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macrojuicio por presunta corrupción en gasteiz

La defensa del exviceconsejero niega irregularidad en contratos con trama De Miguel

El letrado de Larrañaga se ha adherido a la petición de nulidad de toda la instrucción

Martes, 9 de Enero de 2018 - Actualizado a las 15:49h

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Vista de la parte acusada del llamado "Caso de Miguel", que ha comenzado esta mañana en la Audiencia de Álava, un macrojuicio que cuenta con 26 imputados ex altos cargos del PNV alavés

Vista de la parte acusada del llamado "Caso de Miguel", que ha comenzado esta mañana en la Audiencia de Álava, un macrojuicio que cuenta con 26 imputados ex altos cargos del PNV alavés (EFE)

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  • Vista de la parte acusada del llamado "Caso de Miguel", que ha comenzado esta mañana en la Audiencia de Álava, un macrojuicio que cuenta con 26 imputados ex altos cargos del PNV alavés

La defensa del exviceconsejero del Gobierno Vasco Gurutz Larrañaga ha asegurado hoy que está imputado en el "caso De Miguel" por ser el "más alto cargo" relacionado con lo que se juzga, no porque exista "ninguna irregularidad" en los contratos suscritos con empresas de la supuesta trama delictiva.

Vitoria. El macrojuicio por presunta corrupción que ayer arrancó en la Audiencia Provincial de Álava en el que están imputadas 26 personas, entre ellos el que fuera número dos del PNV en Álava Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía pide 54 años de cárcel por liderar un trama de cobro comisiones ilegales, ha continuado hoy con las cuestiones previas planteadas por las partes.

Ayer fue el turno de los abogados de 12 de los 26 acusados y también de la Fiscalía y hoy han continuado interviniendo otros de los letrados, entre ellos el del que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud entre julio de 2003 y 2009.

El letrado de Larrañaga se ha adherido a la petición de nulidad de toda la instrucción solicitada ayer por la defensa de De Miguel y a la que se están sumando también el resto de los imputados.

Además ha asegurado que el exviceconsejero, para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel por autorizar diversos contratos con empresas de la supuesta trama corrupta en el área de Juventud, está en la causa por su cargo, "no porque exista ninguna irregularidad y mucho menos penal achacable a él". "No hay ninguna prueba de cargo contra él", ha resumido.

Ha subrayado que en la instrucción su cliente fue interrogado por 20 contratos y "todos tenían una explicación". Además ha remarcado que en ninguno de ellos "ha existido ninguna duda de los sucesivos controles que tiene el Gobierno Vasco".

También ha dejado claro que en el funcionamiento del Ejecutivo el viceconsejero autoriza los contratos a propuesta de un director y ha añadido que después tiene que haber una firma para la disposición del dinero y del pago, y que todo ello no es competencia suya sino de las direcciones.

Precisamente en esta causa está también imputado el director de Juventud entre 2003 y 2009 Francisco Javier Sánchez Robles para quien la Fiscalía pide 18 años de cárcel por supuestamente servirse de su cargo para favorecer a la red de empresas lideradas por De Miguel.

El abogado de Sánchez Robles ha censurado la acusación "vaga e inconcreta" contra su defendido y ha pedido en su turno de alegaciones que declare en el procedimiento la que fuera consejera de Cultura en esa época, Miren Azkarate.

Al igual que ayer, los diferentes letrados han reiterado las "deficiencias" e "irregularidades" supuestamente cometidas en la obtención de pruebas, especialmente en la "extralimitación" de los agentes de la Ertzaintza a la hora de extraer información y correos electrónicos de los ordenadores de los acusados.

También han hablado de la ruptura de la cadena de custodia de la grabadora aportada por la abogada Ainhoa Alberdi, que denunció a De Miguel por la reclamación de una supuesta comisión ilegal, hecho que dio origen a este proceso.

Varios letrados han arremetido contra el escrito de acusación del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, especialmente por la imputación genérica de delitos, como el de asociación ilícita. También han denunciado el desarrollo de una instrucción "sin garantías", donde se ha buscado "blanquear" y "meter en la causa" lo obtenido de forma "no confesable".

Todos los letrados de la defensa han coincidido en pedir que los imputados declaren al final de procedimiento y algunos han reclamado la prescripción de delitos.

En la sesión de hoy el tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia también ha resuelto ya algunas de las cuestiones previas planteadas ayer. Así, ha aceptado las testificales pedidas por el fiscal, entre ellas la del ertzaina que participó en la cadena de custodia de la grabadora de la abogada que destapó el caso.

El tribunal ha concluido asimismo que el imputado Jesús Arruti Odriozola está en condiciones de acudir a las vistas en esta fase de alegaciones previas y que después se revisará su situación tal y como ha reclamado su abogada, que ha incidido en la mala salud del acusado.

La vista continuará el próximo jueves.

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