRADICCIONES La postura de Aldai difiere en gran medida de las críticas que hizo hace apenas un mes al destapar un supuesto fraude con el primer convenio y afirmar, entonces, que "esta operación va a producir unos beneficios ilícitos, ya que por lo menos un 50% correspondería a los habitantes de Arrasate".

La entonces concejal del PNV criticó que, además de ella, había compañeros de su partido que se sentían "engañados por el promotor", porque los precios de las viviendas no se correspondían con los inicialmente previstos. También denunció que Guibert justificara la millonaria plusvalía con un recurrente "el mundo de los negocios es así", y advirtió de que "nos olvidáramos de renegociar el convenio" para no repartir los dividendos generados por la recalificación de los terrenos.

Según lo defendido entonces por Aldai, la plusvalía se debería repartir al 50% con el Ayuntamiento, es decir que al Consistorio le tocaría percibir más de 32 millones de euros, algo que difiere de lo que ayer defendió junto al PP, PSE-EE y EA. Por último, Aldai acusó al ex alcalde de Arrasate, José María Loiti, de ser "el cerebro de esta increíble operación", a quien vinculó con su "amigo íntimo Javier Guibert", poniéndole también así a este último bajo sospecha.

Ante sus anteriores manifestaciones, Aldai aseguró que "yo siempre he dicho que el problema no ha sido que el promotor no haya querido negociar" y señaló que revisará lo que dijo entonces y "si no reconozco el buen talante del promotor, me retractaré".

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