Diario de Noticias de Gipuzkoa

Martes, 23 de mayo de 2006

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Editorial

Normalidad democrática

ENIENDO en cuenta lo apretado del resultado tras el referéndum sobre la independencia de Montenegro, es evidente que las opciones estaban muy divididas entre los ciudadanos montenegrinos pero que el resultado favorable a la independencia es no sólo indiscutible, sino reconocido por la Unión Europea, que se encargó de establecer las reglas del juego. Pero el debate de fondo es el hecho de que un país que está a las puertas de entrar a formar parte de la UE haya podido celebrar con toda normalidad un referéndum para decidir su estatus, después de tres años de debates y acuerdos sobre la naturaleza de la consulta, la forma de abordarla y las garantías de su resultado. El referéndum de Montenegro ha sido un triunfo de la democracia, pero también de la vía de la negociación y el acuerdo para pactar procesos de cambio consensuados. La independencia de Montenegro ha sido el último paso de la desmembración de una realidad artificial, la antigua República de Yugoslavia, que se ha desarticulado como un castillo de naipes, en unos casos de forma traumática (Bosnia y Croacia) y en otros (Eslovenia y Montenegro) después de haber primado la radicalidad del derecho democrático. Por más que Javier Solana
, escrupulosamente respetuoso con el ejercicio del derecho de decisión de Montenegro, calificase ayer de "delirium tremens" comparar el caso montenegrino con el debate sobre el modelo de Estado español, este referéndum da pie al debate sobre el derecho a decidir, sobre la legitimidad de su ejercicio. Un debate que tarde o temprano habrá que abordar y encauzar. Otra cosa es que los pasos hayan de ser pactados y con la implicación de todas las sensibilidades políticas y sociales del país. Y si ese debate está condicionado a que se le busque un encaje jurídico en el marco constitucional -límite puesto por Zapatero en el mitin del domingo-, habrá que modificar si fuera preciso las reglas del juego para que no impidan la normalidad democrática de una iniciativa semejante. Y si Euskadi o Cataluña no tienen nada que ver con Montenegro, aunque no sería justo aplicar una equiparación automática y paralela, tampoco son realidades de otro planeta. Lo que ha quedado claro es que en el seno de la UE está abierto el debate jurídico-doctrinal sobre el derecho a decidir.