
Un hombre visita una muestra de consumo sostenible de agua.Foto: a.i.
Donostia. El Parlamento Vasco dará hoy un paso que obligará a muchos consumidores a cerrar el grifo, literalmente. Y es que el tripartito ratificará con el apoyo del PSE-EE la Ley de Aguas, una norma que no ha traído tanta cola como la Ley del Suelo, otro de los proyectos estrella del Gobierno Vasco, pero que sí ha desarrollado un concepto bastante polémico, el llamado "canon ecológico".
Mediante este impuesto los usuarios tendrán que pagar seis céntimos de euro por metro cúbico de agua que se consuma a partir de 130 litros por persona y día. Según los datos facilitados a este periódico, el consumo medio de agua de los guipuzcoanos, en base a las referencias que maneja el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, es de 135,85 litros por habitante y día. Por tanto, supera el límite establecido por la ley.
En teoría, este impuesto pretende que los ciudadanos hagan un uso más racional y sostenible de un recurso de primera necesidad como es el agua, según señaló en su momento la parlamentaria socialista Natalia Rojo.
Pero lo que es un hecho es que, según afirmó la propia parlamentaria, el canon es un "impuesto" que, previsiblemente, afectará a casi todos.
No es la única novedad que contempla la nueva ley. El Parlamento aprobará hoy la puesta en marcha de la Agencia Vasca del Agua, encargada de coordinar las actuaciones de todas las instituciones que tienen competencias en este ámbito.
medidas de protección De este modo, se ratificará un texto que, en su trámite parlamentario, no ha tenido casi sus modificaciones, desde que el PSE-EE llegara a un acuerdo con el tripartito.
Esta falta de modificaciones es lo que ha llevado a Aralar a aseverar que hoy votará en contra. La parlamentaria Aintzane Ezenarro explicó ayer que el texto se ha quedado "muy corto" porque ni siquiera contempla todas las medidas de protección establecidas en la directiva europea.
Aralar sólo ha conseguido introducir 11 de las 50 enmiendas que presentó. Por eso, acusó al tripartito de "haber ido a asegurarse el voto del PSE-EE" en lugar de "haber hecho esfuerzos por conseguir el respaldo de más grupos".
EHAK y PP votarán en contra, puesto que esa ha sido su postura desde el principio.
La formación abertzale considera que la norma "no sirve para proteger el agua", mientras que los populares advierten de que retira competencias forales, es un instrumento para cobrar más a los ciudadanos y fomenta el centralismo ejercido desde la Agencia Vasca del Agua.
Esas mismas reivindicaciones fueron llevadas ayer al pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa por el Grupo Popular a través de una proposición no de norma.
En su intervención, la juntera Regina Otaola denunció que el Gobierno Vasco lleva once años sin ceder la transferencia de medios, funciones y servicios en materia de aguas que, a su juicio, corresponde a las diputaciones. "No hay en el texto presentado por los nacionalistas vascos el más mínimo atisbo de legislar para preservar un bien escaso como el agua", criticó en el debate.
No obstante, como ocurrirá hoy en el Parlamento, la cámara guipuzcoana rechazó con 30 votos en contra la proposición, que sólo contó con el apoyo de los junteros populares.
Así que hoy los parlamentarios aprobarán una norma que nace con vocación de gravar el consumo de agua para reducirlo; no obstante, tendrá su reflejo en la factura.
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