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Tribuna abierta

Los puntos ciegos de la euroagenda industrial

Por Joaquín Arriola - Viernes, 10 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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Dos trabajadores de una fábrica de Bizkaia, en una imagen de archivo.

Dos trabajadores de una fábrica, en una imagen de archivo. (Foto: Juan Lazkano)

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A finales del siglo pasado, la Unión Europea aportaba en torno al 25% de las exportaciones mundiales de productos industriales y si se cuenta el comercio entre los propios países comunitarios ese porcentaje se elevaba hasta el 45%.

Al tiempo que se ponía en marcha el euro, la irrupción de China en el comercio de productos manufacturados redujo el peso de las exportaciones comunitarias, que perdieron en torno a 5 puntos. Después, la crisis financiera de 2008 en Europa aceleró la crisis industrial europea, de modo que la presencia de los productos industriales europeos en el mundo cayó hasta el 18% en 2016.

Cuando España se incorporó a la UE en 1986, todos los países socios tenían un sector industrial manufacturero con un peso similar o superior al 20%, salvo Dinamarca, Francia y Grecia y Portugal. Hoy, los únicos que siguen manteniendo un peso superior a la quinta parte del valor de la producción anual son Alemania e Irlanda, a los que acompañan los países que conforman el taller de subcontratación y sede de subsidiarias de bajo coste de la industria alemana: Chequia, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia. La UE-15 (los países miembros antes de la ampliación al este) han pasado de tener un peso de sector manufacturero del 21% del PIB en la fecha en que se incorporó España -también con un 21% de industria en 1986- al 14% en 2016. En España el deterioro industrial ha reducido el peso del sector al 13%.

En esta coyuntura en que la UE no termina de definir una agenda coherente para los próximos años -quizá porque no ha sido capaz de entender todavía lo que ha ocurrido realmente en su más reciente pasado-, la Comisión plantea tomar medidas para definir una agenda industrial europea, con un objetivo cuantitativo, que el peso de la industria en la economía se eleve al 20%, eso sí, incluyendo en dicha sector no solo las manufacturas, sino también la minería y los sectores de electricidad gas y agua, que aportan unos dos puntos de PIB a ese objetivo.

La impostura de los discursos sobre la sociedad posindustrial y la capacidad generadora del mercado ha impedido que en Europa -y también en Estados Unidos- se renovaran las políticas industriales de los años 50 y 60, perdiendo peso frente a los países emergentes, un peso que no es solo comercial o productivo, sino también tecnológico y político, en la medida en que el comercio, la tecnología y la producción industrial juegan un papel relevante en la geopolítica y la correlación de fuerzas internacionales en todos los tiempos, y, aún más si cabe en el contexto de la nueva fase de la revolución industrial, la revolución de la información.

¿Acaso reconoce la Comisión qué ha ocurrido para que el deterioro general de la industria europea haya preservado a la alemana? Nada de eso: en su propuesta solo se analiza la “recuperación” industrial… respecto a 2009, el año de la mayor depresión económica de toda la historia del capitalismo europeo, periodos bélicos aparte. Lo cierto es que, en ese año, la UE generaba todavía el 25% del valor manufacturero mundial y hoy no llega al 20%.

Llama la atención que ante los nuevos desafíos que afronta la industria, la Comisión no se plantee la necesidad de una reforma del Tratado de Lisboa para poder diseñar una verdadera política industrial europea, puesto que la política industrial forma parte de las competencias propias de los estados, materia en la que la Comisión a lo sumo puede proponer algunas acciones de “acompañamiento”.

Tampoco se cuestiona la Comisión Europea si a lo mejor el mantenimiento de las restricciones a las políticas de inversión pública en la industria, anatemizadas en muchos casos como “ayudas de estado” y la unificación monetaria en la zona euro, se han combinado para provocar la desindustrialización acelerada de la mayor parte de los países de la Eurozona, salvo los señalados anteriormente. Antes al contrario, todo el planteamiento parte de la reafirmación de fe en que evitando conceder a algunas empresas “ventajas económicas”, se logra mejorar la competencia y el comercio entre los estados miembros.

