
vitoria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite una querella del Foro Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, con motivo de la reunión que todos ellos celebraron el pasado 19 de abril. El tribunal considera que hay indicios de que el lehendakari actuó como "cooperador necesario" de los delitos de desobediencia y quebrantamiento de medidas cautelares supuestamente cometidos por los representantes de Batasuna.
La querella se refiere a la reunión que mantuvieron el lehendakari y los dirigentes de Batasuna en el marco de la ronda de partidos que convocó Juan José Ibarretxe tras anunciarse el alto el fuego de ETA. La resolución, que incluye un voto particular discrepante, llega en un momento especialmente sensible, apenas diez días después de que el PSE-EE anunciara una próxima reunión con la izquierda abertzale.
De hecho, el Foro Ermua emitió ayer un comunicado informando de que ha requerido por escrito al líder del PSE-EE, Patxi López, y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que "anulen cualquier reunión, pública o privada con Batasuna por ser un acto presuntamente delictivo". Un comunicado que concluye con la advertencia de que este colectivo "no tiene ninguna intención de detener sus actuaciones en todos los ámbitos".
Aunque los socialistas vascos declinaron ayer valorar la decisión del TSJPV, el ministro de Justicia declaró en Vitoria que este tipo de acciones no pueden "despistar" al Gobierno en su camino por lograr la paz definitiva. Juan Fernando López Aguilar, que ayer clausuró un congreso de Jueces para la Democracia en la capital alavesa, rehusó valorar las posibles consecuencias que tendrá la admisión a trámite de la querella en futuros encuentros con Batasuna, como el anunciado por el PSE, ya que, en su opinión, las resoluciones judiciales se producen todos los días, pero el Gobierno no debe "dejarse perturbar" en la búsqueda de la paz.
En este sentido, el titular de Justicia diferenció el trabajo que debe realizar la judicatura y el que le corresponde al Ejecutivo. "Los jueces interpretan y aplican la ley con independencia, pero nosotros también tenemos un trabajo que hacer", matizó López Aguilar.
base La resolución judicial toma como sustento la sentencia de ilegalización de Batasuna y la suspensión de actividades ampliada por la Audiencia Nacional en enero de este mismo año. La Sala de lo Civil y Penal entiende que el lehendakari se reunió con Otegi, Barrena y Petrikorena compareciendo éstos "en nombre de Batasuna y no en el suyo propio como personas físicas y que [la reunión] no hubiera podido tener lugar sin el consentimiento y concurso del lehendakari, enterado, al igual que el resto de los querellados, de la disolución de Batasuna".
La mayoría de la Sala de lo Civil y Penal desestima la imputación de delitos de prevaricación, reunión ilegal y denegación de auxilio -que también solicitaba el Foro Ermua-, pero entiende que los hechos revisten "en términos indiciarios, significación delictiva" y ordena la instrucción de un sumario por supuestos delitos de desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar.
De este auto disiente una de los cinco magistrados de la Sala, Nekane Bolado -instructora del caso Atutxa -, que considera en su voto particular que "lo único que se deduce es el ánimo del lehendakari de escuchar, se recoge en su literalidad, las distintas sensibilidades políticas vascas en un momento y situación trascendental", entendiendo que la ilegalidad de Batasuna "no convierte en ilegal" la asistencia a reuniones con personas "que habiendo pertenecido al partido ilegalizado siguen representando un planteamiento político".
Conocida la decisión del TSJPV, fuentes de Lehendakaritza evitaron hacer mayores comentarios al respecto para asegurar que el Gobierno Vasco "no va a renunciar al diálogo y al encuentro para construir entre todos la paz y la normalización política". La otra parte querellada, Batasuna, subrayó en un comunicado "la gravedad de esta nueva actuación judicial" y responsabilizó de esta situación a la Ley de Partidos.
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