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Quosque tandem...

¿Qué va a ser de nuestras pensiones?

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 17 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 08:26h

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Si desde el Gobierno Vasco, diputaciones y partidos políticos no se actúa de manera decidida a favor de impulsar planes complementarios de pensiones ante la delicada situación en la que se encuentra el sistema público, que agotará el próximo año los 8.095 millones de euros que le quedan del Fondo de Reserva de las Pensiones cuando en 2011 contaba con 66.815 millones, por lo que el Estado tendrá que tirar de endeudamiento interno o impuestos para pagar las jubilaciones, la sociedad vasca estará cada vez más envejecida y será más pobre y menos atractiva para los jóvenes que tendrán que irse ante la perspectiva de una calidad de vida cada vez más depauperada.

Aunque pueda parecer alarmante este es el escenario que se presenta en el muy corto plazo, si no se toman desde hoy mismo las medidas adecuadas para de alguna forma mitigarlo, aunque de todas maneras llegaremos muy tarde para alcanzar un modelo de eficiencia y sostenibilidad que haga que los futuros pensionistas no tengan que apelar a la ayuda de sus hijos, al igual que les ocurrió a nuestros abuelos que dependían de sus descendientes para poder vivir dignamente los últimos años de sus vidas, ya que con las exiguas pensiones que cobraban no les llegaba ni para comer.
Según los expertos llevamos ya un retraso de 20 años y habría que pasar otros 30 años más para alcanzar una situación óptima a través de un modelo mixto en el que el sistema público de pensiones se complemente con las prestaciones de las EPSV de empleo en las que participan empresas y trabajadores al 50%. La diferencia con las EPSV individuales que promueven las entidades financieras es importante en su objetivo finalista, ya que en este modelo se rescata el capital invertido con sus correspondientes contribuciones tributarias a la Hacienda Foral que, de esta forma penaliza el ahorro destinado a la jubilación, mientras que las de empleo persiguen una renta mensual que complemente a la pensión pública.
Entre tanto, asistiremos a un incremento de la desigualdad social a la hora de la jubilación ya que la reducción de las nuevas pensiones prevista por el Pacto de Toledo a partir del año 2019, a lo que hay que sumar la pérdida de su poder adquisitivo que supone contar con una subida lineal anual del 0,25% y no vinculada al IPC -que ha cerrado noviembre con un aumento del 1,7% con lo que supone de pérdida de poder adquisitivo-, afectará fundamentalmente a los colectivos de rentas media y media-baja al tener una cotización inferior.
En un contexto en el que la crisis económica nos ha dejado un empleo precario y bajos salarios, los incentivos para poder realizar aportaciones a las EPSV de empleo se han reducido de manera importante, a pesar de que en el conjunto de la ciudadanía se tiene la convicción firme de que si en el futuro se quiere tener una pensión digna habrá que ir a un modelo mixto de complemento con el sistema público, en donde la actuación del Gobierno Vasco para incentivar este nuevo esquema debería de ser determinante por responsabilidad social.
¿Y qué está haciendo el Gobierno Vasco en esta materia? Hasta ahora, que se sepa, nada. Por mucho que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, haya manifestado que es necesario complementar las pensiones públicas y reforzar el sistema vasco de EPSV, en la que las de empleo son un referente no solo en el Estado, sino también en el mundo, el Ejecutivo de Vitoria lleva cinco años sin realizar ninguna política de impulso a estas entidades cuando en la Ley de EPSV de 2012 las calificaba de "preferentes". Es más, el Consejo Vasco de Previsión Laboral, desde su creación en mayo de 2016, solo se ha reunido una sola vez en este año y medio y fue para constituirse. Desde entonces está sumido en la más absoluta inactividad.
