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Con la venia

La asignatura pendiente

Por Pablo Muñoz - Domingo, 3 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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se acerca el fin de año, y como viene siendo habitual desde hace lustros parece que se reactivan las movilizaciones de apoyo a los presos vascos. Entiéndase como presos vascos a todas las personas que en su día fueron condenadas por su pertenencia o vinculación a ETA y que todavía permanecen dispersas en prisiones españolas o francesas, en aplicación de una justicia vengativa que no solo castiga a quienes fueron sentenciadas sino también a sus familias. Históricamente, el fin de año reivindicativo contaba con movilizaciones aisladas y actos de recuerdo para culminar en la siempre multitudinaria manifestación de enero en Bilbo. Este año, como novedad, se va a intercalar una movilización el 9 de diciembre en París bajo el lema Paz en el País Vasco: ahora los prisioneros que, sin duda, tiene un trasfondo de mucho más calado que incluso la de enero en la capital vizcaina.

Lo cierto es que, a medida que va transcurriendo el tiempo y la sociedad vasca se va acostumbrando a la normalidad, el interés por el destino de los presos vascos se va borrando de las preocupaciones inmediatas de la gente. A estas alturas, de ese tema casi exclusivamente se ocupan y preocupan los directamente afectados ya sea por relación familiar, o por amistad, o por vecindad, o por vinculación política. Que sumados todos ellos no van mucho más allá de las decenas de miles que asisten a la manifestación y el resto de incombustibles que sin asistir la respaldan.

No parece creíble que Francia vaya a decidirse a desmarcarse demasiado de la política penitenciaria española

A pesar de esta progresiva indiferencia, debería considerarse una anomalía y una perturbación social seguir conviviendo con la realidad de varios centenares de personas que llevan decenas de años de cárcel a sus espaldas, y los que les esperan, alejadas de sus familias y de su entorno, sometidas a una revancha implacable por parte del Estado, que mantiene la dispersión, sigue sin excarcelar a personas gravemente enfermas y sin poder acceder al tercer grado.

Quienes convocan el acto del 9 de diciembre en París aseguran que la cita tiene una especial relevancia por los movimientos que, según aseguran, se observan en el Gobierno francés en materia penitenciaria. Para los convocantes, no cabe duda de que el Elíseo tomó buena nota del desarme de ETA el pasado abril, en el que colaboró de manera incuestionable. Asimismo, aseguran que se tomó en serio que el desarme era un punto de partida para poner fin al conflicto vasco en cuanto al territorio francés se refiere, y asumió que la política penitenciaria propia, y no acompasada con la española, podía contribuir a la paz definitiva. En consecuencia, perciben una distensión en la aplicación de beneficios penitenciarios, en el progreso de grados, en libertades condicionales, en permisos, en libre asignación de residencia y en el proyecto de concentración de todos los reclusos vascos en Mont-de-Marsan.

Para los convocantes, por tanto, es de especial trascendencia el acto del 9 de diciembre en París, que cuenta ya con el respaldo de 40 organizaciones políticas, sindicales y sociales, un centenar de personalidades, notables y electos de Iparralde. El apoyo unánime del Consejo de París y de todas las sensibilidades políticas de Iparralde, excepto el Frente Nacional, avalaría este incipiente movimiento del Gobierno galo respecto a la política penitenciaria. Afirman que esto ocurre en el Estado francés, donde se ha entendido que la paz simbolizada en el acto de desarme de ETA tiene su complemento en la solución al problema de las personas presas y sus justas reivindicaciones. No ha sido así en España, donde todavía se recela del desarme y donde los presos vascos son instrumento de chantaje, de ventaja electoral y venganza irrenunciable de acuerdo con el “que se pudran en la cárcel” de los alumnos de Mayor Oreja.

La convocatoria del 9-D añadirá presión a la nueva cara que dicen se vislumbra en la política penitenciaria francesa, y a la vez contribuirá al aislamiento y a la vergüenza del Gobierno español en esta materia. Un aislamiento ya evidenciado tras la aprobación del denominado Informe Bergeron en el Parlamento Europeo el pasado octubre, en el que se incluía una condena a la política penitenciaria de alejamiento que aplican algunos Estados miembros ya que “constituye un castigo añadido para las familias de los reclusos” y que vulnera el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cualquier caso, no parece creíble que Francia vaya a decidirse a desmarcarse demasiado de la política penitenciaria española.

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