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Desde la Avenida de Tolosa

Los ocho tirones de orejas

Por Adolfo Roldán - Miércoles, 14 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó ayer a España al considerar suficientemente probado el “trato inhumano y degradante” que sufrieron Igor Portu y Mattin Sarasola, acusados del atentado contra la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que fallecieron dos súbditos ecuatorianos. La Corte europea entiende que España vulneró el artículo 3 de la Convención Europea, que prohíbe la tortura, al no estimar la denuncia formulada por ambos detenidos y practicar la investigación efectiva que era de rigor. La resolución europea es la primera sentencia que atiende a las lesiones sufridas y no solo a la falta de investigación. No califica las heridas de torturas “por falta de pruebas concluyentes”, pero las considera “trato inhumano y degradante”, y reprocha la falta de investigación de los tribunales españoles implicados. La sentencia de Estrasburgo obliga al Estado español a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros respectivamente a los dos denunciantes por “daños morales”. La condena ha sido formulada por unanimidad de los siete magistrados, no así la cuantía aprobada por cuatro votos contra tres. Este fallo confirma la sentencia emitida en diciembre de 2010 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa al considerar probado que cuatro de los guardias civiles que formaban parte del operativo de quince agentes de los GAR, trasladaron a los dos detenidos a una pista forestal de Arrasate y allí los insultaron, amenazaron de muerte y golpearon. La Audiencia los condenó a penas de dos a cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación. El Tribunal Supremo los absolvió en noviembre de 2011 y finalmente el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de los denunciantes, que decidieron acudir a Europa. Se trata del octavo tirón de orejas que Estrasburgo da a la justicia española por no investigar las denuncias de torturas desde que España firmó el Convenio de Derechos Humanos. El Gobierno central, las FSE, el Supremo y el Constitucional están obligados a tomar buena nota.

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