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Quousque tandem...!

El coste de la dependencia

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 26 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 10:37h

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A pesar de reconocer que la reciente renovación de las Leyes del Concierto Económico y del Cupo por parte del Congreso de los Diputados es una gran noticia por lo que supone para Euskadi afrontar un quinquenio de tranquilidad y estabilidad financiera importantes para elaborar los Presupuestos de cada año, sin embargo el hecho de que las dos normativas hayan contado con la oposición del 10% de los diputados, -la más alta desde hace 36 años, donde la media de rechazo ha sido de un escaso 0,9% en las 16 votaciones que se han producido en el hemiciclo español, según cálculos del exconsejero de Hacienda, Pedro Luis Uriarte-, no deja de generar cierta preocupación si tenemos en cuenta el rearme ideológico hacia la derecha y el centralismo que se está produciendo en el Estado español.

Las descalificaciones que del Concierto Vasco y el Cupo hemos visto durante estos días por parte del joseantoniano Ciudadanos, los ejecutivos socialistas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias, a las que se han sumado en alegre corifeo las populares de Galicia y Castilla-León, tachándonos a los vascos de privilegiados y, por ende, insolidarios, ponen de relieve que ya no hace falta pedagogía para que entiendan lo que es esta herramienta de nuestro autogobierno, sino que es necesaria una acción política contundente.

El objetivo es claro, y reside en tratar de convencerles de que si el Concierto es tan bueno que lo reivindiquen para sus regiones y no hagan política de tierra quemada y tabla rasa.

A esos populistas que salen con el mismo mantra una y otra vez, sobre todo cada vez que hay elecciones como ha ocurrido ahora y pasó en 2015, habrá que recordarles que si el PIB per cápita de la CAV en 2016 fue de 31.805 euros anuales, el segundo más elevado del Estado y un tercio superior a la media española, es porque, al margen de una buena administración de los recursos públicos, los ciudadanos vascos tenemos la mayor presión fiscal derivada del riesgo unilateral de contar con una capacidad recaudatoria propia que hace que si vienen mal dadas no cabe el recurso al Estado, como lo hacen todas las comunidades autónomas.

Y ello sin contar que nuestra compensación económica del 6,24% a los gastos de las competencias del Estado no transferidas es mayor de la que nos corresponde, porque en función de la población vasca se fijaría en un 4,8%.

En Madrid el tipo marginal de IRPF es del 44,5%, mientras que en Euskadi es del 49%, en tanto que el Impuesto de Sociedades es del 25% para una empresa madrileña, mientras que una vasca tributaba hasta ahora, -a la espera del acuerdo fiscal que probablemente alcancen PNV, PSE y PP-, al 28%. Por no hablar de la inexistencia del Impuesto de Patrimonio y una importante disminución en el de Sucesiones.

Un estudio reciente del Consejo General de Economistas es claro en este sentido. Euskadi ocupa el décimo puesto en los países de la UE con un mayor gravamen en los impuestos personales que supone una presión fiscal del 49% por delante de Italia, Irlanda y Alemania. España ocupa el puesto 17 con un 46%.

No hay que confiar demasiado en el PP a tenor de la defensa acérrima que un sobrevenido foralista como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho del Concierto Económico, porque en ese partido y en el Gobierno, también hay detractores de nuestro autogobierno.

Montoro y el PP han hecho de la necesidad virtud y han aprobado la ley de Cupo después de seis años de prórroga y de marear la perdiz cuando su renovación debería haberse producido en el año 2011 a la expiración de la ley 2007-2011. Su situación de minoría parlamentaria y la necesidad de tener que contar con los votos de los cinco diputados del PNV, a lo que hay que añadir la situación generada en Catalunya, han provocado que en el PP hayan valorado el Concierto Económico como un elemento a preservar por lo que supone de engarce de Euskadi en el Estado.

Cualquier ataque al sistema de Concierto significaría abrir la espita de la secesión en Euskadi, algo de lo que son conscientes en Madrid.

