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“La Diputación suprimió la AGI porque no contribuía a la inserción social”

Esta ayuda la habilitó el Ejecutivo de Bildu en 2012 cuando se empezó a pedir tres años de padrón para la RGI

Sábado, 16 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. (Foto: Gorka Estrada)

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  • La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

Donostia- De los 320 expedientes con documentación falsificada detectados en la investigación del fraude de las ayudas sociales, 215 se corresponden a la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), una prestación creada por la Diputación de Gipuzkoa de Bildu en la anterior legislatura y que el actual Gobierno de Markel Olano decidió suprimir “porque no contribuía a la inserción social”, como recordó ayer la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

La AGI entró en vigor en julio de 2012. Fue la respuesta del entonces diputado de Política Social, Ander Rodríguez, a los cambios en los requisitos para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que en diciembre de 2011 había pasado de ser gestionada por la diputaciones a convertirse en competencia del Gobierno Vasco a través de Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo decidió endurecer el requisito de empadronamiento de uno a tres años.

Como consecuencia, el Ejecutivo de Bildu consideró que 1.800 guipuzcoanos iban a verse afectados por los recortes, por lo que decidió poner en marcha esta prestación que, en un principio, podía ser solicitada con solo seis meses de empadronamiento. Posteriormente, se extendió a un año.

En 2016, cuando la Policía Nacional detectó ese “flujo migratorio clandestino” y la Diputación de Gipuzkoa, en manos ya del PNV decidió eliminarla, en el territorio había 1.400 perceptores que recibían una media mensual de 706,6 euros. Según aclaró ayer Peña, en el momento de la investigación la mayoría de los casos involucrados en el fraude “ya no percibían la AGI”.

A partir del 1 de julio de 2016 se dejaron de tramitar las solicitudes, comenzando el proceso de desaparición paulatino de esta prestación, que fue sustituida por el Plan de Inserción Social Elkar Ekin. La principal diferencia con la AGI, que vinculaba la ayuda al padrón, es que este apuesta por los procesos de inserción social.

“La Diputación ha colaborado activamente con la Policía y lo haremos con la Justicia”

Maite peña

Diputada de Políticas Sociales

“Estamos procediendo a la revisión de todos los expedientes de la RGI de esa nacionalidad”

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Recientemente, Maite Peña daba algunos datos al respecto. Desde que se puso en marcha en junio de 2016, ha beneficiado a 3.000 personas, de las cuales 245 habían encontrado trabajo. Además, incluye ayudas económicas para aquellas personas y familias en proceso de inclusión social, con un importe máximo de 600 euros mensuales por beneficiario. Y para 2018, se va a realizar una inversión de 3,2 millones de euros en los seis primeros meses con los que se pretende aumentar la cobertura hasta llegar a los 4.000 beneficiarios.

Respecto al fraude, Maite Peña concluyó: “Hemos colaborado con la Policía, colaboraremos con la Justicia y, en el momento en que se resuelvan los procedimientos judiciales, esta Diputación actuará en consecuencia”.

mecanismos de controlEn el mismo sentido se pronunció ayer Borja Belandia, director general de Lanbide. “Las detenciones son consecuencia de una investigación iniciada en 2016, y en la que Lanbide colabora con la Policía. Ya en julio del pasado año, Lanbide suspendió cautelarmente los primeros expedientes presentados por ciudadanos pakistaníes ante la presunta falsedad de los mismos circunstancia que la investigación policial ha acreditado como cierta”, afirmó a través de un comunicado, en el que aclaró que, ante a cualquier sospecha, los documentos se cotejan con las propias embajadas. Belandia, quien anunció que Lanbide se va a personar en la causa por el fraude, destacó la importancia de la “colaboración interinstitucional, que permite erradicar comportamientos que generan alarma social y que perjudican gravemente a quienes más necesitan el apoyo de sus conciudadanos y al propio sistema”. Y añadió, en referencia la propuesta de reforma de la RGI que está pendiente de aprobación y que contempla medidas como que solo se pueda cobrar una RGI por domicilio y un límite de 1.200 euros por familia, que todo esto conllevará una mejora “de los mecanismos de control”.

Belandia también anunció que “se sigue la tramitación del expediente judicial donde se formularán las acusaciones correspondientes en defensa de los intereses generales”.

Finalmente, el director de Lanbide lamentó los “comentarios interesados que cuestionan el funcionamiento y objetivos de Lanbide cuando la realidad es que las personas profesionales del servicio vasco de empleo trabajan día a día para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía a la vez que desarrollan una eficaz actuación en la erradicación de comportamientos fraudulentos”. Con esto se refirió a las declaraciones de la parlamentaria del PP Laura Garrido, quien manifestó que el fraude destapado demuestra que Lanbide “no funciona”, por lo que pidió “urgentemente cambios”.

Elkarrekin Podemos, sin embargo, pidió “prudencia” y “responsabilidad” para no incurrir en discursos criminalizadores hacia las personas empobrecidas”. - A.U.S.

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