
Dos pequeños jugaban ayer, en Donostia, con el agua.Foto: iban aguinaga
Donostia. El Parlamento Vasco aprobó ayer la Ley de Aguas que contempla un nuevo "canon ecológico" que grava el exceso de consumo. En el peor de los casos, y según detalla la parlamentaria socialista Natalia Rojo, el consumidor medio doméstico sumará cuatro euros adicionales al año en su factura del agua por persona. Con este impuesto, el Gobierno Vasco prevé recaudar nueve millones de euros que destinará a costear trabajos de prevención del origen de la contaminación del cauce de los ríos, así como a su restauración y conservación.
La norma contó con los votos a favor del tripartito (PNV, EA y EB) y del PSE-EE, 49 en total; mientras que el PP, EHAK y Aralar (24 votos) se mostraron contrarios a la ley.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Esther Larrañaga, presentó la normativa como una nueva forma de "gestión integral del agua", un recurso que calificó de "ecosistema frágil y complejo".
Esta intervención justificó la existencia de la Agencia Vasca del Agua, una figura creada por la ley y cuya función es regular este recurso. A este respecto, Larrañaga dijo que este ente público "será el organismo único para las labores de planificación hidrológica, gestión del dominio público y ejecución de obras hidráulicas de interés general".
Pero la consejera también se refirió al "canon ecológico", un impuesto de seis céntimos de euro por metro cúbico de agua consumido a partir de 130 litros cúbicos por persona y día, que tiene como objeto castigar los consumos excesivos. Por eso, abogó por compartir el agua "de forma equitativa" y por "asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales".
La consejera subrayó, además, que se trata de una ley "moderna y ambientalista" que incorpora los principios derivados de la Dirección Marco Europea, como el citado canon.
Sin embargo, el impuesto ha dado mucho de sí, tanto en el debate parlamentario, como fuera de él. ¿Cuánto dinero supone? La parlamentaria socialista Natalia Rojo aseguró ayer a este periódico que, "en el peor de los casos, una persona no pagará más de cuatro euros anuales". De este modo, una familia de cuatro miembros puede pagar un máximo de 16 euros adicionales. No obstante, hablamos del consumo doméstico.
En el caso de la agricultura y de la industria, el coste sería más alto. De ahí que el sindicato agrario EHNE se pronunciara ayer en contra de la Ley de Aguas, porque, en su opinión, tendrán que pagar entre 75 y 1.500 euros anuales. La razón estriba en que estiman que la actividad agraria oscila entre 80 y 1.500 veces lo satisfecho por el uso doméstico.
Rojo desmintió estas críticas porque recordó que la ley contempla "hasta un 90% de bonificaciones para los agricultores", siempre y cuando se utilicen las mejoras técnicas disponibles. "Si estas bonificaciones no hubieran sido aprobadas, el Gobierno Vasco recaudaría 15 millones de euros, pero se calcula que van a ser ahora 9 millones de euros que se invertirán en temas hidráulicos", defendió la parlamentaria socialista. También adelantó que la ley contempla el uso de contadores para los que hasta ahora no pagaban.
gestión integral Pero estos son sólo algunos de los puntos que deberán ser desarrollados por el Gobierno Vasco mediante las disposiciones necesarias, para lo que tendrá un plazo de un año tras la entrada de la ley en vigor, seis días después de su publicación en el BOPV.
Con todo, esta ley dota de regulación "integral" a las competencias en materia de aguas que el Gobierno Vasco adquirió en 1994.
Y es que la Agencia Vasca del Agua, que nace con "afán integrador", según el texto de la ley, incorporará a cualquier administración pública que desarrolle funciones en materias reguladas por la Ley de Aguas. Además, participarán en su asamblea de usuarios dos personas nombradas por el Parlamento Vasco.
En cuanto a los aspectos y el procedimiento para la declaración de las obras hidráulicas como de interés general en Euskadi, la norma indica que "no sólo las administraciones públicas, sino también las comunidades de usuarios, pueden instar a la iniciación de dicho procedimiento en el ámbito de sus competencias".
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