Sin embargo, hasta el pasado mes de julio, el Estado ha utilizado durante 10 años una posición de dominio para, bajo la excusa de la existencia de una crisis económica y del alto déficit del Estado, no resolver la liquidación del Cupo y no fijar la base para los próximos cinco años, una cuestión que está tasada y respaldada por ley en el marco de una relación de bilateralidad con el Gobierno Vasco.

Esa situación es lo que el catedrático de Economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, llama “el coste de la dependencia”, es decir, lo que a los vascos y catalanes nos puede estar suponiendo pertenecer a un Estado que cada vez demuestra una mayor vocación recentralizadora en perjuicio de nuestro desarrollo económico. Una cuestión que a falta de su cuantificación no deja de ser baladí.

El fuerte impacto de la crisis de Catalunya está provocando en el Estado un corrimiento hacia la derecha a planteamientos que recuperan los viejos conceptos de la España una y grande dejando en el olvido propuestas de reforma y cambio. ¿Qué ha sido del concepto de España plurinacional planteada de manera táctica por el PSOE?

El potente poder del Estado ha tenido su mejor expresión recentralizadora en la aplicación del artículo 155 que ha supuesto la usurpación del autogobierno de Catalunya que, precisamente, en su primera puesta en vigor ha supuesto una interpretación de su espíritu que ha ido mucho más allá de lo que jamás pudieron pensar los autores de la Constitución. Y todo ello a coste cero y sin consecuencia política de ningún tipo.

Ese coste de la dependencia lo estamos sufriendo los vascos cuando desde el Estado nos limitan nuestros niveles de gastos e inversiones, la contratación de personal,
-que algunas veces se resuelven por la negociación política como ha ocurrido con la ampliación de la plantilla y reforzamiento como policía integral de la Ertzaintza-, o la contribución a la deuda estatal. Todo ello provoca que la distancia entre Euskadi y la región alemana de Baden-Württemberg, que debe ser nuestra referencia en Europa por su carácter industrial, cada vez sea mayor en términos de PIB y empleo al situarse en indicadores negativos en el periodo 2008-2015, según un estudio del Observatorio para el Desarrollo Socioeconómico de Euskal Herria Gaindegia. 
Esa dependencia nos ha obligado a convertir nuestras cajas de ahorro que eran un modelo de éxito de gestión y músculo financiero de nuestra economía en un banco por mor del latrocinio producido en estas entidades en el Estado, cuando el mismo sistema sigue existiendo en muchos países europeos;el agravio que padecemos en el coste eléctrico de nuestras empresas que sigue sin resolverse;el déficit en infraestructuras, donde destaca la ausencia de una red de alta velocidad cuando en el Estado vemos tramos que van a ninguna parte y estaciones sin viajeros. Las 37 competencias recogidas en el Estatuto de Gernika que siguen sin ser transferidas 38 años después, etc.

A ello hay que añadir el veto de Euskadi a participar en la toma de decisiones de una Europa donde mandan los Estados-nación para defender sus intereses y donde se producen situaciones como una reciente en la que las cuotas de pesca de los arrantzales vascos se mercadean a la baja para aumentar la captura de atún rojo por parte de los pescadores andaluces con total desconocimiento del Gobierno Vasco. Todo ello provoca un caldo de cultivo que es aprovechado por las multinacionales, como ha ocurrido ahora con Siemens y antes con General Electric o Arcelor Mittal, que deciden cerrar plantas o despedir a parte de sus trabajadores, ninguneando y engañando a las instituciones vascas en un claro desprecio a todos los ciudadanos a quienes representan. Alguien tendrá que explicar de manera clara qué es lo que de verdad ha pasado en Siemens-Gamesa y en razón a qué intereses de parte se vendió la empresa vasca, cuando estaba en su mejor momento, a la multinacional alemana.

Ante la posibilidad de que se ponga en marcha una contrarreforma en el Estado, cuya vigencia e intensidad dependerá de los resultados de las elecciones del 21 de diciembre en Catalunya, parece que se plantea como necesaria una reacción unitaria y solidaria de la ciudadanía vasca para blindar y evitar cualquier vulneración a nuestro autogobierno. Más vale prevenir. l

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