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EH Bildu tilda de “venganza política” la demanda contra los exgestores de GHK

Dice que paralizar la incineradora fue una decisión “legítima y democrática”

Miércoles, 18 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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Donostia- EH Bildu consideró ayer que sus dos cargos públicos que en 2013 decidieron paralizar el primer proyecto de la incineradora de residuos, actuaron de forma “correcta y transparente”, con “total legitimidad democrática” y “respetando la ley”, y su gestión supuso “un ahorro de dinero para Gipuzkoa”.

Las integrantes de la ejecutiva de la coalición abertzale Ainhoa Beola y Rebeka Ubera, así como su portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Olano, expresaron “todo el apoyo político y personal” de la formación al exdiputado foral de Medio Ambiente Iñaki Errazkin y la expresidenta del Consorcio de Residuos Ainhoa Intxaurrandieta.

Contra ellos, la asamblea general de GHK -sociedad instrumental del Consorcio de Residuos que en la anterior legislatura controlaba Bildu y ahora lideran los socios del actual gobierno foral, PNV y PSE-, acordó ayer interponer una demanda “por desvío de poder” ante el Tribunal de Cuentas de España, y exigirles la devolución de casi 41 millones de euros por los daños derivados de su gestión.

El PP ha pedido crear una comisión de investigación en las Juntas Generales sobre la actuación de los exgestores de GHK

Los tres dirigentes de EH Bildu han defendido “la decisión legítima” de parar la construcción de la incineradora que Errazkin e Intxaurrandieta adoptaron en la pasada legislatura, puesto que, según dijeron, era una infraestructura “sobredimensionada” y que iba a ser financiada con unas condiciones “claramente lesivas para los intereses de los guipuzcoanos”. “Cumplieron con el mandato popular, en defensa de los intereses públicos y la salud de los guipuzcoanos”, destacó Beola, a lo que Xabier Olano agregó que “no hicieron nada ocultando datos ni llevándose dinero”, sino “cumpliendo con el programa electoral con el que se presentaron y ganaron” los comicios en 2011.

Beola afirmó que “la paralización de la planta de Zubieta evitó el despilfarro de dinero público”, por lo que detener su construcción apenas iniciada “supuso un ahorro de dinero público”. Calificó, por tanto, de “despropósito” que GHK reclame a Errazkin e Intxaurrandieta casi 41 millones de euros por los daños supuestamente causados y consideró que la demanda “responde a una venganza política y a intereses partidistas puramente electorales”.

La parlamentaria Rebeka Ubera insistió en que EH Bildu gobernó Gipuzkoa la pasada legislatura “con la legitimidad” que le otorgaron las urnas y condenó que “se exijan responsabilidades personales a cargos electos que lo único que hicieron fue cumplir con la palabra dada, bajo el amparo de la ley”. Ubera criticó a PNV y PSE-EE por “elegir la confrontación” y les instó “a la reflexión” y a buscar “el diálogo y el consenso”, respetando las diferencias.

Olano agregó que la demanda a los ex altos cargos de Bildu “roza el cinismo político” ya que “se acude a un órgano administrativo del Estado”, cuando la fiscalización de las cuentas de GHK la había hecho anteriormente el Tribunal vasco de Cuentas y, además, sin esperar a la sentencia que está pendiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Por otra parte, el procurador del PP en las Juntas de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, dijo ayer que “respalda” la demanda de GHK y pidió además la creación de una comisión de investigación sobre su actuación en la cámara foral “porque los guipuzcoanos tiene derecho a saber”. - Efe

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