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El espejismo del diálogo social

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 7 de Enero de 2018 - Actualizado a las 08:52h

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En los últimos tiempos, quizás como contrapunto a lo que está ocurriendo en Catalunya, algunos dirigentes institucionales y políticos vascos están destacando de manera reiterada la situación de estabilidad de la que goza el país y de que el diálogo y el acuerdo esta siendo posible entre los vascos, olvidándose de que ese seny no puede generalizarse en su totalidad y solo se puede circunscribir al ámbito de la política porque en el socioeconómico y laboral todavía estamos a años luz de poder hablar y pactar.

Las patronales y los sindicatos vascos llevan exactamente un año sin sentarse en torno a una mesa no ya para acordar algo, sino simplemente para analizar la situación socioeconómica del país tras la recuperación de la economía que se está produciendo y la calidad del empleo que se está creando cuyas condiciones laborales son mucho más pobres de las que eran en 2007, es decir, antes de la crisis.

Parece que las patronales y a los sindicatos vascos están más interesados en dedicarse a mirarse a su propio ombligo y a defender sus propios intereses que a mostrar alguna preocupación por lo que está sucediendo en el mundo de la empresa y en abordar que las condiciones de trabajo sean acordes a los ritmos de recuperación que se están produciendo.
Qué es lo que está pasando en este país para que un año después el Acuerdo Interprofesional en relación con la estructura de la Negociación Colectiva en el ámbito de la CAV firmado por la patronal Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT para blindar el marco de los convenios vascos frente a los de ámbito estatal y tratar de impulsar la negociación colectiva en Euskadi se haya convertido en un mero espejismo. Algo que pudo ser y nunca existió, después de 18 años de ausencia de diálogo social.

Por qué ni Confebask ni ninguno de los cuatro sindicatos, tanto en conjunto como por separado, no han reivindicado nunca a lo largo de todo este año la continuidad de este acuerdo, que abrigó muchas esperanzas sobre la recuperación del diálogo social, y que ha quedado para la posterioridad como una inservible e inoperativa resolución publicada en el Boletín Oficial del País Vasco del 16 de febrero de 2017.

Por qué los firmantes de ese acuerdo no dicen nada cuando el año 2017 ha sido un ejercicio donde la negociación colectiva en el ámbito vasco ha sido prácticamente inexistente hasta el punto de que hasta el pasado mes de noviembre, según los últimos datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), los nuevos convenios sectoriales de ámbito estatal con incidencia en la CAV suscritos sin la participación directa de las patronales y sindicatos vascos afectan a más trabajadores que los acordados por estos agentes en Euskadi. En concreto, 38.416 empleados acogidos a 37 pactos estatales frente a los 21.137 amparados en 15 acuerdos de ámbito vasco, según los últimos datos del mes de noviembre.

Si esta es la realidad que se viene repitiendo desde hace varios años, tanto Confebask como los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT están obligados a responder públicamente porque el 17 de enero del año pasado firmaron un acuerdo con cinco artículos, en donde, en concreto, en el tercero se reconoce “la prioridad aplicativa de los convenios y acuerdos sectoriales e interterritoriales suscritos en Euskadi, sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal preexistente o posterior a la firma de este acuerdo interprofesional” y se comprometieron a poner en marcha una comisión mixta interpretativa de la que nunca más se supo.

Llama la atención esta especie de omertá en la que se han conjurado Confebask y los sindicatos vascos para dejar en agua de borrajas algo que sigue demandando la sociedad y, sobre todo, los trabajadores vascos. Este intencionado secuestro del diálogo social viene a colegir que cada uno de los agentes se sintió en la obligación de firmar un acuerdo en el que no creían desde el principio. Bien, como es el caso de Confebask, para neutralizar el protagonismo de organizaciones emergentes y quemar una iniciativa en la que, precisamente, estaban realizando gestiones para romper con la inacción de los agentes sociales, o en el caso de los sindicatos, sobre todo, entre los abertzales, para intentar destruir el estigma de su aversión al diálogo social, sobre todo cuando la patronal no había puesto condiciones previas para participar en la convocatoria.

