
Sede de la empresa de construcción en la que trabajan los dos empresarios arrestados.Foto: efe
vitoria. Agentes de la Policía Nacional trasladaron ayer a Madrid a los dos empresarios navarros detenidos el viernes en Pamplona acusados de pagar el impuesto revolucionario a ETA, según informaron fuentes policiales. Los dos arrestados pasarán mañana a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien había ordenado su detención a raíz de la investigación sobre la supuesta red de extorsión de la organización armada.
Los dos detenidos, socios de la empresa de construcción Azpíroz y Saralegui, habrían pagado en el mes de junio 64.000 euros a la banda terrorista, una cantidad que se corresponde con una deuda del año 2001. Nada más ser detenidos el viernes, los empresarios prestaron declaración ante los policías judiciales que se trasladaron desde Madrid para trabajar a las órdenes de Grande-Marlaska. A los dos arrestados se les imputa un delito de colaboración con organización terrorista.
Estos arrestos son consecuencia de la documentación incautada a los detenidos en la operación policial que se llevó a cabo simultáneamente en Gipuzkoa e Iparralde durante la madrugada del pasado martes, que se saldó con la detención de 12 personas. Concretamente, en el domicilio de Baiona de uno de los detenidos, José Luis Cau, la policía halló un recibo del cobro del impuesto revolucionario a dos empresarios por valor de 64.000 euros. Aunque el recibo estaba fechado este mes de junio, corresponde a una deuda de 2001.
Al margen de la perspectiva judicial, estas dos detenciones han desencadenado un revuelo político de consideración, que se mueve entre la indignación del tripartito vasco por el impulso político que ven en la decisión del juez -que tomó sin consultar a la Fiscalía- y el declarado desprecio que Jaime Ignacio del Burgo (UPN) manifestó ayer sentir por los dos empresarios extorsionados si se confirma que pagaron a ETA.
comprensión e indignación El Gobierno foral y la patronal navarra mostraron su comprensión hacia los dos empresarios navarros detenidos e insistieron en que más que culpables son víctimas. "Hay que ser respetuoso con las circunstancias personales de los extorsionados", dijo José Manuel Ayesa, tras indicar que la recomendación de la Confederación de Empresarios de Navarra "siempre es la de no pagar" a ETA, aunque apuntó que no se puede "demonizar de entrada" a los que lo hacen "porque viven con una presión y una angustia importante", algo que a su juicio "merece una reflexión".
Muy crítico con la actuación judicial se mostró el coordinador general de EB-IU, Javier Madrazo, para quien el arresto de los empresarios es "desproporcionado" y tiene "una clara intencionalidad política". Madrazo destacó que quienes pagan el chantaje a ETA "lo hacen siempre bajo coacción".
La presidenta de EA, Begoña Errazti, exigió "la liberación inmediata" de los dos empresarios y acusó al juez Grande-Marlaska de orientar sus acciones a "dinamitar el clima de confianza generado en la sociedad vasca".
En este sentido, el diputado jeltzale Emilio Olabarria recordó que "quien es víctima de un delito, en este caso de extorsión, no puede ser comitente de ese delito". "Sería un delito de comisión imposible por parte de quienes son víctimas del mismo. Por lo tanto, esta interpretación de delito de colaboración allegando fondos a banda armada resulta absolutamente desproporcionada por parte del juez", añadió.
discrepancias La tormenta política además arrecia al calor de informaciones que afirman que Marlaska apartó de la investigación al comisario general de Información de la Policía por entender que la ralentizaba. A partir de ese momento, el contacto fue un inspector jefe al que prohibió todo contacto con su superior. Estas informaciones se unen a otras que aseguran que un agente habría prevenido a ETA de una operación policial contra su red de extorsión. >agencias
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