Como la fe no mueve las montañas de la industria, la propuesta se ve obligada a cambiar de principios cuando se trata de evitar que potenciales inversores extranjeros indeseables quieran quedarse con empresas europeas que posean tecnologías estratégicas. En ese caso, la Comisión ve correcto no aplicar las reglas de la libre competencia. Pero ni aun así logra evitar los prejuicios, al afirmar que la vigilancia debe extremarse... en los casos en que las empresas extranjeras sean de propiedad pública.

Una política industrial requiere contar con un diagnóstico sectorial que identifique las necesidades estructurales y las posibilidades de intervención para reforzar o expandir las industrias que se consideren más relevantes. El criterio de prioridad se puede establecer en función de su importancia para el resto de las actividades de producción (importancia de contar con una industria de bienes de capital y bienes de equipo); para la mejora del bienestar de la población (industrias médicas o químico-farmacéuticas) para apoyar a otros sectores productivos (industria agroquímica o de transporte)... También se puede establecer un criterio en función de productos clave en la generación de sinergias y expansión de capacidades o vinculados a nuevas necesidades sociales insatisfechas.

Pero la Comisión solo puede aspirar como mucho a otorgar a las políticas, a todas las políticas, un papel subordinado al mercado. Por eso, el centro de la propuesta se limita a retomar la retahíla de lugares comunes habituales: la formación de los trabajadores en reconversión, financiación de infraestructuras de comunicación, la importancia genérica de mejorar la eficiencia energética y ecológica de la producción industrial, la digitalización de los procesos productivos, la al parecer de la Comisión muy importante desregulación de los servicios profesionales.... incluso cuando hace una propuesta referida a un sector específico, en este caso a la siderurgia, esta se limita al compromiso de evitar el dumping, esto es, que ningún país exporte acero a la UE por debajo de sus costes de producción.

Toda la propuesta incluye una amplia panoplia de supuestas iniciativas institucionales (¿burocráticas?): la Plataforma Europea sobre Iniciativas Nacionales sobre Digitalización, el Programa de Reservas para Nuevos Entrantes (proyectos empresariales), el Fondo de Modernización energética para los países menos desarrollados de la Unión, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Fondo Paneuropeo de Fondos de Capital Riesgo, la Plataforma de Especialización Inteligente… la mayor parte de las cuales, más que nuevas iniciativas, suenan a nuevos nombres más o menos rimbombantes para diversas políticas que viene desarrollando la Unión por medio de su presupuesto desde al menos 2007, y que han cambiado poco en el periodo de programación financiera vigente desde 2014 hasta el 2020. De hecho, la Comisión indica que su aportación específica al plan se limita a los 2.600 millones de euros del plan piloto del Consejo Europeo de Innovación, adscrito al programa europeo de I+D, una iniciativa que no se diferencia demasiado de un fondo de capital riesgo, que se está promoviendo por otros departamentos.

Solo en dos puntos se sale del guion previsible: al proponer una actuación pública para desarrollar baterías de acumulación de energía, es decir apoyar a la industria del automóvil en su inevitable proceso de transición energética hacia el vehículo eléctrico, y en la industria militar, incluida la espacial, para lo cual propone crear un Fondo Europeo de Defensa, para lo que sugiere un horizonte financiero a medio plazo de 5.500 millones de euros, más o menos lo que ha perdido la inversión en I+D militar de los países comunitarios que, excluyendo a Gran Bretaña, invertían unos 7.000 millones de euros en los años previos a la crisis y ahora solo dedican algo más de 2.000 millones a tales menesteres.

En definitiva, si un país o una región comunitaria quiere proteger y desarrollar su actividad industrial, salvo que disponga de una industria militar de cierta envergadura, poco puede esperar de las iniciativas comunitarias. Y tiene que prepararse además para circunvalar la red de obstáculos que la legislación comunitaria establece contra un objetivo semejante.

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