Diario de Noticias de Gipuzkoa

España y Bolivia acuerdan negociar la nueva situación de la petrolera Repsol YPF

el gobierno andino califica de "irreversible" la nacionalización de los hidrocarburos

El Ejecutivo español asegura que Morales se compromete a ofrecer "garantías y seguridad jurídica al proceso"

MADRID. Los gobiernos de España y Bolivia acordaron ayer iniciar una negociación sobre las consecuencias para la empresa petrolera hispano-argentina Repsol YPF de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos decretada por el presidente Evo Morales.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, que encabeza la delegación oficial enviada por España a La Paz para abordar esta crisis con las autoridades bolivianas, anunció tras reunirse con Morales el inicio de un proceso de "diálogo y negociación", al tiempo que el Gobierno del país andino garantizó que la nacionalización no se extenderá a otros sectores.

Tras el encuentro, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, aseguró que la nacionalización de los hidrocarburos es "irreversible" y aseguró que de llegarse a un acuerdo con las empresas petroleras sobre su nueva situación en el país andino, gozarán de seguridad jurídica y rentabilidad.

En Madrid, el PP decidió dedicar a las consecuencias que para España tiene la nacionalización de los yacimientos bolivianos siete de las nueve preguntas que el próximo miércoles formulará al Gobierno en la habitual sesión de control del Congreso de los Diputados.

Al término de una reunión con Morales que duró casi tres horas, Bernardino León afirmó que las autoridades bolivianas han asumido el compromiso de ofrecer garantías y seguridad jurídica a un proceso que se va a desarrollar "al más alto nivel".

El secretario de Estado reiteró que España desea agotar la vía diplomática para alcanzar un pleno acuerdo con Bolivia en este asunto y subrayó que existe "muy buena sintonía entre los dos gobiernos".

Según León, el proceso de discusión establecido ayer con Morales coincidirá con el plazo de 180 días que fijó el decreto presidencial del lunes para que las petroleras se adapten a las nuevas reglas de juego.

Preguntado sobre si el Gobierno aconsejará a Repsol YPF, respondió que "la decisión de quedarse corresponde a las propias empresas", aunque la esperanza del Ejecutivo "es que la empresa se quede y siga trabajando por y para Bolivia".

Ante la situación creada por la iniciativa de Morales, el líder del PP, Mariano Rajoy, preguntará al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control del próximo miércoles, "qué acciones ha realizado el Gobierno español para defender los intereses españoles en Bolivia".

En todo caso, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, lamentó que el PSOE haya prestado apoyo públicamente a Morales, quien, en su opinión, "se lo ha pagado con la ocupación militar" de las explotaciones petrolíferas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que el Ejecutivo agotará "hasta el límite máximo" las vías diplomática y política con Bolivia hasta encontrar un solución que "proteja y respete" los intereses de las empresas españolas y que "pueda satisfacer también" la decisión de Evo Morales. De la Vega confió en que el Ejecutivo español no tendrá que "recurrir a ninguna otra medida" y añadió que, pese a que "la opción de este momento" es la de agotar las vías diplomática y política, "no hay que descartar nada".

diplomacia El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien reiteró el mensaje del Gobierno y afirmó que la mejor vía para resolver el conflicto es la diplomática.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, aseguró que el Gobierno va a analizar en detalle el decreto del Ejecutivo boliviano antes de adoptar cualquier medida, pues quiere contar con un "diagnóstico certero" de la situación para proteger adecuadamente las inversiones españolas.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, criticó la reacción "alarmista" del Gobierno ante la decisión de Morales y opinó que la política exterior con América Latina debe "respetar la soberanía de los pueblos y acompañar los cambios", buscando imponer "los intereses generales de los ciudadanos a los intereses económicos de las empresas privadas". >EFE

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