El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los partidos PNV, PSOE y PP han perdido también una magnífica oportunidad con la última reforma fiscal para de manera decidida impulsar un sistema complementario de las pensiones públicas a través de deducciones fiscales a las empresas para que contribuyan con sus aportaciones a los fondos de las EPSV de empleo, con el fin de potenciar estas entidades en vez de centrarse en la reducción de cuatro puntos en el tipo nominal del Impuesto de Sociedades que solo favorece a empresas de sectores como servicios, comerciales e intermediación, como, por ejemplo, construcción, banca, energía, que, curiosamente, en Gipuzkoa tiene un peso muy reducido.
Dónde está la estabilidad económica de la que han alardeado los firmantes de este acuerdo fiscal cuando se beneficia a unos pocos en una visión cortoplacista, como parece ser la norma de la actuación política en los últimos tiempos, sin querer utilizar la política fiscal para hacer un planteamiento a medio y largo plazo cuyo objetivo sea seguir reforzando un país cohesionado socialmente y con menos desigualdad.
Por qué el Gobierno Vasco no mira al norte de Europa en su apuesta por un sistema complementario de pensiones a través de las EPSV de empleo como en el caso de Reino Unido, en donde las empresas están obligadas por ley a contribuir con una aportación mínima, siempre y cuando el trabajador también lo haga en los tramos que desee, Alemania, Holanda, Francia, y quiere formar parte de la cola de la UE con países como Portugal, España y Grecia.
Qué es lo que está pasando para que tanto los departamentos de Hacienda y Empleo y Políticas Sociales sigan sin ponerse a trabajar en un plan que suponga el impulso de las EPSV de empleo que son la única alternativa viable en este momento que garantiza la sostenibilidad de las nuevas pensiones en el futuro ante la merma de recursos que va a disponer el sistema público. No será porque en este país no tengamos los mejores instrumentos en este terreno como es el caso de Geroa Pentsioak EPSV, la única entidad de este tipo que existe en el Estado y que se ha convertido en un referente mundial de primer nivel.
Sin ir más lejos, hace unos días, Geroa ha sido galardonada con el premio de la revista IPE (Investment Pensions Europe) al mejor fondo español de pensiones, precisamente, por su carácter multisectorial y porque da acceso a una amplia capa de trabajadores que, de no existir esta entidad, no tendrían una cobertura adicional a la pensión pública. Al margen de reconocer la muy buena gestión del fondo con unas rentabilidades del 5,76% en el primer año, 6,75% en tres años, 9,83% en cinco y 5,58% en diez.
No es la primera vez que se reconoce en Europa el importante papel de Geroa en este campo, ya que en el año 2014, en la primera vez que se presentaba a este galardón, obtuvo el mismo premio y en 2016 consiguió ser finalista. De las tres veces que Geroa, que cuenta con 256.104 socios y tiene un patrimonio de 1.872 millones de euros, se ha presentado a este certamen, en dos ocasiones ha conseguido el primer premio y en una ha quedado finalista.
El bloqueo de la negociación colectiva en Euskadi, como consecuencia de la última Reforma Laboral, -otro ejemplo más del coste de dependencia-, está provocando que tanto las empresas como los sindicatos no estén preocupados en seguir asegurando la continuidad en las aportaciones a Geroa echándose la culpa unos a otros, mientras que el Gobierno Vasco decide no actuar para evitar entrometerse en este terreno. Pero la realidad es muy tozuda. Según datos del Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL) de los 105 convenios sectoriales que se negociaron en la CAV en 2016, sólo en 24 se acordaron cláusulas para realizar aportaciones adicionales a las prestaciones de la Seguridad Social. Curiosamente, todos menos dos, afectaban a trabajadores guipuzcoanos.
El objetivo de Geroa es alcanzar un complemento del 20% del último salario base de cotización del trabajador pagadero en forma de renta vitalicia que, a día de hoy, supone una prestación de 180 euros con una revalorización mínima del 0,50% a lo que hay que añadir la participación en beneficios de los resultados de la entidad que en 2016 fue de un 2%. Si en términos generales este complemento es importante en un estado de suficiencia del sistema público de pensiones, en los próximos años cuando se empiecen a bajar las nuevas prestaciones públicas estos abonos de Geroa servirán para reducir y amortiguar en un 50% la diferencia. Que no está nada mal.

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