Diario de Noticias de Gipuzkoa

Los suministradores plantean dudas sobre cómo aplicar el "canon ecológico"

los padrones deberían estar actualizados para saber el consumo por habitante

Donostia. Una vez que ya se ha aclarado, más o menos, a quién puede afectar el llamado "canon ecológico" previsto en la Ley de Aguas, la duda que surge es cómo llevarlo a cabo. Sólo la creación de la Agencia Vasca del Agua consigue el aplauso de dos de los responsables de las entidades que tratan y distribuyen el agua en Gipuzkoa. El resto de los puntos de la nueva norma suscita controversias.

El director gerente del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, Iñigo Elosegi, y el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, Enrique Noain, coinciden en señalar que este ente público, que regula este recurso, permitirá ordenar las competencias y facilitar el trabajo administrativo de cara al usuario.

Más allá va el gerente de la Mancomunidad de Aguas de Txingudi, Miguel Angel Muñagorri, quien, aunque declina hacer declaraciones respecto a este tema, resume su posición contraria a la Ley de Aguas con el calificativo de "injusta".

En cuanto al famoso impuesto de pagar seis céntimos de euro por litro cúbico que una persona consuma diariamente de más a partir de 130 litros cúbicos, las posturas cambian.

Aunque al presidente de Aguas del Añarbe no le compete hacer efectivo el canon, puesto que la Mancomunidad suministra el agua en bruto a los ayuntamientos, mantiene que "no hay que asustarse". "Es una tarea con alguna dificultad técnica, pero factible", afirma.

Un obstáculo con el que se pueden encontrar los suministradores finales del agua es conocer, realmente, cuál es el número de personas que reside en un domicilio, puesto que, desde la aprobación de la ley, la factura deberá tener en cuenta ese dato para aplicar el impuesto.

medidas "Puede que haya la tentación de aplicar unas medias generales en los municipios, pero eso sería aguar, nunca mejor dicho, el espíritu de la ley", afirma el responsable de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe. En cambio, para el director gerente del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa este asunto no está tan claro. "Es de difícil aplicación", asevera rotundamente.

Elosegi critica que todavía no está detallado cómo va a realizarse la aplicación del impuesto. "Puede que primero cobremos, y luego el usuario vaya a la administración a demostrar que no ha consumido tanto", plantea como una posibilidad.

Pero ésta no es la única duda que a Elosegi le suscita la normativa. "Si hay que hacer una factura nueva para el impuesto, al final nos costará más realizar ese extracto que la recaudación que se obtenga", señala. El director gerente estudia esta opción porque, según recuerda, la legislación actual no permite meter dos conceptos en el mismo recibo.

Elosegi coincide con Muñagorri en que la ley tiene algo de injusta, más concretamente, el impuesto. Para este experto "no es de recibo" que localidades como Tolosa tengan que pagar igual que Zumarraga cuando no tienen la misma garantía de cantidad y calidad de abastecimiento. "Es un canon un tanto insolidario. No todos los municipios tienen la calidad de suministro como en el Alto Urola, donde incluso la depuración ya ha sido finiquitada".

En realidad, todavía no se ha concretado cómo se va a controlar el número de personas que viven en cada domicilio para detallar la factura y el consumo.

En opinión de la parlamentaria socialista Natalia Rojo, quien ha contribuido a la negociación del texto que fue aprobado el viernes, los instrumentos de control "se irán creando conforme se desarrolle el reglamento interno de la Agencia Vasca del Agua". Rojo confía en que los ciudadanos "ayuden, en la medida en que a ellos también les puede repercutir". Por ejemplo, en una vivienda donde sólo haya empadronados dos personas, pero habiten cinco, el consumo por individuo será mayor, ya que en lugar de dividir por cinco se realizaría por dos.

"Va a ser complicado. Necesitaremos la implicación activa de las instituciones y los ayuntamientos", indica la parlamentaria. Otro punto será el control del agua consumida por los agricultores, comercios e industrias. Muchos se tendrán que enfrentar a dar cuenta del gasto, cuando antes no tenían porqué. La ley contempla la colocación de contadores que eviten la no facturación de un agua que también se consume.

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