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El traspaso de la Seguridad Social

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 10 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 17:26h

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La ignorancia es por definición atrevida y se convierte en un sarcasmo ridículo cuando abandona la humildad y se manifiesta desde la arrogancia y la soberbia. Es lo que ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que confundiendo churras con merinas, ha rechazado la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, de extender el régimen del Concierto Económico Vasco y el sistema de Cupo al conjunto de las autonomías del Estado español, afirmando que rompía “la caja única de la Seguridad Social” (sic).

Semejante demostración de incultura política y expresión máxima de esa nueva cruzada antivasca que ha unido a lo más conservador del PP con lo más rancio y jacobino del PSOE ayudados por el joseantoniano Ciudadanos en contra del Concierto Económico y el Cupo me ha servido para recordar que los vascos vamos a seguir tirando de “privilegios” para seguir reivindicando el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Una de las 39 competencias que recoge una ley orgánica del Estado como es el Estatuto de Gernika, y que sigue sin transferirse por culpa de aquellos que tanto se aferran últimamente al estado de Derecho.

La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, “dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad”, tal y como se recoge en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika es uno de los objetivos prioritarios, junto con el traspaso de prisiones, para esta legislatura del Gobierno Vasco, formado por PNV y PSOE. Una presencia que parece olvidar la instigadora del golpe de estado interno en el PSOE de hace un año y la llamada a liderar ese partido por los poderes fácticos de una formación en la que la razón de Estado es un objetivo central, al margen de principios políticos y valores éticos.

Quieran o no el socialismo rancio y jacobino de Susana Díaz y Javier Fernández, el PNV va a poner encima de la mesa la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social en las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018. De momento, hasta que no se conozca el escenario político que va a quedar en Catalunya tras el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre, las conversaciones están en suspenso. El PP sabe perfectamente que el precio que tiene que pagar para que el Estado pueda contar con presupuestos el próximo año pasa por la transferencia a Euskadi de la competencia del régimen económico de la Seguridad Social.

La cuestión no es baladí porque la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social ha dejado de ser una reivindicación histórica pendiente desde la aprobación del Estatuto de Gernika a convertirse en una necesidad que se antoja vital para los vascos ante la necesaria reforma que debe afrontar el sistema público de pensiones. Es otra expresión más del coste de dependencia que sufrimos los vascos por la pertenencia a un Estado ineficiente.

La actual situación deficitaria de las pensiones en la que el PP ha ido tirando del Fondo de Reserva de las Pensiones hasta dejarlo, a final de este año, en 8.095 millones de euros cuando en 2011 contaba con 66.815 millones de euros, aconseja que la Seguridad Social sea transferida cuanto antes y pueda gestionarse desde Euskadi para ajustarse mucho mejor a las necesidades de sus ciudadanos, desde unos parámetros de sostenibilidad y eficiencia.

Simplemente se trata de que el sistema se encaje con la realidad vasca desde una gestión más eficaz y garantista al poner en la misma línea de actuación las políticas activas de empleo que desarrolla Lanbide y que tienden a la disminución de prestaciones por un aumento en la creación de puestos de trabajo como consecuencia de la reactivación económica, junto con las políticas pasivas y de prestaciones, en donde la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), -un complemento único en el Estado y que sale de los Presupuestos del Gobierno Vasco-, es un elemento referencial.

No quiere decir que el sistema de pensiones vaya a dejar de ser deficitario, porque la realidad vasca viene determinada por unas pensiones altas y una población envejecida. Se trata de una reordenación y racionalización de los recursos desde una visión de la realidad vasca en donde confluyen prestaciones que realiza la Seguridad Social con otros complementos que salen de las arcas de la CAV.

Todo ello en paralelo a la necesidad de promover alternativas sostenibles basadas en el fomento de la capacidad de ahorro de los ciudadanos que deben configurarse no solo como modelo complementario al actual sistema de pensiones públicas, sino también como una parte de la solución que debe ser fomentada e impulsada desde el sector público.

En Euskadi tenemos unos instrumentos únicos en el Estado como son las EPSV de empleo, en donde confluyen trabajadores y empresarios, que no están siendo aprovechados de la manera que las circunstancias lo están requiriendo por mor de unos prejuicios no entendibles y una falta de apoyo institucional que ven en ellas mas a unas entidades financieras al uso que a verdaderas herramientas sociales. Las EPSV de empleo son una alternativa posible, social, porque parte del consenso en términos de igualdad, y progresista porque los trabajadores no solo disponen de medios, sino deciden sobre sus ahorros.

Todo ello en un contexto donde la cultura de la previsión está muy desarrollada, tal y como lo acaba de poner en evidencia un estudio del BBVA, que afirma que el 32% de los vascos ahorra para complementar su pensión pública frente al 28% de la media del Estado. El 54% de los vascos lo hacen a través de planes de pensiones o EPSV, el 48% en depósitos y el 17% en fondos de inversión.

Se trata de poner los cimientos y asegurar los ingresos de los pensionistas para evitar que dentro de tres décadas la mayoría de los futuros jubilados puedan quedarse por debajo del umbral de pobreza en los mismos términos en los que se encontraban nuestros abuelos que necesitaban de las ayudas de sus hijos para poder vivir dignamente los últimos días de sus vidas, ya que las exiguas pensiones que cobraban no les llegaba ni para comer.

Y todo ello dentro del debate sobre la supuesta ruptura de la caja única de la Seguridad Social en donde los socialistas han puesto históricamente una línea roja para oponerse al traspaso de esta competencia. La conclusión, según los expertos, es que ni hay caja ni es única. Primero porque el principio de unidad de caja tiene un soporte legal en reales decretos que son de rango inferior al Estatuto de Gernika y a la Constitución por lo que no pueden interferir ni exigir más de lo que se establecen en estos dos textos legales básicos. En segundo lugar, porque en ella intervienen entidades gestoras con sus cuentas y patrimonios por separado que se consolidan y concluyen en la caja. A todo ello hay que sumar las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que colaboran con la gestión de la Seguridad Social y aunque no recauden las cotizaciones reciben la parte de cuota que les corresponde y gestionan las prestaciones de sus mutualistas por esos conceptos.

Desgraciadamente, los vascos tendremos la competencia de la Seguridad Social no porque no nos corresponda desde el rigor de un planteamiento legal, sino por estar a expensas de la voluntad política del partido gobernante en Madrid, una circunstancia determinada en estos momentos por la necesidad que tenga el PP de contar con presupuestos el próximo año y del coste que esté dispuesto a asumir por ello.

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