Un año después la patronal vasca sigue cómoda en esta ausencia de negociación colectiva propiciada por la reforma laboral de 2012, e incluso promueve nuevos escenarios de diálogo a nivel de empresa para evitar la influencia sindical, mientras que los sindicatos, como en el caso de ELA, se convierten un fin en sí mismo y en defensa de sus intereses como organización, un LAB que no acaba de encontrar su hueco y parece estar a la sombra de la central mayoritaria, un CCOO que desde la salida de Unai Sordo para ocupar la secretaría general en Madrid parece que no existe, y una UGT que hace tiempo que está desaparecida en Euskadi. Del mismo modo se ha echado en falta un mayor y decidido protagonismo del Gobierno Vasco, tan proactivo en el pasado a favor del diálogo entre los agentes sociales.
Con esta situación, plantear a día de hoy la necesidad de que entre los agentes sociales de Euskadi se alcance un Pacto de Estabilidad en el Empleo suena desde todo punto de vista ingenuo. No porque no sea necesario, teniendo en cuenta la necesidad de recuperar la confianza y establecer un marco de referencia en las relaciones laborales para que las condiciones de trabajo se vayan mejorando de acuerdo a la recuperación que están teniendo las empresas, sino porque parece que no forma parte prioritaria de la agenda con la que actúan a día de hoy todos los agentes sociales.

Por otro lado, la inversión por valor de 15 millones de euros que ha hecho el Gobierno Vasco para adquirir el 1,24% del capital de CAF con el objetivo de “garantizar el crecimiento de la economía vasca y el arraigo de las empresas vascas con potencialidad tecnológica y de internacionalización”, en palabras de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, tiene más de efecto en lo que puede suponer del inicio de un cambio en la política industrial llevada hasta ahora por el ejecutivo de Vitoria que para la propia empresa, que seguirá con su consolidada línea de crecimiento fuertemente internacionalizada y que cerró 2017 con una cartera de pedidos en torno a los 6.200 millones de euros, que fue el récord de ventas alcanzado el año anterior.

Este 1,24% del capital de CAF que ha adquirido el Gobierno Vasco no va a suponer ningún efecto en el control, el seguimiento y el impulso de la actividad de CAF, ya que no le permite tener un asiento en el consejo de administración. Es más, tampoco le va a suponer reforzar su arraigo en el país porque el 26% del capital de CAF está blindado ante cualquier operación de compra, ya que pertenece a Cartera Social, una sociedad instrumental tenedora de las acciones propiedad de los trabajadores del fabricante ferroviario. Un claro y modélico ejemplo de la participación de los trabajadores en la empresa, probablemente, el único que existe en este momento en Euskadi de esta magnitud.

El Gobierno Vasco tendrá que dar explicaciones sobre las razones de esta operación que, sobre el papel no tiene ningún sentido, salvo que sea para hacer un favor al vendedor, cuando hay otras empresas más necesitadas de este tipo de actuaciones con base en los argumentos esgrimidos para justificar esta actuación.

Lo único positivo de la operación es que ese paquete del 1,24% que ha vendido Kutxabank, que ahora se mantiene con un 12,8% de las acciones, se queda en casa y no va a parar a un inversor desconocido al ser CAF una empresa cotizada. Hemos conocido desinversiones de Kutxabank en empresas estratégicas de este país que han ido a fondos de capital riesgo con intereses fuera de Euskadi, provocando situaciones de inestabilidad en esas compañías. Falta por saber qué va a pasar cuando el banco vasco prosiga con su política de desinversiones obligado por la actuación de Bruselas de penalizar las inversiones industriales de las entidades financieras.

Detrás de esta operación puede estar el alejamiento de Euskadi de compañías estratégicas y, más en concreto, las consecuencias negativas que ha supuesto la adquisición de Gamesa por parte de la alemana Siemens, que en tan solo seis meses perdió el 50% de su valor bursátil y anunció el despido de 272 trabajadores, luego maquillado con prejubilaciones y bajas voluntarias, cuando la operación fue saludada desde el principio como una gran oportunidad para Euskadi por cuanto nacía un gigante en el sector eólico en el mundo. Si el Gobierno Vasco hubiera actuado como lo ha hecho ahora con CAF, probablemente, la situación a día de hoy hubiera sido diferente.

Seguimos sin saber de una manera clara qué es lo que de verdad ha pasado en Siemens-Gamesa y en razón a qué intereses de parte se vendió la empresa vasca, cuando estaba en su mejor momento, a la multinacional alemana. También tendrá que explicar Iberdrola, que posee el 8% de Siemens-Gamesa, los motivos de la reciente adjudicación al grupo danés Vestas –el gran rival de la eólica vasca– de un megacontrato de aerogeneradores de 184 MW por valor de 150 millones de euros.

Para el Gobierno Vasco, esta es la primera operación de un fondo de inversión público-privado en el que viene trabajando desde hace un año, pero que no termina de cuajar de manera concreta. Es más, hace un mes, la propia consejera Tapia aplazó la entrada de este instrumento, fervientemente demandado por los agentes económicos y empresariales de este país, a comienzos de 2019, cuando en, principio las previsiones se situaban a finales de 2017. De momento, cuenta con 30 millones de euros procedentes de la Administración a los que se sumaran otros 100 millones también de origen público. La parte restante hasta los 250 millones se espera que sean aportados por la inversión privada. Nunca es tarde. l

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